De los iranies y otros dueños de las tierras venezolanas

Recientemente el régimen anunció la inversión de varios países para producir bienes agrícolas en más de 300 mil hectáreas. Este anuncio fue formulado luego de que el régimen de Irán revelara un acuerdo similar en un millón de hectáreas de tierras de cultivo venezolanas.

Es importante señalar que de acuerdo al artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

Estos actos inconstitucionales cuentan con el antecedente y aval con lo establecido en la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (LOZEE). Aún más antes, con los decretos promulgados al respecto, donde se hace énfasis en la entrega de la soberanía nacional a extranjeros. Es que lo permite la implantación de mecanismos de enclaves económicos, que conducen a un eventual desmembramiento de territorios de la nación al pasarlos al dominio de potencias extranjeras en el desarrollo de maquilas y empresas, donde no se garantizan derechos laborales ni el respeto por el ambiente.

Todo lo cual afianza el papel de Venezuela como nación exportadora de materia prima. Lo que se expresa en la afirmación de Maduro en agosto de 2022 de que “Buena parte de la producción vaya a sus países, la vendamos y eso ingrese platica al país y otra parte de la producción venga al mercado nacional”. De tal manera que, ante la crisis de alimentación que se ha originado en el mundo por la guerra en Ucrania, inversionistas de Brasil, Argentina, Uruguay, Emiratos Árabe Unidos, Catar producirían en el país rubros para la exportación. Cuestión que se inscribe en una División Internacional del Trabajo (DIT) que le asigna a Venezuela el papel de exportadora de materia prima y alimentos primarios.

Las consecuencias de la Ley de Tierra de 2001

La aprobación de esta ley trajo como consecuencia la expropiación de más de 5 millones de hectáreas desde el año 2005. Así, en vez de ser tierras para producir alimentos para todos los venezolanos, esas tierras solo producen lástima. Correspondiente con la afirmación de Aquiles Hopkins para esa época Presidente de la Federación del Agro (FEDEAGRO), esta política llevó a destruir hatos y haciendas productivas, como el Fundo San Luis en Calabozo, donde al final no quedaron animales para la reproducción y el consumo de carnes. Otra tierra expropiada fue la emblemática Hacienda Bolívar en Santa Bárbara del Zulia, donde se desarrollaba el ganado de doble propósito: Santa Gertrudis, origen del famoso churrasco Santa Bárbara. De igual manera, se realizaron destrucciones similares en los Valles de Aragua y en los Valles del Turbio, acabando con la producción de caña de azúcar.

Esta Ley de Tierras fue modificada en 2010, agregando un artículo donde establece que una persona debe presentar la cadena titulativa desde el desprendimiento de la Corona Española, para demostrar la propiedad privada, un requerimiento imposible de conseguir. De manera que la lucha contra el latifundio tuvo un efecto devastador porque en la práctica se convirtió en un elemento para la destrucción de la producción nativa y favorecer la importación de alimentos. No hay que olvidar que el régimen, en ese contexto, se incorporó al MERCOSUR y se realizaron un conjunto de importaciones de ganado, carnes, pollos, granos, cereales, sin que el país tuviera ninguna capacidad competitiva para exportar ningún rubro, salvo la exportación de petróleo, en una visión neoliberal de la economía por parte del régimen.

La producción agrícola viene recuperándose en el país pese al régimen

Desde los sectores de la producción de alimentos primarios, agrícola y ganadero se evidencia una cierta recuperación en algunos rubros que se estima hasta un 20%, posterior a una caída del Producto Interno Bruto en esa área en un 80%. De acuerdo a los gremios que los agrupan, esta recuperación se debe en parte a la dolarización de facto, los mecanismos de suspensión de controles sobre las divisas, así como el libre acceso la importación de insumos, que se han dado fundamentalmente para dar la sensación de recuperación del país y de favorecer a los sectores vinculados con el régimen. Además de la reducción de la hiperinflación, lo que ha llevado a sectores a calificar como burbuja esta recuperación favorecida por la aparición de bodegones, libre importación de productos sin el pago de aranceles.

Sin embargo, de acuerdo a FEDEAGRO, ha ocurrido un crecimiento de 20% en la superficie de siembra de producción privada, a pesar de no contar con crédito bancario, además que ante la quiebra de AGROPATRIA, el régimen ha permitido la importación de insumos y semillas de calidad, lo que ha permitido este rebote en la producción agrícola.

Es así como Venezuela fue en 2021 el quinto destino más grande de exportaciones agrícolas de Estados Unidos en América del Sur con un volumen de 634, 1 millones de dólares con un incremento de 44,8% con respecto al 2020.

Para Carlos Fantinel, actual presidente de FEDEAGRO, el país cuenta con 30 millones de hectáreas con vocación agrícola, forestal y pecuaria. Suficiente espacio para convertir la agricultura en un factor importante en la producción a escala nacional, para satisfacer el mercado interno y para exportar. Sería posible abastecer a 180 millones de personas. Pero sería preciso contar con el crédito, y el desarrollo tecnológico, maquinaria y equipos, toda vez que muchos agricultores han tenido que volver a métodos rudimentarios para mantener la producción, a lo que hay que sumar los problemas de la falta de gasolina y los problemas de electricidad.

Uno de los aspectos de la contratendencia a la recuperación lo constituye la subida del dólar y con ello el encarecimiento del crédito y de las importaciones de insumos, materias primas y fletes navieros. A eso se suman los bajos salarios que devengan los venezolanos que no les permiten contar con capacidad de consumo para comprar alimentos en cantidad y en calidad.

El otro factor es la profunda corrupción y el cobro de vacunas para el traslado de los productos desde las zonas productoras hasta los centros de distribución que encarecen hasta 5 veces los productos. Es que las alcabalas donde son detenidos para matraquear a los productores, retardan su trayecto hacia los sitios de destinos, por lo que muchos rubros se dañan hasta en un 30%.

La entrega de tierras a Iranies y demás países afianza el modelo neoliberal

Es evidente que la concepción neoliberal de un mercado hacia afuera, es lo que motiva esta política de entrega de tierras a estos países, teniendo de esa manera el régimen una vocación importadora, con lo cual necesita mantener un dólar barato, quemando millones de dólares para evitar su subida.

De allí la coherencia en relación con la ley antibloqueo y la LOZEE, la cual se ha venido dando en secreto. Es así que el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, informó que se han entregado 12 millones 691 mil 300 hectáreas de tierras para la producción, mientras se establece un criterio  de control social sobre las tierras, con mecanismos autoritarios como  la creación de la Comisión Nacional de Tierras (CNT), “para que se le dé un reimpulso necesario a la redemocratización de las tierras con vocación agrícola, pero con proyecto”,  que sin atención crediticia ni tecnológica quedaran como zonas abandonadas sin ninguna producción.

Ante esta situación, es claro que la salida para lograr el desarrollo y el rescate de la soberanía alimentaria pasa por un cambio de rumbo. Lo que supone el desarrollo de una economía productiva, respetando las distintas formas de propiedad, brindando las mejores condiciones para la producción. Se debe armonizar la producción en el campo y la industria. Fundamental es el abaratamiento del crédito y la inversión productiva con sentido nacional. De tal manera que la importación quede sólo para traer al país medios de producción. Mientras, las importaciones de bienes no esenciales queden limitadas hasta que se alcance un desarrollo agroindustrial y se cuente con una economía competitiva, producto del desarrollo diversificado y de una producción que compita en calidad y precios.