¿Emergencia salarial o «salario de emergencia»?

El hambre provoca revueltas, arrecheras, resentimientos… pero no produce cambios con sentido de avance histórico. Se requiere la lucidez de una avanzada que ubique la situación en el decurso de un proceso que, de manera ininterrumpida, vaya conquistando progresos sostenibles. Guiar nuestras acciones llevados por odios o revanchas significa no gastar un poco de nuestros sesos en esculcar las razones que producen las crisis o las tragedias. Quizá la misma hambre, por el apremio que lleva consigo, es el mayor obstáculo para comprender las raíces del drama que se sufre.

Sin embargo, las penurias que ha vivido nuestro pueblo —especialmente en la última década madurista, siguiendo a pie juntillas el “legado” chavista, pero con un mayor grado de beneficio para los capitales, un aumento de la corrupción y una disminución sustancial de los ingresos fiscales— en cierta forma explican mas no justifican el que se actúe en forma compulsiva y espontánea frente a la agresión continuada contra las más elementales condiciones de vida y de trabajo.

Es de suponer que las organizaciones, como colectivos que profundizan los conocimientos de los asuntos para los cuales son construidos, debieran mostrar en sus actuaciones, y transmitirla a todos sus afiliados o adherentes, una compresión del fondo, las razones, las interrelaciones y las probables derivaciones de las acciones que se lleven adelante. Y, por supuesto, ser representantes dignos de los intereses comunes de quienes agrupan.

Raro e incomprensible sería ver un sindicato defendiendo cuotas altas de ganancia para el capital, o a un patrono dejar el pellejo para que “sus” obreros vivan lo mejor posible. Incluso, el trabajo decente que conceptúa la OIT y el artículo 91 de nuestra Constitución son elementos básicos para garantizar el sistema de relaciones capitalistas basadas en la explotación del trabajo asalariado.

Cuando hay circunstancias en que no se cumplen esas mínimas condiciones —mejor ejemplo que la Venezuela actual es difícil de conseguir—, entonces no solo se provocan conflictos sociales que pueden adquirir dimensiones superiores hacia un cambio político y hasta del régimen imperante, sino que también se pone en peligro la continuidad del capitalismo como base de las relaciones sociales de producción.

Desde 2014 Venezuela se estremece en la búsqueda de un camino hacia la libertad, de una salida al drama que fue catalogado por organismos internacionales como “emergencia humanitaria compleja”, por los diversos ámbitos de la vida social que abarca: salud, alimentación educación, servicios, empleo, salarios, seguridad social… El éxodo de más de 7 millones de compatriotas, en su mayoría en edades de plena vitalidad y capacidad profesional, es un ejemplo imposible de evadir, así como tampoco la imagen de familias enteras comiendo de la basura.

Las abiertas violaciones al estado de Derecho y a la Constitución se han combinado —en una mezcla de exterminio, muerte y languidez que pone en entredicho hasta nuestra condición de República— con políticas económicas que destruyeron nuestras capacidades productivas, llevando la ruina a la industria y la agricultura que hubieran podido cubrir con sus bienes y servicios la demanda interna, al menos. Se ha privilegiado la importación en favor de los nuevos amos, sometiéndonos a una dependencia de centros imperialistas que socaban la ya deteriorada soberanía de nuestro país.

Los sectores más afectados de toda esta debacle han sido los trabajadores. Salarios miserables, seguridad social desaparecida, prestaciones sociales inexistentes, total desregulación y flexibilización de las relaciones obrero-patronales, incumplimiento de lo establecido en la Constitución, leyes, convenios internacionales y contratos colectivos. El patrono-Estado —con la vocería del gobierno déspota y dictatorial— lleva la voz cantante y el empresario privado le hace el coro a viva voz, aunque trata de esconder, cual prostituta de alta alcurnia y bella vestimenta, sus altísimas y groseras ganancias con propuestas engañosas como esa que han recientemente sacado: “salario de emergencia”.

Ese concepto me trae a la mente otro que inventaron los revisionistas de la Europa oriental y que el régimen chavista trató de imponer acá: “salario social”, para seguir engatusando con el falso discurso de “socialismo del siglo XXI”. Ese salario social se refería a la inclusión, entre los ingresos del trabajador, de la alícuota que le correspondía por las obras del Estado que mejoraban la vialidad, la escuela pública, la atención hospitalaria, los parques públicos, el ornato urbano, etc. Con ese mismo engaño quisieron estafar a los empleados públicos con la extensión de la jornada, por la vía del “trabajo voluntario”.

El “salario de emergencia” no tiene nada de salario, pues solo sería el aumento del ingreso vía bonos sin incidencia en ninguna otra cosa. El empresario Jorge Roig, representante de Fedecámaras ante el Consejo de Administración de la OIT, lo deja muy claro y pide que se derogue de facto y durante dos años, por lo menos, el artículo 92 constitucional. Sería concederle un plácet al régimen de Maduro para que continúe con la misma política salarial. Y, por extensión lógica, tampoco en los contratos colectivos —sobre todo en los que están en liza: educadores, salud, empresas básicas, empleados públicos, construcción—se verían avances en materia salarial propiamente.

El movimiento sindical no debería negarse a alguna negociación seria con el régimen patronal, sin olvidarse que durante varios años —10 meses desde que comenzó el tinglado del foro de diálogo social— ha estado burlándose de la sanción que le aplicó la Comisión de Encuesta de la OIT, desde 2019. Maduro juega con los procedimientos, queriendo cubrir con meras poses mediáticas su posición de fondo de no convalidar, ni creer, ni aceptar las sentencias de los organismos multilaterales de observación de derechos humanos y derechos laborales, en particular.

Solo la presión de una lucha denodada de la más amplia cantidad de trabajadores —bajo una coordinación nacional que unifique al máximo el despliegue de los esfuerzos y concentre el poder de convocatoria—, podrá doblegar la contumacia e intolerancia de la administración de Maduro y su camarilla. La diversificación de las formas de acción y de protesta, la creatividad en la denuncia, la combinación de “la calle” con el debate que fortalezca y eduque a todo el conglomerado, pueden conjugarse en un solo torrente que frene las políticas agresivas del patrono-Estado y abra las posibilidades de redistribuir la riqueza nacional en favor de quienes la crean: los trabajadores.