La sentencia del TSJ firmada por el magistrado Malaquías Gil Rodríguez, mediante la cual declaró la «inexistencia» del instructivo Onapre, tiene errores e inconsistencias con la identidad de quienes, en supuesta representación de los Jubilados y Pensionados del país, introdujeron uno de los recursos de nulidad contra el instructivo, al que el TSJ dio respuesta. Esto fue corroborado por nuestro equipo Unidad Sindical, Gremial y Social de Trabajadores del Distrito Capital al corroborar mediante el cruce de los datos de los accionantes que aparecen en el Expediente N° 2022-0257, con los datos del REP del CNE.

En esta breve revisión encontramos que de los 20 accionantes identificados en el expediente antes indicado, en solo uno (1) de los casos, coinciden correctamente los datos personales con sus cédulas de identidad, luego de cruzar dichos datos con el REP del CNE. Los 19 restantes no coinciden.

Sin embargo, nuestra revisión encontró incongruencias mucho más graves. En el caso de la identidad de la abogada apoderada de los accionantes jubilados y pensionados del Ministerio Público, al cruzar su nombre, apellido y número de cédula suministrado en el expediente, aparece en el REP del CNE con otra identidad pero del sexo masculino. Esto mismo sucede con cinco (5) casos más. Además, cuatro (4) de los accionantes aparecen con dos números de cédulas diferentes al cruzarse sus datos.

El argumento principal del magistrado firmante de la sentencia contra este criminal instrumento, fue el incumplimiento de los extremos de Ley y faltas a la técnica procesal de parte de la supuesta abogada apoderada de los accionantes.

Pero ahora, al haberse corroborado la inconsistencia, errores y desorden en las identidades de los accionantes, como descubrimos, se puede concluir por analogía que posiblemente estamos en presencia de los mismos vicios expresados por el magistrado en contra de la parte actora. Esto es, un fraude.

Al incumplirse los extremos de ley nos estamos enfrentando a un presunto fraude procesal que convierte dicha sentencia en hipotética e inexistente, y cuya intención estaría dirigida políticamente para confundir, desmoralizar y desmovilizar al movimiento de protesta de los trabajadores, quienes vienen exigiendo la derogación del instructivo Onapre que los despojó de varios derechos laborales adquiridos.

Por tanto, exigimos al Poder Moral, abrir una investigación de oficio sobre la sentencia mencionada y denunciamos este posible fraude como parte de una estrategia de distracción elaborada desde el antro judicializado en el que se ha convertido la política oficialista contra los trabajadores. Además, convocamos a los trabajadores a no dejarse confundir y a mantener la movilización y denuncia hasta conquistar la derogación del instructivo y avanzar en la conquista de un salario digno, respeto a la libertad sindical, a las contrataciones colectivas alcanzadas y a las mejoras que corresponden por derecho al salario de los trabajadores públicos del país.

Por la Unidad Sindical, Gremial y Social de Trabajadores del Distrito Capital.

Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital

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