Es evidente que Venezuela ha pasado de ser una economía rentista petrolera a una economía rentista minera-petrolera. Afianzando la dependencia del país al bloque imperialista liderado por China Y Rusia. También Irán juega, entre otros. Así, entregando la soberanía se consolida la economía primario exportadora y extractivista.
A su vez, se fortalecen también mecanismos expeditos del proceso de coloniaje, como el incremento de la deuda externa, la entrega del mapa geológico a China y Rusia, así como el desarrollo de las zonas económicas especiales (ZEE), en especial en el desarrollo el Arco Minero del Orinoco (AMO). Como ya lo hemos denunciado en anteriores artículos, las empresas chinas y de otras nacionalidades atentan contra el ambiente, las reservas de agua y el pulmón verde de Suramérica, además de desplazar a los pueblos indígenas, tener un régimen especial de exoneración de impuestos y de atentar contra los derechos laborales de los trabajadores.
La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (LOZEE) ratifica anteriores decretos en esa dirección. Llama la atención que sectores como FEDECAMARAS consideran que el decreto de ZEE es una buena manifestación de que hay apertura. Se expresa en lo indicado por Carlos Fernández, Presidente de esta organización empresarial, según el cual el modelo a impulsar “tiene que ser un modelo que se vuelque a los mercados internacionales porque la capacidad de consumo del país es menor que la capacidad instalada para la producción, por eso hay que buscar formas de trabajar para ir a los mercados internacionales” (Declaraciones dadas a Unión Radio 2-8-2022).
Es evidente que esa orientación va en correspondencia con la de creación de las ZEE cuya producción se orienta hacia el mercado externo por medio de la exportación, estableciendo su competitividad con base en los bajos salarios y la negación de los derechos laborales, así como las exenciones que reciben los inversores del Estado en materia tributaria y arancelaria.
Es claro que hasta los momentos. la creación de ZEE decretadas no están orientadas hacia el proceso de industrialización, tal como se observa en el decreto reciente de la 5 ZEE establecidas como lo son: 1) ZEE Paraguaná, estado Falcón, 2) ZEE Puerto Cabello y Morón, estado Carabobo, 3) ZEE La Guaira, 4) ZEE, Margarita, estado Nueva Esparta y 5) ZEE Territorio Insular Isla La Tortuga.
Además, con anterioridad fueron establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decretos una serie de ZEE ubicadas en: Paraguaná estado Falcón, Palavecino estado Lara, Puerto Cabello – Morón estado Carabobo, San Antonio-Ureña estado Táchira, Tinaquillo, estado Cojedes, ubicadas en la escala sub-regional; así como la zona de desarrollo estratégico Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), con la mayor reserva certificada de hidrocarburos extra pesado del mundo, abierta a la participación de empresas privadas, en especial de China para extraer y procesar crudo y la ZEE más polémica: el Arco Minero del Orinoco (AMO).
Lo que evidencia que esta ZEE se ubican en el área minera petrolera y otras en el desarrollo del sector turístico, en ninguna de ellas se prevé un desarrollo industrial, que fueron la base de las mismas en el caso de China con una producción hacia la exportación. En el caso venezolano, esto se corresponde con el papel que le asignan al país en la División internacional del Trabajo (DIT), como proveedor de materia prima y en especial en el área extractiva minero-petrolero. Aunque dejan algo para el turismo, en lo cual los rusos lucen muy interesados.
Además de que este modelo se enmarca en la perspectiva que marca la realización de las leyes en torno de la cuota media de la ganancia (G’), con sus tendencias y contratendencias. Así, se enrumba a los inversionistas hacia determinados países y en torno de áreas específicas. En el caso venezolano, tal como se señala anteriormente, en minería y petróleo. De aparecer alguna inversión en áreas distintas a las establecidas, se realizaría en sectores subalternos como las maquilas, algo en pesca y agroindustria. Luego, aunque la LOZEE plantea el desarrollo de parques industriales circunscritas a sectores económicos como el agropecuario, industrial, aeronáutico, energético, financiero y tecnológico, no se evidencia en estas ZEE.
De regreso a lo expresado por FEDECAMARAS con respecto a “que la capacidad de consumo del país es menor que la capacidad de consumo instalada de producción” y por tanto se debe orientar a la economía de exportación, es preciso establecer que para lograr elevar el nivel de consumo y la demanda agregada es necesario incrementar los salarios y los ingresos de la población en general y no apostar por un modelo que no desarrolla la economía nacional.
En este sentido, es menester frente a este criterio de desarrollo hacia el exterior que impulsan las ZEE, plantearse un programa de reconstrucción nacional que genere una nueva economía para el desarrollo. Esa debe ser la base fundamental para el impulso de un proyecto de industrialización y desarrollo agrícola diversificado, como vía para la autonomía y soberanía nacional. Sustento material de una eventual alianza entre el sector privado y los trabajadores.
De tal manera que, impulsando una economía productiva que, respetando las distintas formas de propiedad, se brinden las mejores condiciones para la producción, armonizando la producción en el campo y la industria, promoviendo el abaratamiento del crédito y la inversión productiva nacional. De tal manera que la importación quede solo para traer al país medios de producción (formación bruta de capital fijo). Mientras, las importaciones de bienes no esenciales queden limitadas hasta que se alcance un desarrollo industrial y se cuente con una economía competitiva, producto del desarrollo diversificado y de una producción que compita en calidad y precios. Se cuentan con experiencias en el mundo como lo han sido Corea del Sur, Japón, Singapur entre otros, que cerraron sus importaciones y dieron lugar a un desarrollo industrial de alta competitividad.
Por otra parte, la inversión debe estar orientada con base en el ahorro nacional, tanto la pública como la privada, con una banca dirigida a la financiación de este proyecto de reconstrucción nacional a tasas de interés bajas, que permita el abaratamiento del crédito. Debe imperar el equilibrio entre ingresos y egresos a partir del crecimiento de la recaudación del impuesto sobre la renta, mientras se baja la presión tributaria sobre la población en general, lo que llevara a aumentar la recaudación y la capacidad de atención a la demanda social. Abatiendo de manera definitiva la presión inflacionaria.
Es que el equilibrio fiscal permite la emisión de papel moneda y dinero electrónico en correspondencia con la riqueza que representa. Lo que permitirá una mejora en la inversión social en educación, salud vivienda, a la vez fomentando el incremento del salario real de los trabajadores y, por ende, eleve la capacidad de consumo y de la demanda interna, que incida, a la vez, en la oferta de los productos.
Uno de los factores a implementar en este programa es la diversificación de la economía teniendo como palanca la producción petrolera. De igual manera, los recursos minerales existentes en el país, afianzarán ese pivote para el desarrollo. Por lo cual se requiere elevar la capacidad extractiva, su diversificación en refinación y productos petroleros, petroquímicos derivados, sin atentar, en el caso de la minería, contra el ambiente, más allá de lo pertinente. De allí lo imperioso que resulta la inversión en ciencia y tecnología e innovación, potenciando el papel de las universidades y de los institutos de investigación. Finalmente, es preciso una nueva ética nacional que ataque la corrupción, que eleve la eficacia gubernamental y la eficiencia, basada en el principio del servicio público y el interés colectivo y nacional. De esta manera, al existir transparencia en el manejo de los asuntos públicos se hará más eficaz la inversión pública para satisfacer las demandas sociales y elevar la producción nacional.