En un primer momento se especuló sobre el monto y el destino de los recursos descongelados, tras el acuerdo entre representantes del G4 (llamados ahora Plataforma Unitaria) y el Gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, pasadas las horas, se aclaró: son 3.000 millones de dólares de fondos actualmente congelados por las sanciones de Estados Unidos, que el Gobierno podrá utilizar para la reparación de las redes eléctricas y/o el pago de proyectos de atención médica.
Para más señas, uno de los representantes de este grupo político negociador, el señor Gerardo Blyde, detalló que el acuerdo social estará limitado a la firma y creación del fondo fiduciario por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus agencias, quienes administrarán estos recursos en coordinación con el Ejecutivo nacional.
Ni siquiera se trata de un acuerdo que revista una atención inmediata y urgente a las áreas señaladas. De hecho, y en palabras del propio negociador, se trata de una ejecución de tres años que estará limitada, como corresponde, a procesos de licitación y contrataciones públicas.
Será administrado por agencias de la ONU como la OPS, el PNUD y el Programa Mundial de Alimentos. Algunos quizás sean más rápidos, como los de atención a la crisis alimentaria. Pero los de infraestructura “tardarán un poco más”, dijo.
La respuesta, por tanto, es que las expectativas sobre mejoras salariales o de pensiones y jubilaciones, se disipa nuevamente, salvo que las luchas de los trabajadores presionen en otra dirección.
Ni siquiera posibilidades de nuevos puestos de trabajo en lo inmediato. Incluso, el plan acordado traspasa la fecha límite de las elecciones presidenciales previstas por la Constitución.
Y es que sucede que para ninguno de los dos factores que negocian el destino de nuestra democracia, los intereses de trabajadores, pensionados y jubilados del país, principalmente de la administración pública, son un asunto a tratar que revista alguna jerarquía en lo inmediato. Es un asunto que los trabajadores deberán imponer mediante presión.
La negociación, que renace luego del traspié producto del encarcelamiento y extradición del supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se limita actualmente a este primer acuerdo. Avanzará “de lo urgente a lo importante” de acuerdo con el señor Blyde.
Pese a que los asuntos que inciden directamente en el desarrollo productivo, como aumentos de salario para fortalecer la capacidad de demanda social, inversión productiva, sistema de créditos para la producción, protección a la producción nacional frente a la política de importación y la ventajosa situación de la importación frente a la producción criolla, no están en la agenda, la negociación parece
atender en lo sucesivo, al menos, dos asuntos de importancia urgente para los venezolanos.
“Ahora vamos a profundizar los temas como los derechos humanos, los presos políticos, el rescate de la institucionalidad venezolana”, dijo el representante de la Plataforma Unitaria.
Ni siquiera hay avances constatables en materia electoral. Se trata por ahora de una negociación económica en la que, en lo conocido por los medios de comunicación, solo el régimen de Maduro se ha beneficiado.
El score parece favorecer solo a Maduro y a EEUU. Hasta ahora incluye la liberación de los sobrinos procesados por narcotráfico en EEUU, de un grupo de ciudadanos de EEUU y venezolanos vinculados a Citgo que el Gobierno mantenía en cautiverio,
Y como ya vimos, también contempla la negociación los acuerdos de desbloqueo al negocio entre Chevron y Pdvsa para pagar viejas deudas con nuestra producción petrolera. Y, ahora, el desbloqueo de un dinero para la atención y eventual rescate de todo lo que el propio Gobierno destrozó por abandono en estos años.
La oposición, por los momentos, no ha logrado nada más allá que haber sentado al Gobierno en la mesa, nuevamente. Tampoco los trabajadores aparecen aún en la agenda. Ni siquiera en menciones de soslayo.
Y qué decir de un plan de rescate de la producción, salvo los acuerdos favorables a Chevron, que quizás aumenten la producción nacional de petróleo y amplíen la caja chica de Pdvsa para que el Gobierno de Maduro mejore sus capacidades de desenvolvimiento económico. Están urgidos de pagar sus deudas.