Como muchas cuestiones de la política, la noción moderna de “preso político” nace en el contexto que conduce a la Revolución Francesa y los tiempos inmediatamente posteriores. En el Código Penal de 1791, en la Francia revolucionaria, los delitos políticos se señalaban como de lèse majesté (contra la seguridad de la Nación o del Estado). En consecuencia, se dictaron normas para procurar un trato más benigno a los prisonniers politiques.

Desde los orígenes de la sociedad dividida en clases, existe el preso por atentar contra el Estado, para usar el estilo francés. Pero es el movimiento comunista el que va a brindarle un sello en casi todos los países del mundo, al ser pobladas las cárceles por militantes de la corriente subversiva de mayor significación en la historia, que expresa la materialización del fantasma que recorría Europa a mediados del siglo XIX. De igual manera, los movimientos democráticos y de liberación nacional contribuyen con la savia subversiva, que consolidan la noción de que preso político es, por antonomasia, quien actúa contra el orden con fines altruistas y colectivos.

La España republicana va a brindar nuevos elementos en su conceptuación. Eran miles de anarquistas, socialistas y comunistas, antes del triunfo del frente popular. Alcanzada la victoria, se libera de las cárceles mas de 30 mil presos políticos. El triunfo de Franco en la guerra civil conduce a cientos de miles de personas a prisión. Los fusilamientos y la tortura sirvieron para hacer descender su cantidad.

El fascismo va a buscar la mayor degradación de quienes osen enfrentarlo. Aquello de atentar contra el Estado parece darles el derecho al uso de cualquier pena por atentar contra el orden que imponen.

De lo dicho podemos colegir que las luchas de los presos políticos han sido una constante a lo largo de la historia.

A la postre, son muchas las determinaciones que conducen a una idea más acabada, por parte de los Estados imperialistas, para aplastar la subversión. Una de ellas, claro está, es ignorar la condición política de quien actúa en contra suya y de sus áreas de influencia. Ideas que van a ser asumidas por diversos países de su órbita o de otros bloques. Los une a todos la intención de restar la condición de presos políticos —esto es, luchadores por causas nobles—, tildándolos de terroristas. Es por eso que el chavismo utiliza a discreción esta figura para anular y arropar la condición de preso político.

Recordemos que: “El delito político se sustenta en el hecho de que el sujeto activo tiene una concepción (…) distinta del Estado y del hacer político (…) y, para conseguir materializar su ideal, utiliza métodos que no son admitidos por quienes gobiernan”.

En vista de esto, alcanzar el reconocimiento de esa condición se va a convertir muchas veces en la primera lucha de quien por razones políticas es detenido en cualquier circunstancia.

El delito político no está claramente tipificado. Tampoco existe el preso político en la codificación penal. Aunque en el Código Penal de Venezuela, artículo 6, referido a la extradición, establece que “no serán deportadas personas que hayan cometido delitos políticos”.

El régimen chavista va a dar marcha atrás a lo alcanzado durante el período bipartidista. Durante la democracia militarizada, fueron muchos los detenidos por causas políticas que convirtieron el presidio en un terreno de la lucha política. Fueron muchas las conquistas. Todo eso lo borró el chavismo. Eliminan esa condición y van recluyendo a muchos opositores en cárceles para convivir con presos comunes. Son más de cien los presos políticos civiles, más de doscientos los presos políticos militares. Pero a los civiles se les deja con los presos comunes y se encuentran regados en muchos centros de detención.

Este asunto debe ser asumido de manera plena por las organizaciones políticas y sociales. Debemos luchar por las cuestiones fundamentales, como la reivindicación de la condición de preso político y su ubicación en un centro de reclusión en correspondencia. A cualquier luchador le puede tocar esta circunstancia. Pende la amenaza a todo aquel que se disponga a enfrentar al régimen en el terreno político y de la lucha de clases.

La población de las cárceles de presos comunes, en general, está constituida por el sector lumpen de la sociedad. Porción poblacional muy bien usada por el chavismo. Se trata del sector más descompuesto. “Escoria” lo denominaba Marx. Mayoritariamente, este tipo de gente es la que conseguimos en esos penales. Centros de reclusión que, además, están gobernados por pranes que imponen sus leyes en connivencia con los agentes del régimen de prisiones, como el pago de la “causa” para que el reo tenga un seguro de vida. De no pagarlo, corre el riesgo de perderla.

El chavismo llevó la privatización carcelaria al extremo. Se cumple aquello de que “en el capitalismo todo es mercancía”, por lo que se paga por todo. Los presos se alimentan con lo que le llevan familiares y amigos. Están dolarizados los penales, como toda la economía. Se paga por las visitas. Se paga para meter la comida. Se paga por usar el patio y tomar sol. Se paga por todo.

La abogada y defensora de derechos humanos Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en un foro realizado días atrás por esta institución, indicó que existen 122 normas establecidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Recluso. Estas reglas son conocidas como Reglas Mandela. Sirven de base para las políticas penitenciarias de cada nación. Para nada son cumplidas en Venezuela. El deterioro carcelario es tan extremo que: “Ni los presos sudafricanos son tratados como en Venezuela, que no tienen acceso a la alimentación, al servicio médico, al agua potable”.

Pero los luchadores sociales recién recluidos son de otra madera. Eso lo sabe la dictadura. Es gente formada para la lucha política del lado de los trabajadores. Por eso no pararán en la lucha por su libertad. Tampoco por su reconocimiento como presos políticos y mantendrán la denuncia de las condiciones que vive la población carcelaria.

Tomado de El Pitazo

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