En 2018 Venezuela certificó la cuarta mina de oro más grande del planeta, con un total estimado de 1 millón 480.000 kilos, esto es, más de 52 millones de onzas troy. La certificación la hizo la trasnacional Gold Reserve con quien Venezuela tiene una empresa mixta que, según estimaciones de ese año, produciría unos 1,2 millones de onzas de oro anuales a partir del tercer año de producción, haciendo de la firma una de las más rentables del mundo.
De estas ganancias netas, el Gobierno anunció ese año que el 55% de estos ingresos irían directamente a las arcas del Estado. Al menos $1,2 millardos al año en ingreso neto. Sin embargo, para es mismo año, Ecoanalítica y varias fuentes consultadas por Transparencia Venezuela, calculaban que el oro extraído de forma Ilegal por funcionarios vinculados al Gobierno, representaba cerca de $2.711 millones, esto es, más del doble de lo que produciría la empresa mixta del Estado.
No obstante, Venezuela ha disminuido como jamás sus reservas de oro. El primer semestre de 2022 cerró con 72,9 toneladas, según los estados financieros publicados por el BCV. La cifra representa un descenso de 5,9 toneladas, en comparación con el cierre de 2021 y en su mínimo en los últimos 70 años.
Sin embargo, en diversas alocuciones, algunas recientes, Nicolás Maduro ha anunciado y confirmado públicamente, incluso de forma “chistosa”, que su Gobierno vende oro “en secreto”, que su Gobierno ha ahorrado de manera secreta “un dinerito” para pagar los gastos del Estado y que venden oro “en secreto” para que no se lo roben (¿?).
La política y los ingresos
Pero sucede que, pese al desfalco a nuestras reservas, con una suma bastante elemental se puede afirmar, con poco margen de error, que el régimen de Maduro maneja recursos suficientes y muy por encima de los estimados por la Asamblea Nacional oficialista para el Presupuesto Nacional del año en curso.
En artículos anteriores hemos demostrado, con cifras oficiales, que Venezuela tendrá, solo por concepto de petróleo y con base en el incremento de la producción y los aumentos de precio de barril al doble, un ingreso que duplica lo estimado. En el caso del oro la historia se repite, pero con el ingrediente de que es “un dinerito” no presupuestado.
No bastando esto, recientemente el diputado y economista José Guerra detalló que “el IVA recauda por lo menos 300 millones de dólares mensuales, más cerca de $1.000 millones por concepto de gasolina y $600 millones por Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras”, lo que le da recursos adicionales a manos llenas para el manejo de dinero con el que pudieran pagar. Sin embargo, el régimen de Maduro parece estar decidido a “ahorrar” con base en el sufrimiento inhumano de los trabajadores, principalmente de la administración pública, pero ¿por qué?
Salarios y democracia
Pese a que esta respuesta queda en el campo de la especulación política, Maduro está en una negociación importante de cara a un eventual proceso electoral presidencial y, en caso de que no se logre nada, el régimen está constitucionalmente obligado a realizar elecciones en 2024, algo a lo que el G4 opositor, ahora reconstituido en G10, apuesta abiertamente.
Pero una negociación electoral que derive en un acto que está contemplado constitucionalmente, suena absolutamente innecesario e ilógico de negociar, salvo que apenas se busquen acordar condiciones mínimas, nada más que eso.
Sin embargo, el chavismo se enfrenta actualmente a un escenario en el que, en condiciones normales y legítimas, pierde cualquier elección. Pero con una oposición fragmentada y “un dinerito” ahorrado “en secreto”, el hambre de los venezolanos puede ser terreno fértil para que una compra masiva de conciencias y voluntades pueda representar la diferencia.
Entonces, la lucha de los trabajadores no puede ni debe estar limitada al salario. Esto es indudablemente una lucha política. Está más que demostrado que existe dinero para pagar y para aumentar los salarios. Sin embargo, ese dinero está siendo represado con otro fin. El dinero del sudor de los trabajadores pudiera ser utilizado discrecionalmente para comprar la conciencia de esos mismos trabajadores, en un escenario desesperado. Y es que la perversidad del oficialismo no tiene límites.
Los trabajadores deben mantenerse en la calle, luchando firmemente por sus reivindicaciones. Pero se debe iniciar el establecimiento de los enlaces necesarios entre la política y el economicismo que les urge; entre el salario y las luchas superiores. No se trata solo de ingresos monetarios pese a que es con esos recursos “ahorrados” por el Gobierno, con base en el sufrimiento de las mayorías, que el chavismo pudiera nuevamente embaucar a Venezuela en una elección a la que los trabajadores deben llegar con su propia fuerza y su representación. Es por salarios y es por democracia, o no se tendrá ninguna de las dos.