A los docentes jubilados, pensionados y los sobrevivientes nos han quitado parte de nuestros ingresos en esta primera quincena de septiembre. De inmediato se prendieron las alarmas y  denunciamos en redes sociales los ilegales e inconsultos descuentos a miles de docentes jubilados y pensionados, que oscilaron entre los 2.000.000 hasta 10.000.000 de bolívares.

Ante la desinformación del patrono y la falta de aclaratoria oportuna de las organizaciones sindicales, se difundieron todo tipo de rumores, la mayoría de ellos apuntando hacia una presunta estafa donde aparecían involucradas, en un principio, dos empresas funerarias, funcionarios del Ministerio de Educación y de los bancos por donde cobra la nómina pasiva.

La denuncia masiva de algunas asociaciones de docentes jubilados y los propios afectados, forzó la publicación, el miércoles 15 de septiembre, de un comunicado por parte de las 17 organizaciones sindicales firmantes de la Convención Colectiva Única y Unitaria de los trabajadores de la educación, en el cual transmitían, sin un ápice de crítica, lo que les dijo la ministra de educación. También circuló en redes y grupos de WhatasApp un audio del presidente del sindicato patronal SINAFUM. Tanto el comunicado como el audio de marras tienen en común que los dirigentes fungieron como voceros de la información suministrada por la ciudadana ministra. Sin crítica, sin cuestionamientos. Solo repetían lo que presuntamente les informó la representación del estado patrón, la Ministra Santaella. En el comunicado y en el audio aseguran, entre otras cosas, que el descuento realizado solo se hizo “al personal docente jubilado con posgrado”.

Mienten deliberada y descaradamente, pues quien suscribe no tiene posgrado e igualmente se me sustrajo de mi pensión Bs 3.299.996. El mismo despojo se le hizo a miles de colegas con la misma condición, e inclusive también se les descontó a maestras normalistas. Además, con el mayor desparpajo, anuncian que volverán a descontarnos en la segunda quincena de septiembre. Esto es inadmisible.

Con dicha mentira, con este descaro y con tan escueta aclaratoria, pretenden minimizar, maquillar y desviar la realidad del despojo de nuestros ya golpeados ingresos al hablar de un “error técnico”, cuando la verdad es que fuimos víctimas de una gravísima irregularidad, posiblemente con implicaciones penales, administrativas y de alcance masivo que lesiona el menguado patrimonio económico y familiar de los docentes jubilados, pensionados y sobrevivientes.

Entendemos la posición del presidente del patronal sindicato SINAFUM, ya que su papel es defender a una dictadura neoliberal, que aplica la flexibilización laboral, que destruyó el contrato colectivo como conquista histórica de los trabajadores y eliminó el salario de los empleados de la administración pública, incluyendo el de los docentes. Y esta política anti-laboral la vemos expresada muy claramente en Ley Antibloqueo y en la Ley orgánica de Zonas Económicas Especiales.

Lo que extraña es el incomprensible comportamiento asumido por el resto de los presidentes de las organizaciones sindicales, en especial de las federaciones del magisterio, quienes dan su aval y crédito al embuste antes mencionado e informan con total normalidad, sin ninguna pizca de molestia, que habrá otro descuento ilegal, una apropiación indebida de nuestros ingresos.

Asimismo, dan por ciertas las cifras de trabajadores de la educación vacunados que la Ministra Santaella les informó. ¿Dónde están las estadísticas y datos concretos por cada centro de trabajo? ¿Acaso les fueron mostradas y pudieron comprobarlo en tan corta reunión? ¿Es creíble que en apenas dos jornadas de vacunación anunciadas hace dos fines de semana atrás, ya han vacunado a más del 80% de trabajadores del sector educativo?

Por cierto, ni siquiera mencionaron a los trabajadores jubilados y pensionados, el sector mas vulnerable ante el COVID 19 y su variante DELTA. Debe ser que no les importa la vida y salud de quienes dimos casi toda la juventud educando a los niños y jóvenes de la patria.

Pero no es solo en el sector magisterial donde observamos este tipo de actuaciones que no reflejan una conducta autónoma y combativa que debe tener cualquier dirigente sindical. Recientemente el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos – FEDEUNEP -, Antonio Suárez, le solicitaba al gobierno nacional, como una gran exigencia, 60 dólares de salario mínimo. Este dirigente debe estar en otro mundo. Pareciera que no sabe que la canasta básica alimentaria supera los 300$. Este tipo de declaraciones timoratas y blandengues, sorprenden por su timidez, acriticismo, su colaboracionismo y falta del espíritu combativo que otrora tuvieron algunos de estos trasfigurados sindicalistas, actitud que deja mucho que desear de la conducta de cualquier dirigente que se precie de defender los sagrados intereses de los trabajadores, sea del sector que sea.

Nuestra crítica no es nada personal, obedece a un problema de fondo, basada en los principios éticos y clasistas que definen el ejercicio sindical, independientemente de la ideología política.

Por otro lado, no es suficiente exigir la devolución de lo ilegalmente sustraído. Debe ser de inmediato para evitar que lo descontado se convierta en polvo cósmico producto de la inflación generada por el gobierno.

Llamamos al magisterio a estar atento al desarrollo de las investigaciones que anunciaron van a realizar para que sean sancionados todos los responsables, administrativa y penalmente, sea quienes sean los que hayan cometido tan despreciable delito.

De igual forma, exigimos al Ministerio de Educación se vuelva a cancelar la nómina como antes, es decir, directamente a través del despacho educativo y no por el sistema patria, por ser una plataforma vulnerable y poco confiable, como se está demostrando con esta irregularidad ocurrida, además que nuestro patrono no es el Ministerio de Finanzas quien es el ente que maneja dicha plataforma.

Vamos a defender en todos los terrenos posibles nuestros derechos, nuestras conquistas. Desenmascaremos sin ambages las conductas colaboracionistas, sin importar quien las evidencie. Seguiremos organizando desde abajo, junto a otros sectores laborales, una fuerza social de trabajadores de carácter autónomo, democrático, combativo y unitario, para reconquistar derechos conculcados, luchar por mejorar nuestras condiciones de vida y la restitución de la democracia en Venezuela.

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