Presupuesto universitario, el salario, la riqueza y su distribución

En los debates acerca de esos asuntos, se vienen vertiendo cuestiones erróneas —aunque atractivas, por ser del “sentido común”— que terminan por alejar a quienes las asumen de los intereses de los trabajadores. Pelean por salarios desde parámetros que nada tienen que ver con su definición científica. Ni siquiera desde una óptica reformista. No logran ver que los recursos para el pago de salarios se sacan de la producción y de una redistribución de la riqueza.

En los prolegómenos de las elecciones de autoridades y decanos de la Universidad Central de Venezuela, es poco lo que se presenta como propuesta. Entretanto, prende cada vez más la idea de que quien se siente en la silla de Vargas deberá negociar con la dictadura. Y además tendrá que adelantar una política para obtener recursos propios suficientes para resolver problemas de la universidad —dado el cerco presupuestario y las limitaciones del Ejecutivo— y, más en general, del país.

Ambas cuestiones encuentran su respuesta en la manera como se distribuye la riqueza. Se parte de las mismas consideraciones para atender estos asuntos. En ambos casos se establece como premisa que no hay dinero. Cuando se trata de incrementar este tipo de gastos —de salario y de presupuesto universitario—, se argumenta también que eso generará inflación.

Las universidades y el cerco presupuestario

En el caso de las universidades, así como de la salud y otros servicios, la cuestión resulta sencilla, toda vez que se trata del presupuesto del Estado. La manera como se distribuye el presupuesto de ingresos es un asunto un tanto discrecional. Más en un gobierno de gente de pocos escrúpulos como el actual.

Si una buena parte del presupuesto se canalizara hacia el presupuesto universitario, en vez de destinarla al pago de una deuda nada transparente, interna y externa, el asunto se solventaría en gran medida. Reducir el presupuesto de Defensa y del Interior y destinarlo a las universidades nos aproximaría a la cobertura de la demanda presupuestaria de la universidad venezolana. Además, si para obtener recursos se pecha en algo la realización de plusvalía empresarial y de quienes se hacen de rentas de la usura, de la renta de suelo —y esto permite más recursos para el ingreso del Estado—, no solamente se cubren estas demandas, sino que no se alimentaría la espiral inflacionaria.

En general, habría que adelantar una política económica basada en la creación de condiciones para la concentración de capitales. Esto es, canalizar el ahorro social hacia la inversión productiva. Tasas de interés bajas. Fomento de la industria y la agricultura. Limitar las importaciones a medios de producción indispensables para el aparato productivo y mercancías fundamentales para la salud no producidas en el país. Sustitución de importaciones, en definitiva.

Una política fiscal basada en la producción permitiría aumentar la recaudación vía impuesto sobre la renta. Reducción al mínimo del IVA y, en general, de la presión tributaria, que no sea la que pecha a artículos suntuarios. Todo lo cual exige la salida de la dictadura y la instauración un gobierno con sentido nacional y popular.

Es fácil concluir que, durante 2022, buena parte de los ingresos se usó para conservar barato el dólar frente a una inflación creciente. Esto ha favorecido a los importadores de baratijas que traen de China, principalmente, detrás de lo cual están los chavistas y sus socios y testaferros. Todo esto frena las posibilidades de crecimiento y desarrollo. Se eliminan las condiciones para crear más riquezas que sirvan para atender las demandas nacionales y sociales.

No se resolverán los problemas de la universidad con base en ideas privatizadoras. Eso no se debe ni asomar. No es de extrañar que el chavismo tome esas ideas como principios para lanzar una ofensiva, como en otros espacios en que no solamente se ha privatizado sino también internacionalizado, como es el caso de Pdvsa.

Más que nunca se debe luchar en defensa de la autonomía universitaria, entendida como espacio para la búsqueda de la verdad en todas las formas de expresión de la materia, de lo cual no escapa la sociedad y, más específicamente, la realidad venezolana. Que sea un centro que permita la libertad de expresión de las ideas que, en confrontación, buscan alcanzar la forma de conciencia más elevada. Donde la crítica es el arma para la transformación y expresa la conciencia más avanzada de la sociedad. Partimos de suponer que, desde la universidad, se puede levantar un proyecto de desarrollo nacional, soberano y popular, que permita la liberación de las fuerzas productivas hoy represadas por el chavismo.

No se debe descuidar en ningún momento que la universidad debe seguir siendo pública y gratuita y que el Estado está en la obligación de financiarla, para que se realice su misión de ser casa del saber científico y para el cultivo de lo más elevado y avanzado de la cultura universal y nacional.

Salario

En el caso de los salarios se dice que no hay con qué producir los aumentos, del salario mínimo y de los trabajadores públicos, en virtud de que ello crearía inflación. O que los recursos no alcanzan, dada la crisis producto del “bloqueo del imperialismo estadounidense”. De allí la merma de los ingresos petroleros.

Hay economistas opositores que ubican que ciertamente el gobierno no cuenta con los recursos. Otros indican que sí los hay. Sacan cuentas de los ingresos en petróleo, oro y de más exportaciones y los ingresos que deparan para la República.

No es necesario sacar cuentas. No hace falta ubicar que sí hay ingresos. Eso sirve para graficar que en realidad sobra dinero. Sucede en casi cualquier economía del planeta: sí hay para más salarios. Más en Venezuela. Con todo y el desastre creado por el chavismo.

Hay que establecer que la crisis no conduce a que no se produzca más riqueza. Ha mermado, pero se sigue produciendo. Ha mermado la producción petrolera. Pero se produce oro, diamantes y otros minerales preciosos y algunas de las más importantes materias primas de los procesos fundamentales de la industria pesada. De la producción de oro, diamantes y rodio, no hay información oficial. Es un asunto que el chavismo presenta como secreto de Estado. Pero algo de ingresos debe haber más allá de lo que se roban.

Más allá de eso, hay cuestiones elementales de la producción capitalista que nos indican que sí hay cómo aumentar el salario de los trabajadores productivos. Esto es, de los que producen riquezas y servicios para los empresarios. Es que se trata de la clase obrera más explotada de América Latina y de las primeras del mundo entero. Bien pueden los capitalistas al menos cumplir con lo contemplado por la Organización Internacional del Trabajo para la determinación del salario. Pero el afán de lucro de los dueños de medios parece no colocarlos siquiera en las condiciones de la esclavitud antigua, cuando el esclavista le aseguraba los medios de vida suficientes a ese medio de producción parlante en que era convertido el esclavo.

El despotismo capitalista en Venezuela ha creado estas condiciones, sobre todo con la eliminación de las prestaciones sociales y la bonificación con que los capitalistas pagan a los obreros. Con todo, es mucho más lo que reciben los obreros en la empresa privada en relación con lo que perciben los empleados públicos. Con tan elevada tasa de plusvalía, bien pueden los capitalistas aumentar el salario a condiciones dignas. Con ello, se incrementaría la capacidad de consumo social y de allí la ventaja de ampliar el mercado para, a su vez, acrecentar la oferta.

Parece existir una confabulación entre la dictadura y los empresarios para mantener por debajo de las condiciones mínimas de reproducción el salario de los obreros. En eso han sido consecuentes. Buscan, la dictadura y los empresarios, mantener esa ventaja comparativa tan cara para el capital.

En relación con los empleados públicos, la cuestión es relativamente más sencilla. Se trata de los trabajadores improductivos, los que no producen plusvalía, pero ponen en funcionamiento el andamiaje estatal, que contempla todos los servicios públicos como educación y salud, cuyo salario debe aproximarse a los que producen plusvalía. Su salario proviene del presupuesto del Estado.

Hay que tener presente que el presupuesto de ingresos del Estado es el resultado de los aportes de quienes producen la riqueza, esto es, del hombre trabajador. Los obreros de la fábrica, los que extraen minerales del suelo, del subsuelo, que producen servicios privados, entre otros, producen plusvalía. Una parte de ella va a parar al Estado en forma de impuesto sobre la renta. El IVA, buena parte proveniente de los trabajadores, de todos los trabajadores, también va a parar a manos del Estado. La presión tributaria se suma. Es la que pagamos todos por timbres fiscales, licores y cigarrillos, entre otros. Pero todos esos recursos, en última instancia, provienen del trabajo obrero. El salario de quienes laboran en la administración pública sale de la plusvalía.

En el presupuesto de gastos se establecen las prioridades. Para la dictadura, el pago de deuda, externa e interna, es la primera prioridad. Le siguen Defensa e Interior. De allí que se trata de una puja, una lucha, la que deben librar los trabajadores todos para que la riqueza se reparta con base en las necesidades sociales y nacionales. Para eso hay que librar la batalla.

Aquel principio según el cual al capitalista no se le pueden colocar barreras para la explotación obrera —pues se ahuyentaría la inversión—, se ve desmentido por siglos de luchas entre el capital y el trabajo. Con todo, siempre el capitalista se ha mantenido, ya que de allí obtiene su ganancia a costa del sudor obrero. El otro principio de las clases dominantes es que la deuda hay que honrarla a costa del sudor obrero, cuestión que se ve desmentida por siglos en los cuales la deuda pública es mejor negocio ya que se socializa su pago, independientemente de que la hayan usado para otros fines o se la hayan robado, como en efecto sucedió con buena parte de ella.

El porvenir

Estas son circunstancias que deberán atender quienes buscan asumir la vanguardia de los trabajadores y, por otro lado, ser autoridades universitarias.

Han de enfrentar una dictadura que ha logrado lo que la oligarquía no alcanzó con los gobiernos anteriores. Hasta producir una Constitución liberal, como se expresa en el artículo 301. Aunque llena de promesas. Derechos que son conculcados dada la dinámica del capital y de un Estado semicolonial y dependiente, que es afianzada por la Constitución y las leyes. Es lo que conduce a la sociedad a un despiadado proceso de centralización de los capitales que han convertido a Venezuela en el país más desigual del planeta, como lo reseña la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Ya los trabajadores públicos no tienen para trasladarse a sus centros de trabajo. No es el paro que van a decretar. Es que no tienen para el pasaje. Nuevamente vamos camino a la eliminación de los sueldos y salarios de la administración pública. Los policías y guardias nacionales incrementarán la matraca para hacerse de ingresos que les permitan vivir en mejores condiciones. Los funcionarios públicos de taquilla harán lo propio. Pero la gente que vive de su salario, que no se pervierte, no podrá cumplir con sus funciones. Los docentes, a todo nivel, no podrán atender a los alumnos. En los hospitales ya la cosa se hace de emergencia.

Sin embargo, los dirigentes gremiales que representan a obreros y trabajadores públicos, en el tal diálogo tripartito, no tienen mucho que ver con la pelea en desarrollo. Poco saben de la unidad que se está fraguando. Sin excluir a nadie, sin crear barreras que impidan la más amplia unidad, los sectores más avanzados —los que no vacilaron a la hora de desplegar las fuerzas trabajadoras al campo de batalla— deben incidir en el terreno de la negociación, por muy escabroso que sea ese escenario. Ya se asomó lo de un salario de emergencia. No es de descartar que el gobierno y los empresarios les tomen la palabra para correr la arruga, o dejar anclado el salario a ese monto, quién sabe hasta cuándo. Ideas que surgen sin consultar a las bases de los trabajadores ni a quienes dirigen la pelea.

Otro asunto es la urgente necesidad de combinar las formas de lucha que se correspondan con el momento. Ya lo vienen haciendo. Seguro que la creatividad y el análisis del nivel de disposición de la gente a asumirlas, permitirán marcar un ritmo en ascenso hasta alcanzar los logros planteados. Todo, dentro de una estrategia cuyo objetivo es obtener un salario que exprese una nueva distribución de la riqueza, que arranque algo de plusvalía a los capitalistas, de renta a la usura bancaria, de renta a los que se benefician de la propiedad del suelo y que fuerce a modificar el presupuesto de gastos de la dictadura en favor de las cuestiones sociales…

Los universitarios se enfrentan a un desafío luego de más de una década en que se cancelaron los procesos electorales para implantar un nuevo criterio acerca de la definición de comunidad universitaria, aprovechando la cosa para avanzar en su estrategia intervencionista. De ese proceso debe salir algo más avanzado de lo que hay. La universidad debe asumir el protagonismo que le corresponde con el saber científico y la crítica a lo establecido, marcando rumbos hacia un estadio de mayor desarrollo nacional.

Los trabajadores deben afianzar la estrategia de hacer valer el artículo 91 constitucional, unido al impulso de la consigna: por escala móvil de salarios. Inscrito todo en un nuevo reparto de la riqueza. Menos para los dueños del capital, la usura bancaria y los grandes comerciantes. Menos para gastos militares y de seguridad del Estado. Menos para pago de deuda. Más para salarios y universidades.

Allí se resume la política para el momento. Sirve para agitar en torno de los intereses genuinos de los trabajadores y a su vez permite educar a la clase. Le brinda mayores perspectivas estratégicas que apuntan a hacer valer la perspectiva de que el fin del trabajo asalariado, de la esclavitud capitalista, es una necesidad y una posibilidad histórica.