Derechos humanos versus los intereses del Estado

Hablamos y hablamos de derechos humanos, se proclaman tratados internacionales, pactos y convenciones en los cuales los países se comprometen a cumplirlos. Los gobiernos de turno los firman y ratifican otorgándoles valor constitucional. Es decir, se obligan a cumplirlos e informar cada año a los organismos correspondientes con estadísticas e informes del fiel cumplimiento de los mismos.

Entonces debemos preguntarnos ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se cumplen?

La respuesta es que los intereses de los Estados que los violan, son distintos a los intereses de las personas a quienes se han comprometido a resguardar. ¿Cómo sucede esto? Si escudriñamos un poco en la economía que se desarrolla en esos países, podremos darnos cuenta donde está “la madre del cordero” como dicen en Chile.

Un amigo me dijo hace unos días que los DDHH no se cumplen debido a la Ley del Valor. Me quedé reflexionando y acudí donde otro amigo, economista también, me explicó de forma sencilla la famosa Ley del valor: “El valor y por tanto la proporción de valor está determinada por las cantidades de trabajo-tiempo humano que se requiere para producir las mercancías”.

Marx dijo “Respecto del concepto de valor recientemente expresado, el salario del trabajador solamente representa la parte necesaria a su propia sobrevivencia, y lo que resta constituye la plusvalía”.  Al bajar el precio de la fuerza de trabajo, aumenta la ganancia del empresario.

Fue entonces cuando me di cuenta que existe una pugna entre las potencias imperialista a fin de hacerse con nuevos territorios ricos en materias primas, abundantes y baratas, como minerales raros que hoy son altamente cotizados. Luchan por apropiarse cual marabuntas de las materias primas. La consigna parece ser: “Acabar con los minerales raros de los otros y guardo los míos”. Por otro lado, existen países como el nuestro que desean que dichas potencias inviertan en sus territorios.

Un país que quiere ser competitivo a nivel internacional, bajara los salarios de los trabajadores a nivel de hambre donde escasamente se logre la subsistencia. De este modo será más atractivo a los países imperialistas que buscan territorios con bajo desarrollo de las industrias y solamente se dediquen a la extracción de minerales o petróleo.

Con ese objetivo quieren presentarse con las ventajas comparativas más beneficiosas para las marabuntas”, digo, potencias imperialistas. ¿Cómo pueden hacer esto? Lo más factible para ello es presentar un plan donde los “inversores” se sientan seguros de obtener grandes ganancias. Se decretan Zonas Económicas Especiales (ZEE) donde, leyes laborales y otros derechos proclamados en la Constitución Nacional, no serán válidas en esos espacios territoriales. Es decir, la fuerza de trabajo arrendada, el salario, se baja al mínimo posible, solo para asegurar la sobrevivencia.

De esta forma, el régimen prefiere eliminar los derechos adquiridos por la clase trabajadora a través del marco jurídico vigente, que defender al país de la depredación de las marabuntas. Pero no se queda solo con deteriorar la calidad de vida de las familias venezolanas. El “Presidente Obrero” o “Súper Bigote”, como se hace llamar, se asegura bien de que los salarios sean rebajados en todo el estamento público y ordena implementar el instructivo ONAPRE.

Las protestas no se hacen esperar y las luchas de los trabajadores se articulan y como guinda de la torta, logra lo que nadie hubiese pensado: Los trabajadores chavistas se unen a las protestas, saliendo a las calles a exigir la restitución de salarios y demás derechos conculcados. Se empequeñece más aun el piso social del régimen. Se debilita y debe presentarse fuerte ante sus futuros aliados depredadores.

El régimen reacciona y ordena encarcelar a dirigentes revolucionarios que vienen agitando con respecto a la defensa de sus derechos. Para dar una demostración de fuerza los acusa de terrorismo y asociación para delinquir. Claramente todo lo que asusta al régimen, lo aterroriza, ordena al tribunal especial inconstitucional que crearon, hacerse cargo de secuestrar a los “revoltosos”.

Veamos que dice la Carta Magna al respecto:

Artículo 52. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.

Artículo 53. Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley.

Muy interesante, las actividades de los luchadores secuestrados por el régimen de acuerdo a la Constitución Nacional no son delito Más aun, el estado debería apoyarlos a cumplir ese derecho.

«Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa».

«Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones».

Vamos al Pacto Interamericano de DDHH, también conocido como Pacto de San José, firmado y ratificado por Venezuela, es decir tiene rango constitucional

Artículo 16. Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

¡Vaya, según se puede observar, quien comete delito de terrorismo de Estado es el régimen, no los luchadores secuestrados por el régimen!

Seguimos escudriñando en este Pacto de San José y leemos:

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

Así dice también la Carta Magna en relación a los derechos reclamados por los secuestrados

Artículo 91.- El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.

Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.

Queda claro entonces, quien comete delito y debería ser sancionado por ejercer terrorismo de Estado, es el régimen. Ser sancionado por entregar el territorio nacional a los apetitos insaciables de los países imperialistas. Sancionado por antipatriota, por violador de la Constitución Nacional, por no cumplir con su deber de garante de los derechos humanos que prometió resguardar.

Expone a la clase trabajadora a vivir en condiciones indignas con salarios de sobrevivencia, apresando a los trabajadores que defienden los derechos que les pertenecen, a través de los sindicatos y de partidos políticos, tal como lo determina la Carta Magna. Viola este régimen en forma flagrante los derechos humanos, para ofrecer las mejores ventajas comparativas a los países imperialista que desean apoderarse de nuestro territorio y riquezas. Presentar y asegurar a esas marabuntas imperialistas las mejores condiciones, sin trabajadores que protesten y reclamen sus derechos conculcados.

En otras palabras, el paraíso de las marabuntas, hambrientas de nuestras riquezas y de la fuerza de trabajo de los venezolanos. Minerales a precio de gallinas flacas y salarios de hambre.

¿Quién podrá poner fin a esta aberración? ¿Será una oposición que sueña con sacar a Maduro, pero conservando el régimen sin tocarlo? Una solución gatopardiana, cambiar todo sin cambiar nada.

Solo la clase trabajadora con unidad y perseverancia. Con claridad en los elementos que determinan el quehacer del régimen. Entendiendo que jamás este régimen, u otro parecido, que se someta ante las necesidades de los imperialistas defenderán los derechos humanos. Existe una contradicción irreconciliable entre esos derechos que les pertenecen al pueblo, por haberlos ganado en luchas de años, y los intereses que tienen Estados sumisos, antipatriotas. Por esta razón no podemos creer en Derechos Humanos impolutos, limpios, inmaculados, absolutamente divorciados de las luchas de clases.

¡SOLO LA CLASE TRABAJADORA PUEDE CAMBIAR ESTA SITUACION CON FIRMEZA, UNIDAD Y MAS UNIDAD!

¡A LUCHAR POR DEMOCRACIA, PROGRESO, SOBERANÍA Y BIENESTAR!