El 1° de abril se celebra el aniversario de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), promulgada en 1998 después de más de dos años de debate, consulta y participación de numerosas personas y agrupaciones en distintos lugares del país. Celebramos que se haya planteado transformar la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Fue un avance importante para construir en la conciencia colectiva conceptos que rompían paradigmas en un mundo adultocéntrico. Comprender que niños y adolescentes disponen de los mismos derechos que cualquier humano, incluyendo opinión y participación en asuntos de carácter público, fue un paso gigante en la esperanza de hacer una organización social del Estado para que el desarrollo integral de la niñez se concretara.

El Estado aprobó una Ley en la que se comprometió a crear instituciones, realizar inversiones, apoyar a las familias y garantizar la educación, la salud y la protección de la niñez en todo el territorio nacional. Las organizaciones sociales se activaron y en todas las alcaldías de Venezuela se organizaron equipos de trabajo que promovían planes y acciones para conquistar este logro. No es cosa sencilla. Esta ley y el trabajo colectivo que supuso su redacción, apostaba a la confluencia social, al encuentro de todas las partes que conforman la sociedad en beneficio de los NNA, un trabajo compartido para lograr un futuro con más nivel de desarrollo, de conciencia y de ciudadanía. Era, a fin de cuentas, una aspiración de mayor democracia y de libertad.

A 21 años de aquello, la aspiración no es realidad. Los adultos que gobiernan se impusieron junto a sus intereses mezquinos sobre el poder y el dinero para acorralar a la mayoría de la población en la miseria, la supervivencia o la muerte. El proyecto de cambio social radical que propuso la Lopnna, exigía pasar de un Estado autoritario y tutelar a un Estado garante de derechos. Esto no fue ni comprendido ni asumido por los Poderes Públicos, para quienes lo prioritario fue reformar la Ley, limitar la participación popular imponiendo la política bélica y militarista contra la cultura cívica y garantista de derechos humanos.

El gasto en armas nos da una idea de la imposición y de la necesidad del control por la fuerza. También indica que la permanencia en el poder de quienes gobiernan se sustenta en hombros del componente militar. Sobre este asunto suele haber opacidad. Muchas más que en el resto de áreas de lo público en los que también hay opacidad informativa. Sabemos poco de cuánto se gasta y de cómo se decide gastar en una u otra cosa. Pero en el año 2013 el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (Sipri) indicó que Venezuela ocupó el segundo lugar de las naciones que más compraron armamentos.

La crisis económica ha generado disminución en este tipo de gastos. Sin embargo, sabemos que en 2019 Maduro aspiraba a contar con 2.900.000 milicianos, y también anunció la construcción de una subametralladora por parte de la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim), que sería, según el presidente, utilizada por la milicia en el barrio. Todo ello requería gasto público. Soberana noticia, un arma de guerra construida para ser usada por el pueblo contra el pueblo.

El 23 de mayo de 2019, día del anuncio citado, murió Robert Redondo, de siete años, en el hospital J. M. de los Ríos en la espera de un trasplante de médula; 17 días antes había muerto Giovanni Figuera, de 6 años. El 25 de mayo, dos días después del anuncio, murió Yeiderberth Requena, de 8 años, y 24 horas después murió Erick Altuve, de 11 años. Todos ellos fueron víctimas no solo de la imposibilidad de ser trasplantados, sino de la desinversión en materia de salud, infecciones intrahospitalarias y falta de medicamentos. Con un mínimo porcentaje del gasto militar se podían salvar ellos 4 y los 26 NNA que estaban en lista de espera para ser operados. Algunos aún siguen esperando.

A pesar del gasto que se ha hecho en armas, con preeminencia sobre la vida de los venezolanos, no ha evitado que en los enfrentamientos de Apure la Fuerza Armada Nacional se muestre en desventaja. La desventaja no es solo frente a una guerrilla extranjera, es también frente a los colectivos armados y a las bandas armadas instaladas en los sectores más empobrecidos del país. La banda del Coqui en la cota 905 en Caracas o la de Wileixi en Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, ubicado en el estado Miranda. Estas bandas tienen la capacidad de fuego para apoderarse del club de oficiales de la Policía como sucedió recientemente en la zona de El Paraíso, en la capital del país. Pero ese gasto sí afectó la vida de la gente, el acceso a salud, a alimentos, a educación. Ese gasto disminuyó la inversión social que incide directamente en la vida de los NNA y los arrima cada vez más a la muerte, una muerte que puede presentarse de mil maneras.

Hoy, la ausencia de salud pública y de acceso a vacunación rápida, eficiente y de calidad es más notoria. El Covid-19 ha matado a personas queridas y familiares y sentimos la vulnerabilidad directamente. Aproximadamente 1.500 NNA se han contagiado. La ausencia de inversión pública los limita en su desarrollo al mantenerlos en cuarentena, los coloca en una mayor desventaja ante la pandemia. La vacunación es una urgencia y debe dársele prioridad para que sea universal, sin que esto suponga la desatención de otras áreas que para la infancia y adolescencia son fundamentales como la protección integral. Si debe disminuirse recursos en época de pandemia, no debe ser del área social, porque la vida de la población está en riesgo y los programas sociales, en estas circunstancias, son aún más vitales.

La sociedad en su conjunto debe exigir al Estado el cumplimiento del mandato de prioridad absoluta. En crisis y emergencia es cuando más valor debe tener este principio para la protección integral de la infancia. Aunque la ley sea letra muerta para quienes gobiernan, debe ser la base de nuestra exigencia. Su cumplimiento y los derechos de los NNA deben ser prioridad y la inversión debe darse con base en esta premisa. Desde el pueblo, el grito y la exigencia debe ser cada vez más fuerte y directo, para frenar la muerte, para que ese no sea el destino más próximo de la infancia, para que puedan ser ciudadanos y construir futuro.

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