Como si fuese poco el acuerdo de Chevron con Pdvsa para aumentar la producción y exportación petrolera de Venezuela a los EEUU, ahora se confirma que la petrolera italiana Eni SpA y la española Repsol SA comenzarán a enviar petróleo venezolano a países de Europa, tras la crisis producto de la guerra Rusia – Ucrania, que ha generado una perspectiva de desabastecimiento energético para toda Europa. No podía tener más suerte Maduro ni salir más beneficiada la dictadura, pero ¿y los trabajadores dejarán pasar esta oportunidad?

La cuenta es sencilla. En artículos anteriores hemos calculado que, con un presupuesto nacional con un precio por barril en 51 dólares, aproximadamente, y dada la producción que tenía el país para el cierre de diciembre de 2021, Venezuela pudiera recibir el doble de ingresos solo por concepto de incremento de precios del crudo. Ello sin contar el eventual aumento de la producción.

Sin embargo, también advertimos en otras entregas que todo apuntaba a un inminente incremento en la producción, proveniente de acuerdos que ahora lucen inevitables. No solo es meta ya corroborada, de EE. UU. de suplir a través de Chevron, parte del mercado europeo tras la crisis imperialista que desató la pugna Otan – Rusia sobre territorio ucraniano, sino que ahora es meta de Eni SpA y Repsol sobre nuestro territorio, brindar lo necesario para mantener a Europa energizada.

No de gratis Venezuela sigue siendo la principal reserva petrolera del planeta, dispuesta a saciar la voracidad de quien lo necesite. La dictadura garantizará las condiciones y los “diálogos” necesarios para ello, porque su meta es mantenerse, a toda costa, en el poder, mientras que para los “aliados” de la oposición la meta es sobrevivir a la crisis mundial que está en ciernes. Poco interesa la población en estos negocios.

Nada más y nada menos que el propio Departamento de Estado de EE. UU. fue quien, a través de una carta, dio el visto bueno a las dos compañías para reanudar los envíos. El mismísimo Joe Biden es quien espera que el crudo venezolano pueda ayudar a Europa a reducir la dependencia de Rusia, buscando triangular algunos de los cargamentos venezolanos desde la propia China.

Es una vasta obviedad que los trabajadores venezolanos deben intensificar la lucha por condiciones de vida digna, dado el inocultable incremento de recursos que el Estado y la empresa privada recibirán, visto el indetenible incremento en los ingresos y el repunte en áreas que, como resultado del incremento de la producción petrolera, van a ser impactadas en una primera etapa, con un posterior repunte en el resto de sectores.

Un estudio presentado por ANOVA Policy Research, firma de consultoría y datos con sede en Caracas, identifica que los ingresos laborales del sector privado siguen siendo muy bajos. Sus estimaciones de campo indican que el promedio del sector de comercio y servicios del área Metropolitana de Caracas alcanzó, en abril de 2022, apenas los 116 dólares mensuales, mientras que los salarios del sector público continúan siendo extremadamente bajos. De acuerdo a Anova, el sector público venezolano ocupa aproximadamente a 2.2 millones de empleados con un salario promedio de 17,9 dólares mensuales. Las remesas, que apenas compensan a algunas familias, apenas llegan al 24,3% de hogares que, en promedio, recibirían solo 65,8 dólares al mes.

No hay forma de que una familia pueda sobrevivir con dignidad y saludable con estas condiciones de ingreso, tanto en el sector público como en el privado. Urge una política de organización de los trabajadores, una plataforma y un pliego de demandas que abarque salario mínimo, pensiones y jubilaciones y tablas salariales acordes con las necesidades de la población trabajadora. No hay excusa para los economistas, dirigentes políticos y sindicales en no exigir los incrementos salariales necesarios para compensar la canasta básica, como indica el artículo 91 de la constitución nacional. Y no es la cesta alimentaria, es canasta básica o el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades de alimentos, servicios, vivienda, transporte, recreación y otros gastos ineludibles.

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