¿Qué hemos aprendido de la ONAPRE?

En medio del furor provocado por su carisma, Chávez manda a la Asamblea Nacional bajo su control a convocar un referendo consultivo para “renovar la cúpula de la dirigencia sindical”. Venía de un arrollador triunfo en la asamblea constituyente. Trampeando con la fórmula del kino, se hizo con más de 90 % de los diputados constituyentes con apenas algo más de 60 % de los votos. Y además había logrado que se aprobase una nueva Constitución, que hoy parece pesarle a Maduro, aunque fue la primera carta que le permitía a un gobierno entregar su economía a los capitales extranjeros en detrimento de los nacionales (ver el falaz art. 301).

El encargo van a realizarlo el domingo 3 de diciembre de 2000, como si el sindicato fuera un órgano cualquiera del Estado, y no un instrumento de lucha regido por el derecho privado de sus trabajadores afiliados. Cuestión que, en general, había sido ratificada en la nueva Carta Magna, aunque la misma también tenía camuflada una bomba de tiempo injerencista en el artículo 293, acápite 6. Los patronos, inversionistas, banqueros y todos los representantes del capital tenían la oportunidad de votar para destituir a quienes los “fastidiaban” exigiéndoles reivindicaciones que bajaban su cuota de ganancia o la parte de la renta petrolera. Pese a esta evidente inclinación, muchos lo veían como “defensor de los trabajadores, los pobres y los desamparados”.

Este atropello contra la autonomía sindical indicaba claramente el carácter corporativista, cuasi fascista, que quería imprimirle el chavismo a la relación entre el Estado y los ciudadanos con sus organizaciones autónomas. Nada iba a moverse fuera de su control. Y arguyen para esta invasión el propio artículo 95 constitucional que trata sobre la libertad sindical. ¡Tamaña desvergüenza! A la universidad autónoma también buscarían meterla en ese redil. Allí comenzaba el fuego cerrado —incluso se amenazó con lanzar un misil contra la CTV— para poner bajo control las organizaciones sindicales.

Pero las reservas democráticas del electorado venezolano aún podían discernir frente a la avalancha abrumadora. Más de 76,5 % de los electores se abstuvieron de convalidar este abuso. Y, dentro de los que sufragaron, solo 62,5 % lo hicieron por el “sí”. El atropello que suspendía de sus funciones a la dirigencia sindical de centrales, confederaciones y federaciones fue convalidado con 1 voto de cada 7 posibles. De manera descarada, se imponía una democracia tramposa que luego se evidenciaría en otros eventos electorales.

Y ¿por qué invocamos este referendo consultivo, a veintidós años de haberse realizado? Porque reflejó con claridad la concepción de Estado que pretendían imponer, que no reconoce ninguna autonomía a la sociedad —y en particular a la organización clasista de los trabajadores—, pese a que aprobaba leyes y decretos que rezaban sobre una democracia “participativa y protagónica”.

Entre quienes hoy rechazan las tablas elaboradas por la ONAPRE —para desconocer y rebanar las cláusulas de los contratos colectivos de la administración pública—, hay muchos que aún no consiguen entender que es una política que tiene sus raíces en la concepción de un Estado totalitario, nada democrático. Una política de sumisión ante las potencias industrializadas, que supo engañar a muchos con el falso discurso de soberanía, de independencia, de bolivarianismo, de antimperialismo, y para colmo de socialismo.

En particular, Maduro ha llegado a extremos insólitos de la desfachatez en lo que se refiere a derechos laborales. Reclamándose “presidente obrero”, ha desaparecido el salario, ha destruido la seguridad social y las prestaciones, ha desconocido la contratación colectiva y sus incidencias. Ha convertido la posibilidad de un efectivo diálogo tripartito en un show mediático. Y para ello aún cuenta con el respaldo de una sarta de esquiroles antiobreros, siempre dispuestos a firmar oprobiosos convenios en salud, educación, universidad, empresas básicas y empleados públicos, en general.

Para Maduro, los salarios miserables de los trabajadores venezolanos son una “ventaja comparativa” para atraer inversiones extranjeras y también algunas nativas. Más ahora que cuenta con leyes como la de zonas económicas especiales y contra el bloqueo, que permiten a los inversionistas mayor flexibilización y desregulación de las relaciones laborales. Para muestra solo hay que revisar el capitalismo salvaje que se instauró en Irlanda en 1968 y que se desplegó con toda su furia en China, basándose en leyes similares.

Pese a la confusión, siempre ha habido luchadores sociales y sindicalistas que han entendido el fondo de la lucha por un mundo mejor para los trabajadores. Cerramos este escrito con una nota (Los trabajadores deben decidir) de la BBC, dos semanas antes de realizarse el mencionado referendo:

“Sin embargo, los que se sienten amenazados por la realización de este referéndum arguyen que el mismo es innecesario y que les corresponde a los propios trabajadores decidir la suerte de las organizaciones que los agrupan. Pedro García es un educador de 38 años (…) está de acuerdo con que se depure el movimiento sindical venezolano, lo que no comparte es el método que se quiere emplear. ‘El método es equivocado, aunque la intención pueda ser buena’, afirmó a BBC Mundo. No obstante, insistió el educador venezolano, ‘no se puede hacer una consulta nacional, en la que pueden participar hasta los propios patronos y empresarios, para decidir asuntos que solo competen a los trabajadores’.”

Publicado en El Pitazo