La tal Asamblea Constituyente, siguiendo la orden de la dictadura, acaba de aprobar un conjunto de leyes y medidas en materia fiscal y tributaria que afianzan el talante de la economía venezolana. La dolarización llega a la cuestión tributaria. Echarle mano a la demanda con base en las divisas en circulación es la clara intención, mientras afianza la tendencia de descargar los ingresos en el tributo, más que en el sobre la renta.
El cuerpo de leyes contempla la reforma del IVA, del Código Orgánico Tributario, la Ley de cartera única de producción, y de aduanas y comercio exterior. Que se suman a otras dos decisiones, una de carácter tributaria y otra, que atañe a la empresa privada. En el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) se procesarán pagos en petro para la compra y venta de inmuebles, vehículos, apostillas, legalizaciones, entre otros. A su vez, Maduro el 5 de febrero autorizó para que las empresas puedan emitir títulos valores en moneda extranjera, esto es, la emisión de acciones en divisas. Falta la cuestión jurídica.
En conjunto reflejan la intención del gobierno de profundizar la dolarización. De un lado, la recaudación se dolariza. De otro, entramos de lleno en la dolarización del mercado de acciones y valores.
Se trata de cambios importantes en la política tributaria y fiscal, mediante los cuales, dice la gente del gobierno, se aspira a incidir favorablemente en el crecimiento y el desarrollo económico. Aunque sus efectos pueden ser contrarios.
La de mayor significación, sin duda alguna, es la relativa al Impuesto al Valor Agregado. No puede ser de otra manera toda vez que es el IVA el principal factor que contribuye en el presupuesto de ingresos. Llegó a estar por encima del 70% de lo recaudado. Pechar entre un 5 y un 25% al pago en divisas, criptomonedas y criptoactivos distintos al Petro, como parte de la reforma del IVA, así como el pago en euros de distintos tributos, afianzan la dolarización. En eso es coherente el gobierno. Hacen una cosa que debilita aún más al bolívar. Se trata de un mecanismo que permite que la recaudación siga descansando en el tributo, pero indexando.
Es lógico suponer, en las primeras de cambio, que este impuesto encarece los bienes y, por tanto, reduce la demanda efectiva. La gente se irá al mercado negro o pagará al negro. En eso habrá un acuerdo tácito o expreso, pero relativamente secreto entre vendedor y comprador de tal manera que yéndose al bolívar desembolsa dólares. Se crearán mecanismos de los más expeditos entre demandantes y oferentes para burlar la medida. Mucha gente que transa en dólares va a buscar hacerse de bolívares para cancelar la adquisición de bienes y salir menos perjudicado. El vendedor, con tal de garantizar la venta del producto, se hará de la vista gorda de este asunto y no emitirá factura que refleje la transacción, como sucede regularmente en la economía venezolana.
Es muy poco lo que podemos decir más que esto. Se trata de medidas propias de una política liberal que descarga en la gente el peso de la crisis y del pago de la deuda pública. En medio del afianzamiento de la dolarización.
Las otras medidas, resultan retóricas de postín, cuando observamos que nada se hace en función de que la producción nacional sustituya al producto importado.
En materia de comercio exterior lo acordado resulta una burla. Luego de reducir a cero los aranceles desde julio de 2019, ahora afirman que van a crear barreras para favorecer la producción interna. No creemos que eso se cumpla, toda vez que se trata de un proyecto, el del chavismo, que afianza la economía extractivista para garantizar el desarrollo fuera de nuestras fronteras. Además, no se observa ninguna política que indique que la economía vaya a ser encausada en la dirección productiva.
La cartera única productiva también resulta mero discurso. Aunque es dable que el gobierno oriente parte de estos recurso, si aparecen, hacia la producción de uno que otro rubro. Con este asunto del encaje la cartera de créditos se ha reducido. Acompañada de la medida de creación de acciones en divisas, pudiésemos estar en presencia del privilegio que pudiesen brindarle a alguno que otro sector como el porcino o el ron, que parecen de punta de la economía nacional.
La demanda efectiva afectada, pero aumenta la recaudación
Así, el respiro que sienten algunos que perciben dólares se comienza a difuminar. Pierden poder adquisitivo las divisas, pero se afianza la dolarización al irse ajustando los precios. Sobre todo si logran atemperar un tanto la aún elevada inflación. Esta tendencia será dominante. Hasta los servicios dolarizados, la demanda cae. No es estímulo a la oferta de bienes y servicios.
Lo importante para el gobierno es reducir la brecha fiscal a punta de una ofensiva en materia de IVA. Está claro el gobierno que se ha elevado un tantico el salario y los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y de la economía privada. Van tras ese incremento. Al menos hacerse de una parte.
Mientras, los empleados públicos, el sector educación, principalmente, sufren el peor salario de nuestra historia. El más bajo de la economía mundial. De allí la desmejora de la calidad de la educación, salud, servicios diversos. En el sector salud la cosa no es muy distante, sólo que los empleados en este sector encuentran alternativas para compensar la penuria de manera más fácil. Otros empleados, en medio de la descomposición, acuden a la trampa y al cobro de servicios diversos. Qué decir de los policías, funcionarios judiciales, entre otros. El gobierno estimula esta circunstancia, para atemperar la situación explosiva, además que es su naturaleza corrupta la que drena al resto del aparato de Estado.
Confía el gobierno en que la dolarización va a tardar un tiempo. Recuperar el signo monetario venezolano, el bolívar, requiere de medidas diferentes a las que propugnan. Claro, también muy distintas de las que solicitan economistas burgueses enfrentados al gobierno.
Además del cambio de gobierno, de la salida de la dictadura de mafias, la cosa debe ser radical. Saldremos de la crisis y de la inflación sí y sólo sí, elevamos la producción de bienes y servicios. Para lo cual es imprescindible una política económica de carácter nacional y popular. La canalización del ahorro nacional, de los excedentes en materia petrolera y minería deben ser destinados a la inversión productiva diversificando la producción. Sustituyendo la importación con la producción nacional de todo lo que podamos. Para ello, la relación con el sector externo de la economía debe cambiar radicalmente. Frenar la importación de bienes finales sustituibles por producción nacional. Invertir en la producción, esa es la salida. La política monetaria no resuelve el problema.
Se hace carne, una vez más, aquella sentencia de que ahora el petróleo eres tú.