El pasado 29 de junio del presente año, en un paso más de la política neoliberal la cuestionada Asamblea Nacional aprobó esta ley. A pesar de la declaración de Jesús Faria,  presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, de que no afectaran los derechos de los trabajadores, la realidad es que esta política de zonas económicas especiales, impuesta desde 2014, se ha caracterizado por la violación de los derechos laborales, ambientales y de los pueblos indígenas.

La Revolución Bolivariana con una narrativa que enarbola el ecosocialismo y la inclusión social,  pretende ocultar la naturaleza neoliberal de esta política, desde la promulgación del Decreto Ley 1425 que lo hace posible (Noviembre 2014). En este sentido, se han establecido un conjunto de experiencias de este tipo y con ella surgen las inconsistencias y contradicciones de todo tipo, que violentan la Constitución Nacional y atentan contra los derechos establecidos en ella.

Antecedentes de esta ley orgánica

El régimen decretó la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Decreto Nº 1425, según la GOE 6151- promulgada el 18 noviembre de 2014. Esta ley establece tres modalidades de organización, las Zonas Económicas Especiales, la Zona Económica Especial Fronteriza y la otra la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional (ZEDN) en su artículo 3. Aparte de su intencionalidad económica, es un paso adelante en la tendencia de eliminar la vigencia de la democracia y los derechos y garantías que deben acompañarla y aun vigentes en todo el territorio de la nación.

Con base en la mencionada ley, el Poder Ejecutivo Nacional creo mediante decretos una serie de Zonas Económicas Especiales (ZEE) ubicadas en: Paraguaná estado Falcón, Palavecino estado Lara, Puerto Cabello – Morón estado Carabobo, San Antonio-Ureña estado Táchira, Tinaquillo, estado Cojedes, ubicadas en la escala sub-regional; así como la zona de desarrollo estratégico Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), con la mayor reserva certificada de hidrocarburos extra pesado del mundo, abierta a la participación de empresas privadas, en especial de China para extraer y procesar crudo

En este contexto, se considera a la ZEE más polémica al Arco Minero del Orinoco (AMO), la cual tiene una nominación diferente, como Zona Estratégica de Desarrollo Nacional (ZEDN), ubicada en la categoría regional. Todas ellas responden a las características generales propias de este tipo de instituciones en otras partes del mundo, a no ser por la palabrería pseudo izquierdista. En ella las empresas chinas y de otros países aliados al régimen, gozan de una patente de “libre destrucción ambiental”, en la extracción masiva de minerales a través de método altamente nocivo del medio ambiente amazónico, afectando a una de reservas de agua dulce del continente y un pulmón especial para la vida en Suramérica.

A pesar de la declaración de la espuria AN de haber consultado a todos los sectores sobre la implantación de las ZEE, la realidad es que el Estado no ha puesto en funcionamiento ninguno de los mecanismos de participación y consulta, como los establecidos en la Constitución, para conocer el real parecer de las comunidades indígenas a objeto de proceder posteriormente a las políticas de ordenación del territorio.

Como lo explica el informe de la CIDH del 2016, tampoco se dio la suficiente información a la población indígena de las zonas afectadas. Por lo antes dicho, es indudable que este proyecto incumple el artículo 41 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) violentando la la Carta Magna, en su Capítulo VII,  que busca proteger estos pueblos y su hábitat, a través del artículo 120 de la Constitución que establece: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley”

De  igual manera vulnera la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI. 2005) en sus artículos  11 y 12 (…), que también exige que se consulte previamente a los pueblos indígenas que habitan dicho territorio, considerando que esta consulta debe ser oportuna y que no presente alguna circunstancia que   pueda   alterar   el  consentimiento  libre  y  voluntario  de  los   afectado.

¿Qué agrega la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales? (LOZEE)

Tal como lo señala del doctor y economista Carlos Hermoso, la nueva Ley amplía los mecanismos neoliberales para buscar la inversión y la entrega de la soberanía del Estado a pesar que anuncie lo contrario, esto en consideración a la división internacional del trabajo (DIT), en especial dada la circunstancia del guerra entre Rusia y Ucrania, que demanda la garantía de petróleo en particular en Europa, lo cual requiere de inversión y de garantías de acumulación de su capital. De igual manera, la perspectiva que marca la realización de las leyes en torno de la cuota media de la ganancia (G’), con sus tendencias y contratendencias, enrumba a los inversionistas hacia determinados países y en torno de áreas específicas. En el caso venezolano, tal como se señala anteriormente, en minería y petróleo. De aparecer alguna inversión en áreas distintas a las establecidas, se realizaría en sectores subalternos como las maquilas, algo en pesca y agroindustria, aunque esta ley plantea el desarrollo de parques industriales circunscritas a sectores económicos como el agropecuario, industrial, aeronáutico, energético, financiero y tecnológico.

A la vez estas zonas ofrecerán «incentivos fiscales y aduaneros» -como el reintegro tributario de importación- de los que se podrán beneficiar «las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas y comunales nacionales o extranjeras» que operen en ellas, según el articulado. Aunque las principales inversiones se canalizan hacia el afianzamiento del carácter extractivista de nuestra economía, en correspondencia con el papel que le toca jugar a Venezuela en este contexto

Una ley símil de las ZEE China que profundiza el neoliberalismo

Con  un discurso socialista pero capitalista en la práctica, los chavistas han producido un andamiaje legal absolutamente liberal que profundiza la entrega del país y su inserción en la División Internacional del Trabajo (DIT).

Dos cuestiones le dan sentido al liberalismo genéricamente hablando: primero, crear condiciones para el crédito público y, segundo, abrir el mercado a los capitales extranjeros. En definitiva, se trata de crear condiciones para el ingreso de inversiones directas e indirectas, acompañadas, claro está, de la penetración de capitales y mercancías más competitivas, precisamente de los países acreedores e inversores. Lo que, a su vez, afianza la dependencia, sobre todo de China.

Con el carácter orgánico que le brindan a esta ley, buscan consolidar el camino de la entrega. La senda antinacional. La sobreexplotación de los obreros. La destrucción del ambiente. Todo para afianzarse en el poder y servir al interés del bloque imperialista que lidera China.

De manera que se abre otro frente de lucha para enfrentar las condiciones de sobreexplotación de los trabajadores en estas zonas económicas especiales, que como su nombre lo indica son especiales en la no aplicación de la Constitución y las leyes nacionales.

Publicado en El Pepazo

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