Visión estratégica propuesta por Bandera Roja para el Primer Congreso del Frente Amplio Venezuela Libre
Venezuela vive una encrucijada dentro de la crisis más profunda de la última centuria. Se conjugan factores y elementos que atañen a retos históricos con afrentas, peligros y riesgos muy inmediatos en los ámbitos político, económico y social para nuestro país, tanto en lo interno como en sus relaciones con el exterior. El régimen dictatorial y mafioso instaurado ha marcado como su principal derrotero mantenerse en el poder a toda costa, y a la par ha provocado la mayor hambruna, desatención y desasosiego en los venezolanos junto con la destrucción de nuestras ya menguadas capacidades productivas propias como nunca antes se ha visto. Este régimen se ha propuesto la sumisión de toda la sociedad a sus arbitrios y para ello ha puesto el acento en la explotación de nuestras riquezas minerales y el aumento de nuestra dependencia de las potencias más desarrolladas, principalmente las agrupadas en el bloque imperialista BRICS, y han hipotecado y siguen subastando las riquezas que nos pudiesen permitir un desarrollo armonioso de nuestra industria nacional y de la producción en el campo.
Bajo la convicción enteramente comprobable de que los venezolanos en más de cuatro quintas partes rechazamos y nos oponemos al gobierno de Maduro y su régimen de facto —y pese a la incertidumbre, desconcierto e incredibilidad que hoy los embargan—, creemos que allí reside la fuerza que habrá de producir el cambio político en nuestro país. Decimos esto pues pensamos que toda la ayuda de las naciones y de los pueblos del mundo es una gran reserva para la lucha democrática que nos hemos propuesto y debemos seguir promoviéndola e incrementándola, pero en absoluto sustituye la acción determinante y decisiva que corresponde, histórica y políticamente, al pueblo venezolano en la conquista de la democracia, del desarrollo y del bienestar. Los habitantes de esta “tierra de gracia” sabremos dar cuenta con nuestra abnegación, valentía y desprendimiento de esta afrenta ignominiosa que pretende continuar dirigiendo los destinos de nuestra patria. Bienvenido todo ese respaldo internacional y tenemos que seguir presionando para que el mundo señale, denuncie y aísle a los capitostes de este régimen antidemocrático, mafioso y delincuente.
Salir del gobierno del usurpador Nicolás Maduro y poner fin al régimen dictatorial que lo respalda, requiere a nuestro modo de ver de tres elementos indispensables:
1.- Una UNIDAD POLÍTICA que ofrezca una alternativa viable y convincente para el logro del cambio y que llene los requerimientos de la mayor cantidad de sectores sociales afectados por el régimen. Convertirnos en alternativa real frente a la crisis —en una verdadera dirección política de las fuerzas opositoras— requiere que esa visión incluyente e inclusiva se afirme con la presentación de una propuesta programática que resuma y sintetice los intereses de una amplísima franja social de venezolanos deseosos del cambio. La estructuración orgánica de dicha fuerza política debe cumplir con el principio de la unidad en la diversidad —tanto ideológica, económica, política o social—, con el respeto a los elementos autonómicos de los distintos organismos integrantes y con saber unir dialécticamente el elemento democrático para la toma de decisiones con el elemento de eficacia ejecutiva y sentido de la oportunidad en la implementación de las decisiones, de los planes y de sus ejecutorias particulares. Este es el reto que tiene frente a sí el Frente Amplio Venezuela Libre y nos acercamos a momentos donde la exigencia será dar en pocos días saltos que nos ha costado meses de discusión y debate para adelantarlos.
2.- Una FUERZA SOCIAL Y POLÍTICA con la suficiente organización, conciencia y disposición para derrotar a la dictadura en las condiciones objetivas y reales en que se presenta esta lucha. Aquí debemos partir de la activación y movilización de todos los sectores en la exigencia de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos frente a un régimen que abiertamente violenta desde la Constitución y las leyes nacionales hasta los convenios y contrataciones colectivas suscritos con los empleados públicos, pasando por el desconocimiento de los tratados internacionales suscritos por la República referidos a derechos humanos en su sentido más amplio. Unir “todas las luchas en una sola lucha” sería un gran avance para las fuerzas del cambio y los pininos que se han dado en las últimas semanas deben reafirmarse con planes de formación política de líderes sociales, de consolidación de las estructuras de lucha, de fortalecimiento de las organizaciones naturales del pueblo (sindicatos, colegios, consejos, asociaciones, gremios, etcétera), de la extensión de la solidaridad y acercamiento entre los distintos sectores sociales, de incorporación de las demandas de los productores, comerciantes e industriales nacionales, de mayores pronunciamientos contra la dictadura de las instituciones académicas y de investigación. Todo ello va a requerir del impulso de organizaciones de base de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos —más allá de su militancia o no en un partido político— y por ello proponemos que asumamos como línea lo planteado en el artículo 70 de la Constitución sobre las asambleas de ciudadanos y el carácter vinculante de sus decisiones con respecto a los órganos del poder establecido.
3.- Una ESTRATEGIA DE LUCHA Y ACCIÓN que atraiga a la ciudadanía y la convenza de que mediante ella podemos conquistar el cambio. Esta pudiera resumirse en la escogencia de un camino, en una visión integradora de la diversidad de formas de lucha y en un proceso de acumulación de fuerzas muy diversas que confluyan en acciones determinantes contra la dictadura. La propia Constitución nos ofrece un camino para su restitución e insta a todos los ciudadanos, “investidos o no de autoridad”, a defenderla contra cualquier atentado a su vigencia e imperio (ver artículos 333 y 350). Por lo tanto rescatar la democracia —“una sociedad democrática, participativa y protagónica”, como dice la Constitución en el preámbulo— pasa por lograr el respeto íntegro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tanto en su concepto de un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, pues solo así pueden abrirse las compuertas para que se cumplan y ejecuten el resto de derechos políticos, sociales e individuales hoy conculcados por la dictadura, comenzando por el artículo 5 que plantea que la soberanía reside en el pueblo y es intransferible y la ejerce directa e indirectamente, vulnerado abierta y descaradamente al establecer una espuria asamblea constituyente con una minoría de apoyos de por sí dudosos. Este camino constitucional lo resumimos en una rebelión democrática de ciudadanos, partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones del Estado contra el régimen dictatorial. Fijar este norte no implica que reduzcamos el juego político en la actual circunstancia de restricción de derechos y libertades, sino al contrario a la ampliación que conduzca a la lucha por la revalorización del voto popular y el rescate de los espacios democráticos por la resistencia popular, al impulso de acciones de denuncia de los desmanes y las corruptelas de las mafias gubernamentales, en fin, al impulso de una diversidad de formas de lucha que hagan cada vez más insostenible al poder usurpador y fuercen a su salida, desplazamiento o alguna otra solución. En lo referido a la acumulación de formas de lucha, es imperioso cesar los ataques dentro de las fuerzas opositoras y dirigir políticas y acciones específicas para desprender y atraer hacia este campo a sectores que aún apoyan al actual gobierno, ya sean civiles o militares, dirigentes o militantes, individuos o grupos. En la medida en que reduzcamos el campo de acción política de la dictadura, sería menos traumático cualquier desenlace que produzca su desplazamiento.
Comité Político Nacional / BANDERA ROJA / Caracas, noviembre de 2018