La universidad más importante y más longeva del país, la Universidad Central de Venezuela, requiere de un programa que, con orientaciones claras, la rescate del lamentable estado en que se encuentra. Debe partir ante todo del análisis de las circunstancias que vive el país. Pues, creemos firmemente que sus problemas son una derivación de las condiciones en que se reproduce la sociedad venezolana. La dependencia y el atraso económico que produce, la naturaleza de los gobiernos que han regido su destino, han llevado a una crisis que se refleja de manera clara en las universidades y en todas las instituciones del Estado.

La política gubernamental de frenar el desarrollo de las fuerzas productivas, tanto las materiales como las humanas, se plasma indefectiblemente en las universidades. Al denunciar esto, partimos de la consideración de que la universidad es, por excelencia, la conciencia crítica de la realidad y en específico de esta terrible circunstancia. No solamente se trata de la planta física de las universidades, sino, por un lado, de los sueldos y salarios de los profesores y trabajadores universitarios, y por el otro de los servicios estudiantiles. Así como desaparecieron los primeros, también se esfumaron las becas, los comedores y demás servicios estudiantiles.

Destrucción física, intelectual y académica

La destrucción de las universidades se inscribe dentro de la meta liberal de la minimización del Estado. Dentro de los millones de venezolanos que se fueron del país, cientos de miles provienen de las universidades nacionales. Durante los últimos veintitantos años, el deterioro ha alcanzado una escala que ha hecho insostenible la vida académica a lo interno de la universidad.

El deterioro del campus —tras décadas de abandono y de haber sufrido los embates del hampa, vinculada muchas veces a sectores chavistas— ya no daba para más. La condición de ser Patrimonio de la Humanidad, otorgada por la Unesco el 2 de diciembre de 2001, no impidió que el gobierno negara los recursos para su preservación, ni para que fuese protegida de la delincuencia. Pasadas dos décadas, buscan recuperarla realizando inversiones para su refacción, aunque la dictadura aprovecha para ocuparla y violar su autonomía de manera flagrante. Ya es cotidiana la presencia de funcionarios armados de diversas policías del Estado de manera permanente.

Lo más sustancial es el ataque feroz que ha sufrido la UCV a su espíritu universitario, de un lado y del otro. La búsqueda de la verdad fue sustituida en muchas carreras por la creación de “saberes”. Se vituperaron las ciencias sociales. La metafísica se entronizó bajo la hegemonía del ufano posmodernismo, base filosófica del capital para estos nuevos tiempos. La globalización y el neoliberalismo encontraron un basamento filosófico desde las universidades, que alejaron la crítica de la ciencia.

Terminan por coexistir los posmodernos del chavismo con los opositores, afrancesados todos, y desviaron las ciencias sociales hacia saberes que impiden atinar en la naturaleza del régimen, mientras sus ideas irracionalistas, logran eludir la crítica real. El anticomunismo les cegaba y servía para solapar el cuestionamiento al régimen más liberal de los últimos tiempos. No alcanzan siquiera a ubicar el carácter liberal de la Carta Magna aprobada en 1999, ni las leyes que profundizan la dependencia y el sojuzgamiento del país a los designios de la oligarquía financiera. No logran ver que el desmantelamiento del aparato productivo va parejo al afianzamiento del papel de Venezuela en la división internacional del trabajo que le asignan los imperialismos, los de uno y otro bloque. Estaban confundidos todos por la idea de la globalización.

El espíritu crítico y la búsqueda de la verdad dan paso al pensamiento metafísico e irracional. Se entronizan las ideas de las naciones imperialistas en la conciencia de buena parte de la intelectualidad universitaria. Desaparece la intelligentsia nacional.

La universidad, por lo tanto, debe ser rescatada del oscurantismo al que fue llevado durante décadas. Ha sido víctima de la más grande ofensiva ideológica reaccionaria y retrógrada, articulada al proceso de desindustrialización y de destrucción de buena parte de su aparato productivo. A partir de allí, las universidades pierden en buena medida una de sus razones fundamentales: la creación de profesionales de alta calificación que estén en condiciones de echar a andar procesos productivos que debieron haber sido cada vez más complejos y liberadores de la dependencia.

De allí que no haya hecho falta lo contemplado en la Ley Orgánica de Educación ni en los proyectos de ley chavistas de educación universitaria, en lo relativo a la búsqueda de la verdad y al desarrollo de la ciencia, toda vez que la ideología posmo plantea lo mismo: el encuentro de saberes. Este asunto no ha aparecido en la agenda de quienes desean asumir la rectoría. Es decir, los temas filosóficos no han aparecido en la preocupación de los aspirantes. Esperamos que se coloquen en su lugar en la medida en que se desarrolle el debate.

Esto ha conducido a que sea dominante la idea de que las universidades deben privatizarse, como meros centros de instrucción. Algunos guardan cierto decoro y hablan apenas de que “se deben buscar recursos”, toda vez que los del Estado no son suficientes. Otros ni siquiera guardan las apariencias, a pesar de que sus títulos los obtuvieron gracias a la relativa gratuidad de la educación en Venezuela, vigente desde tiempos de Guzmán Blanco.

La ignorancia en torno de la configuración del presupuesto de gastos por parte del Ejecutivo parece ser un escudo para justificar la idea de que ciertamente son nuevos los tiempos que fuerzan a esta política. La de “luchar por presupuesto justo” da paso a la idea de convertir a la universidad en un maná para su sostenimiento. En este respecto, ya no se conforman con lo contemplado tanto en la ley del 58 como en la de 1970. 

El rescate para vencer la sombra

El primer parangón en la idea del rescate debe ser la Ley de Universidades de 1958. Esto supone reivindicar la autonomía y su espíritu plasmado en ese instrumento jurídico producido en los albores de la democracia representativa. Eran momentos en que aún estaban frescos los vapores de la insurgencia popular que da al traste con la dictadura perezjimenista. Por ello el espíritu crítico y la búsqueda de la verdad, como razón de ser de la universidad, fueron asumidos tempranamente y de manera entusiasta.

No es un asunto pequeño eso del “espíritu del 23 de enero”. Tampoco lo fue la traición a la esperanza popular. La denuncia del proceso regresivo que desarrollan quienes capitalizan la democracia representativa —acompañada del avance de las universidades— va pareja al desarrollo intelectual de la UCV. Las universidades autónomas alcanzan su más grande desarrollo crítico con el proceso de renovación de 1968/1969, uno de cuyos líderes fue precisamente Carlos Raúl Villanueva, su arquitecto.

A pesar de la reacción, la gratuidad ha sido uno de los elementos concomitantes con la autonomía, aun con todo y su mengua, a partir del allanamiento de 1970, que deriva en una nueva ley restrictiva de la autonomía. Además, la preservación de la gratuidad se articula con lo establecido en el artículo 102 de la Constitución. Por ello, debe prevalecer la exigencia del cumplimiento de la responsabilidad del Estado venezolano, de sostenerla mediante un presupuesto adecuado. O sea, garantizar el sostenimiento de la planta física, gratuidad y cuestiones fundamentales, como los sueldos y salarios para los docentes y trabajadores. Pero, sobre todo, brindar las mejores condiciones para que los estudiantes puedan realizar el proceso académico y de formación: transporte, comedor, entre otros servicios. Es que la gratuidad no se reduce, o no debe reducirse, a que solamente el estudiante no pague matrícula. Por el contrario, la gratuidad debe estar inscrita en la cobertura de las principales demandas que tiene un joven para estudiar. Por lo que debe inscribirse en la idea de progresividad, con más razón por el desarrollo de tecnologías más avanzadas y adecuadas al proceso académico.

En definitiva, la idea programática debe centrarse en el rescate de la universidad, de su autonomía y su espíritu. Debe hacerse valer la gratuidad y la realización de una política que en verdad atienda las necesidades de la comunidad. Con sueldos y salarios dignos para los profesores, empleados administrativos y de servicio, así como de los estudiantes. Hay que levantar a todo evento la bandera de “presupuesto justo para la universidad”. 

Estos debates parecen estar en lista de espera. Seguro aparecerán, pues suponen cuestiones esenciales. Forman parte de ese espíritu que —por muy sinuoso que hubo de presentarse en tiempos del oscurantismo medieval— logra abrirse paso y servir de palanca fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas y de lo más positivo de la cultura universal.

La conciencia crítica en relación con lo actual —desde las cuestiones más generales propias de la filosofía, hasta las consustanciadas con la ciencia— debe ponerse de manifiesto en relación con lo que vive el país y su gente. La pobreza y la precarización de la vida, el atraso del país, la degradación institucional, la mercantilización de la política, en fin, la catástrofe nacional, son temas que deben ser abordados en forma crítica, hasta apuntalar una perspectiva que, por rigurosa, aparezca como subversiva.

La búsqueda de la verdad cuenta con ese espíritu: el de la subversión de las “verdades” establecidas. Para su realización plena en este respecto, la UCV —como en los tiempos de la Renovación— debe producir y propagar un proyecto de desarrollo nacional, independiente y soberano. Idea política que cobra cada vez más vigencia cuando el atraso campea en la economía, la sociedad y la cultura.

Aunque tiene plena vigencia aquello de que “las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes” —del imperialismo dominante, por nuestra condición semicolonial—, la autonomía y el espíritu crítico permiten permear a través del debate democrático las ideas avanzadas. De eso da cuenta la producción teórica de filósofos, economistas y científicos sociales de la talla de Núñez Tenorio, Pedro Duno, Héctor Malavé Mata, entre muchos otros. Camino que, simultáneamente, fue abonado con la sangre de muchos estudiantes caídos en la defensa de una educación universitaria crítica, científica, gratuita y popular.

Independientemente de que el proceso electoral tendrá por base un reglamento contrario a la Constitución y la Ley de Universidades vigente, saludamos su realización como mecanismo que permite al menos la renovación de autoridades. Aparte de la forma como sea asumida por la comunidad universitaria.

El debate, que no ha comenzado, debe atender las cuestiones de fundamento de la universidad: autonomía, gratuidad, búsqueda de la verdad y espíritu crítico. Que Prometeo reviva en el cumplimiento de su papel, a pesar de su sacrificio.

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