Los zamuros sobrevuelan la gratuidad universitaria

En días recientes, uno de los candidatos a vicerrector administrativo de la UCV expresó, de manera espontánea, sus ideas acerca de la gratuidad de la educación universitaria. Brindó argumentos claros en relación con este asunto. Afirmó que, desde antes, desde mucho antes, cuando él era estudiante, debían pagar matrícula quienes provenían de familias con solvencia económica. Lo afirmado en la conversación personal se vertió luego en una actividad pública, en Maracay. No sabemos si se trata de una posición personal o forma parte del proyecto de su cuarteta en las elecciones venideras.

El argumento no suena absurdo. Proviene de un defensor del orden imperante, no del chavismo, pero sí del orden establecido, del orden de explotación, en fin, del status quo. Hasta ahora el chavismo no menciona este tipo de dislates, siendo lo peor del orden imperante. Prefiere seguir engañando. Pero sí resulta contradictorio en nuestro interlocutor, jurídicamente hablando, ya que viene la propuesta de un conocedor de la legalidad burguesa, de la ordenación constitucional. Eso de que se debía cobrar a los estudiantes “con solvencia económica” rompe con un principio fundamental de la legalidad capitalista: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Principio que impera desde la revolución francesa de 1789, y que fue muy usado en la independencia estadounidense dos años antes.

No son más que maromas, pues, de un ideólogo del capital. La gratuidad es un derecho. Pugnar por lo contrario es ir contra la Constitución. Es ir en contra de un principio del cual Venezuela es precursor. Va en contra de la Ley Orgánica de Educación y de la Ley de Universidades vigente desde 1970.

Antecedentes

Los antecedentes para anular la gratuidad vienen de Rafael Caldera en su segundo mandato. La pelea que dieron los estudiantes fue tremenda. Muy bien narrada la jornada en una publicación que Provea tituló: “En defensa de la universidad gratuita. La lucha de la Universidad Simón Bolívar en 1998 para restituir la gratuidad”. En realidad, fue una lucha más general ya que, simultáneamente, se desarrolló la lucha contra el proyecto de ley de educación superior (PLES). Los desnudos de 15 estudiantes pintados de azul fueron una de las formas de lucha más llamativas que se realizaron. Pero en todo el país hubo protestas. Los proponentes recibieron una rotunda derrota.

De una parte, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ordenaba la inaplicación del mecanismo de cobro que querían aplicar las autoridades de la USB, justamente bajo los mismos argumentos que levanta el candidato a vicerrector administrativo. Cobrar a los que tienen para darle a los que menos tienen. Luce bueno el mensaje.

Pero también fue derrotado el PLES. Acción Democrática, Copei y Convergencia, partido de gobierno de Rafael Caldera, no pudieron aprobar su propuesta de ley que eliminaba la gratuidad. Lo de la USB era el experimento. Pero los estudiantes respondieron con contundencia.

La gratuidad y la igualdad como principios

En realidad, de hecho, la gratuidad de la enseñanza determina que: “… a las clases altas se les pagan sus gastos de educación a costa del fondo de los impuestos generales”. Sin embargo, supondría, si se quiere atender de manera desigual, romper con el principio de igualdad ante la ley. Además, requeriría la modificación de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación. Significaría un enredo que llevaría a presentar una fórmula donde se establecería una matrícula para todos los estudiantes, si no quieren romper con ese principio del orden legal de la igualdad ante la ley. Además, los ricos en Venezuela llevan a sus hijos a las universidades privadas. Los más ricos los mandan a otros países. Uno que otro pudiente va a las públicas cuando buscan una carrera que solamente la brindan en alguna universidad del Estado. O persiguen más calidad, o una educación más científica, menos sesgada. Al menos eso era así, hasta este desastre.

La igualdad de la ley frente a hombres desiguales opera en todos los órdenes. Los derechos, en general, suponen ese principio. Todos los ciudadanos deben gozar de los derechos, aunque sea un fetiche. Se inscribe eso en la llamada “igualdad de oportunidades”. Derecho al trabajo, aunque el capitalismo crea desempleo de manera orgánica. Derecho a la salud, aunque los hospitales no estén dotados y las medicinas sean inasequibles por su precio. El capitalismo crea hambre con el pauperismo. ¿Qué derecho a la alimentación si no hay salarios dignos? En Venezuela la cosa ha llegado a extremos. Esto explica que unos 7,3 millones de venezolanos hayan salido del país.

El sistema judicial también es un espacio donde observamos esa igualdad. Los tribunales garantizan un sistema gratuito para que la burguesía dirima sus pleitos en la lucha a muerte para centralizar los capitales a costa de otros capitalistas. De la defensa de los capitales más débiles frente a los más competitivos. Pero el sistema está en favor de los más fuertes. O el sistema de salud. Al menos en los países desarrollados garantiza, vía presión tributaria, principalmente, que la salud les llegue a los sectores diversos. Pero los grandes ricos no usan universidades públicas. Tampoco el sistema de salud del Estado. Pero sí hacen uso del sistema judicial contra los obreros, en defensa de la propiedad y las peleas entre ellos. Nuestro candidato a vicerrector debería propugnar que se le cobre a los ricos por el uso de los tribunales. Aunque en Venezuela, los tribunales y las cárceles son privadas. Absolutamente privadas. Los presos deben pagar por todo. Aun siendo presos políticos, deben pagar hasta para hacer sus necesidades. Hasta la comida se la deben llevar los familiares y amigos.

El cobro de matrícula, en cualquier caso, tenderá a su generalización. Hasta que sea más o menos homogénea la tarifa. Allí operarán las leyes del capital, como en las cárceles. Es que en el capitalismo todo es mercancía. Lo que se busca es que las universidades no solamente cambien el principio de buscar la verdad por el de buscar plata, sino que parte de esos necesarios recursos los brinden los estudiantes.

Gratuidad y autonomía 

La tendencia a la educación pública y gratuita es producto de las necesidades del capital. Las universidades forman la fuerza de trabajo calificada que requiere el aparato productivo en el campo y la ciudad. También al personal sanitario de alta formación. Los abogados para todo el sistema jurídico. Penal, financiero, mercantil, constitucional, administrativo e internacional. También busca formar su intelectualidad. La que legitima las relaciones de explotación. Sin embargo, la autonomía, entendida como el espacio para el encuentro de las distintas corrientes del pensamiento, permite que sectores subversivos pugnen por propagar ideas contra el orden imperante. De igual manera, las ciencias naturales, inscritas en un proyecto de desarrollo nacional y popular, bien podrán contribuir a un acelerado desarrollo de las fuerzas productivas. Además, la autonomía es un derecho democrático que amplía el horizonte para la lucha política, en nuestro caso, contra la dictadura chavista.

En vez de seguir pensando en cómo sustituir el espíritu crítico por el empresarial, una candidatura en verdad inscrita en el progreso debe estimular el debate acerca de la naturaleza de la universidad en su sentido histórico. Mucho menos debe asomar la idea del cobro de matrícula a los estudiantes. Más debe disponerse a luchar para que los estudiantes cuenten con las mejores condiciones para el estudio. Comedor, servicio eficiente de transporte, bibliotecas, financiamiento para vivienda, entre otros aspectos vitales para el estudiante. Becas que permitan cubrir necesidades elementales. Eso es gratuidad.

De tal manera que son dos cosas a atender en esto de la propuesta del cobro de matrícula, que está articulada a la perspectiva que muestran de sustituir el espíritu crítico por el empresarial y la búsqueda de la verdad por la búsqueda de recursos. De un lado, buscan desviar una tradición mundial de hacer gratuita la educación en general y de pregrado en particular. Los países de mayor desarrollo humano como Noruega y Finlandia cuentan con sistemas gratuitos en educación superior para nacionales y extranjeros. Ejemplos emblemáticos, pero no únicos. De otro lado, ese discurso rompe con el logro que supuso la implantación de la gratuidad de la enseñanza en Venezuela.

Esa aspiración antinacional y liberal es de larga data. Con justa razón nuestro interlocutor señalaba que eso debió haberse hecho desde mucho antes. Desde la democracia bipartidista militarizada, llamada en la modernidad “cuarta República”. Sin parar mientes en que la historia republicana ha estado plagada de corrupción y freno al desarrollo de las fuerzas productivas. Que el uso de la riqueza y el ingreso nacional han sido en favor de la oligarquía. Que han sido palanca para el sojuzgamiento imperialista. Que poco han servido para la independencia nacional, el desarrollo y el bienestar de las grandes mayorías.

Ese sentido común de buscar recursos motu proprio se vende como el camino más corto y fácil para “salvar” la universidad. Parece que es generalizado este criterio. Parece que se inscribe en el nivel de conciencia de la mayoría de la comunidad universitaria. Cosa que es falsa. La mayoría de los universitarios no andan en la idea de la búsqueda de recursos y de pago de matrícula de los estudiantes. Son los dirigentes quienes piensan de esa manera. Es allí donde se ha entronizado la tendencia y esa perversa lógica reaccionaria.

Desde el punto de vista político, sin duda alguna, eso representará una ayudita a la dictadura, a sus seguidores, representantes y candidatos en la universidad en dos sentidos. Independientemente de que sus candidatos muy pocos votos sacarán en los comicios, seguramente denunciarán a los que lucen como privatizadores de la universidad. Igualmente le brindan una ayuda al gobierno en su política de intervención y de ahogo presupuestario, dada la disposición que manifiestan para la búsqueda de ingresos propios para atender demandas de la comunidad e incentivos a los profesores. No es de extrañar que le tomen la palabra a la hora de decidirse para privatizar o pervertir la universidad como lo han hecho con otras instituciones. Ese sentido común está presente en muchos sectores e instituciones. Es el caso del estímulo al emprendimiento de docentes, militares y en general de los empleados públicos, para que se hagan de recursos ya que no hay para aumentos salariales.

Sin embargo, con el destape de la olla de la corrupción del grupo de Tarek El Aissami, queda al descubierto dónde están parte de los recursos. Ubiquemos que este no es el único centro de corrupción en la estructura chavista. Alrededor de 30 mil millones en tres años robados parecen suficiente como para cubrir demandas importantes de los venezolanos. Las universidades bien pudieron haber recibido presupuesto justo.

Nuevas autoridades para que se pongan al frente en la lucha por presupuesto justo para la universidad. Por mantener vigente el principio de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Para elevar el espíritu crítico, sobre todo en relación con lo que vive el país y de cómo superar este estado de cosas. Para que se eleve el camino de la búsqueda de la verdad, principio fundamental por el que nacen las universidades.