Pedro García, COPENJUVE: Dejaremos nuestro último aliento en la calle por una pensión constitucional

El 9 de marzo se cumple un año de la entrega de un pliego de peticiones, por parte de los pensionados, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Doce meses después siguen sin respuesta. Este 9 de marzo volverán a manifestar en las sedes del Seguro, a escala nacional, para ratificar las exigencias.

«Hemos seguido en la calle acompañando todas las manifestaciones y protestas del resto de los trabajadores que han estado en pie de lucha, en especial el magisterio. Hemos mantenido una lucha constante por el pliego de peticiones que no ha recibido respuesta. Lo entregamos el 9 de marzo en la presidencia del IVSS en Caracas, en 23 oficinas regionales. Fue un día histórico para nosotros, una gesta que marcó un antes y un después, porque motivó, entusiasmó al resto de trabajadores de la administración pública que, viendo el ejemplo de los pensionados en esa acción masiva, reactivaron las luchas», señala Pedro García, directivo de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Venezuela (COPENJUVE).

Para García ese 9 de marzo marcó un hito. «El gobierno adelantó el anuncio del salario mínimo producto de esa acción del 9 de marzo. Pero la insensibilidad de un gobierno que no ha aumentado desde el año pasado, un año con pensionados y sueldos congelados, poco menos de seis dólares, mientras la canasta básica supera los mil dólares y la canasta alimentaria está cerca de 480 dólares». Hoy «pensionados y jubilados hemos tenido que recurrir a la ayuda familiar, a lo que nos puedan aportar familiares; a la venta de nuestros utensilios, electrodomésticos, muebles, colchones que teníamos por allí. No nos queda alternativa sino vender las pocas cosas de patrimonio familiar que teníamos. Muchas personas están en la calle, vendiendo café y manzanilla, vendiendo pastelitos».

El pliego tenía seis peticiones, recuerda García: exigencia de aumento de la pensión del IVSS según el artículo 91 de la Constitución; es decir, ingreso suficiente para vivir dignamente y con calidad. «Estamos exigiendo algo constitucional. Exigimos una pensión constitucional. No exigimos nada fuera de la Constitución».

También exigieron que se les paguen las pensiones a los pensionados en el exterior, ya que «el gobierno de Maduro las suspendió hace siete años y cuatro meses. Es una cosa nunca vista. Son seis países con convenios internacionales, como Portugal, España, Italia, Ecuador. Son más de 25 mil pensionados del Seguro Social en esos seis países. No estamos incluyendo el grueso de los pensionados que están en el resto del mundo, que han dejado apoderados en Venezuela, pero muchos de ellos no han podido cobrar su pensión».

Solicitaron se reactive el suministro de medicinas de alto costo, para enfermedades como diabetes, afecciones cardiológicas, cáncer. También los exámenes de laboratorio, electrocardiogramas. «Esta es una exigencia que hacemos: que se restituyan, son derechos legales establecidos en la ley del seguro social. Eso ha sido suspendido desde 2007-2008».

Otro aspecto que reclaman es que las pensiones se paguen de acuerdo con la ley del IVSS. «El salario mínimo es una referencia, pero las pensiones deben ser diferenciadas. Si una persona tenía 2.800 cotizaciones y un sueldo elevado no puede tener el mismo monto de pensión que quien cotizó 750. Eso no se está cumpliendo desde los años 90. Se homologó la pensión igual al salario mínimo, y no es así, porque el cálculo debe hacerse diferenciado», enfatiza García.

La quinta petición es que se reactive la oficina de enlace entre el comité de pensionados y el IVSS: «Era una comisión presidencial de la época del presidente Chávez, que fue eliminada. Allí se analizaban casos, se consultaban las situaciones. Era una reivindicación importante. Ahora la relación con los pensionados del IVSS quedó en el limbo, sobre todo desde que la presidencia de la institución quedó en manos de militares, y ellos, pensando que era un cuartel, eliminaron ese enlace».

Nadie del IVSS los llamó durante un año, explica. «Se introdujo ante el Ministerio del Trabajo la misma solicitud, y tampoco recibimos respuesta. Se acudió a las oficinas regionales con la misma exigencia. Se ha entregado en las gobernaciones, para que los gobernadores intervengan. Se ha ido a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, con las mismas peticiones. Uno creyendo que esas instituciones que deberían ser autónomas puede intervenir, pero ni respuesta hemos recibido».

En su periplo fueron a la Vicepresidencia de la República. «Nos atendieron algunos funcionarios, nos permitieron ir allí, nos atendieron amablemente, nos dijeron que nos iban a llamar, que les parecía que teníamos razones, que todo era legal y constitucional, y todavía esperamos respuesta», rememora.

Comenzaron este año activos, y desde el 9 de enero «no hemos parado de acompañar a otros trabajadores. Muchos trabajadores son pensionados y están peleando por sus reivindicaciones. El caso de los maestros, una discusión colectiva congelada sin avances ni solución».

Este 9 de marzo manifestarán en la mayoría de los estados. En el caso de Caracas, en la esquina de Altagracia. «Allí vamos a entregar un nuevo documento, recordatorio de que hace un año entregamos un pliego de demandas y no hemos recibido respuesta. Estamos planteando que la pensión debe ser constitucional, lo que está establecido en el artículo 91. Es urgente que recibamos un aumento de la pensión. En este momento estamos sometidos a un exterminio, tenemos pocos alimentos, pocas medicinas, muy despacio estamos siendo sometidos a un exterminio, la vida se nos acorta, y eso está catalogado el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad al someter a una población a privación».

Considera que un Estado que paga 130 bolívares al mes a sus pensionados «conscientemente está sometiendo a los pensionados al exterminio. Muchos de nosotros que nos consideramos víctimas hemos solicitado que el fiscal de la CPI, Karim Khan, considere esto como crímenes de lesa humanidad, para que lo incorpore a su expediente. Estamos por debajo del marcador del Banco Mundial del ingreso de indigencia».

A la comisión de diálogo de la OIT que vino en enero «se entregó este planteamiento sobre los pensionados para que intercedieran ante el Ministerio del Trabajo. El ministro del Trabajo dijo que va a atender y a llamar a las organizaciones de pensionados para establecer la posibilidad de diálogo, y casi dos meses después estamos esperando que el ministro nos llame».

García sostiene que no tienen otro camino que la protesta. «No vamos a dejar la calle, dejaremos nuestro último aliento en la calle. No son dádivas, son derechos constitucionales. Nosotros cotizamos durante más de 30 años al Estado patrono. Anunciaremos un nuevo cronograma de acciones para mantener viva la llama. Seguiremos integrados al resto de las protestas, haciendo fuerza, porque muchas de las luchas que están librando son justas y las vamos a acompañar».

-¿De cuánto es la pensión constitucional?

–Estamos exigiendo que por lo menos sea igual a la canasta alimentaria, de 480 o 500 dólares en promedio, que es lo que cuesta una canasta de alimentos para cinco personas en promedio. Es lo mínimo vital que estamos exigiendo, hasta que se llegue progresivamente a la canasta básica, que dice la Constitución.

No tienen datos de fallecidos en este año por falta de medicinas o alimentos. Pero García reitera que mantenerse vivo implica alimentación de calidad. «Muchas muertes de personas de tercera edad se pudieran evitar si estuviesen bien alimentados, su tuviesen las medicinas. Se están despidiendo antes de tiempo. La mayoría de los adultos mayores no tienen cómo extraerse una muela, su dentadura está inservible, conozco colegas que ya no pueden masticar».

-¿Qué esperan que ocurra el jueves?

-Este jueves queremos que nos reciba la máxima autoridad del Seguro Social. Esperamos que tenga la delicadeza, la sensibilidad y el respeto de recibirnos. Pareciera que somos enemigos, porque solo al enemigo se le trata de esa manera. Nos sorprende el trato amable del gobierno con los empresarios; permanentemente se reúne con el sector empresarial, cosa que debe hacer, se reúne con el poder económico y con los trabajadores y pensionados no se reúne, el tratamiento es como si fuésemos enemigos, como si no tuviésemos derechos constitucionales. Estamos en la calle porque no se nos escucha, no se nos atiende, y mientras no nos escuchen nos mantendremos en la calle.

-¿Que puede hacer cambiar?

–La radicalización de la protesta de los trabajadores de manera unitaria, masiva, contundente y permanente, con una exigencia única. Son exigencias de vida o muerte. Eso podría hacer cambiar la situación actual, implicaría el movimiento de protesta con mayor contundencia y que se ejerza la presión para que el gobierno entienda que debe resolver la situación de emergencia humanitaria en la que se encuentran los adultos mayores. Creemos que el gobierno usa como excusa el diálogo con la OIT para no otorgar los aumentos que corresponden, porque valiéndose de mecanismos dilatorios y burocráticos nos están llevando a mayo y junio para que el gobierno produzca un nuevo aumento. La otra gran excusa con las sanciones, un bloqueo que funciona para algunas cosa y para otras no. Se importan vehículos de lujo, camionetas, traídas desde los vehículos que supuestamente están bloqueando. Ingresa mercancía exquisita a los bodegones, que viene con dólares usados para favorecer a una minoría de empresarios en Venezuela que están obteniendo a manos llenas los dólares de las reservas internacionales. La producción petrolera ha mejorado, dicho por el propio gobierno nacional. Chevron ha dicho que está por los 100 mil barriles diarios de petróleo, también se cae el argumento de bloqueo y las sanciones. El gobierno de Venezuela se está entendiendo con el gobierno de Estados Unidos y con empresarios estadounidenses. Las sanciones no resuelven problemas de tipo político, es el pueblo el que sufre las consecuencias, los altos funcionarios nunca van a sufrir las experiencias negativas, porque tienen recursos para soportar. Esa excusa no se soporta en la realidad cuando vemos el nivel de vida, exhibiendo el lujo ante los ojos de los pobres de manera grosera.

-¿Pueden estar así eternamente?

-Hay un límite. Apostamos a que nuestra lucha va a dar el fruto, va a lograr que el gobierno entienda que debe resolver urgentemente el problema de los ingresos, de la seguridad social, de la salud, de los pensionados y del pueblo. Todo tiene un límite, y el gobierno también lo tiene. Vamos a ver si va a poder con protestas diarias que van a ir creciendo, que van a radicalizarse, que van a ser variadas con otras formas de lucha constitucionales y cívicas. Que se olvide el gobierno de su discurso golpista, no es lo que van a encontrar aquí. Tal vez lo tiene en la Fuerza Armada, que tienen las armas. Los recursos bélicos solo los tiene el Estado venezolano en sus cuarteles. Eso ni los seguidores del régimen lo creen. Es infantil pensar que los pensionados podemos estar organizando guarimbas, acciones violentas. La acción violenta la ejerce el Estado cuando priva de alimentos y medicinas a los pensionados. Eso sí es violencia. Exigimos nuestro derecho a seguir viviendo y estamos amparados en la Constitución, que ahora le resulta incómoda al gobierno.

-¿Qué institución debe actuar?

-La defensoría del Pueblo, el Ministerio Púbico. Son instituciones que están de adorno, que no cumplen con su papel, que no atienden las necesidades y la crisis humanitaria del pueblo y de los pensionados. Si dejaran de ser apéndices de ejecutivo nacional y cumplieran sus funciones, otra historia sería. Actualmente funcionan como apéndices del ejecutivo nacional. Es parte del drama. El llamado es a que cumplan su papel como lo manda la Constitución y no obedecer a las políticas de hambre de un presidente.

-¿Con 4.000% de hiperinflación pueden sobrevivir?

-No. Estamos siendo exterminados por la política económica de gobierno. Estamos sospechando que es una inflación inducida por el gobierno, para otorgar un ajuste y volver a nivelar; una indexación hacia atrás. Esa inflación no la aguanta nadie. El gobierno está obligado de inmediato a resolver ese problema, porque tiene un problema mu grande. ¿Qué pretende el gobierno? ¿Una explosión social? Nosotros no deseamos eso. Los pueblos, cuando se enfurecen, se lleva lo que sea por delante, y eso no le conviene a nadie. Eso agravaría los problemas del país. ¿Hasta cuándo el gobierno va a retar a los trabajadores, a los pensionados y a la tercera edad? No puede ser tan indolente, tan insensible y tan criminal. Es un crimen lo que están cometiendo. Llamamos al pueblo a que nos acompañe en todas las acciones de protesta. Nuestros familiares más jóvenes, porque el activo de hoy será el pensionado de mañana, y dependiendo de lo que conquistemos hoy tendrán ese beneficio mañana. No pueden estar a espaldas de esta lucha. Pobre sociedad que no se ocupa de los adultos mayores. Hacemos un llamado a la conciencia: en todos los hogares hay personas de la tercera edad. Deben acompañar a sus viejos para que restituyan los beneficios que nos han despojado. A los trabajadores y organizaciones sindicales les pido que se unan, que logren la coordinación de unir todas las luchas en una sola lucha, sin sectarismo, sin exclusión, con verdadero sentido de la solidaridad y el compañerismo. No es momento de protagonismo individual ni liderazgos mesiánicos, que han hecho daño y engaño a Venezuela. El liderazgo es de los trabajadores, del colectivo. Quien quiera ser candidato, que no esté utilizando las luchas de los trabajadores para escalar posiciones. Eso es engañar a los trabajadores. Estamos cansados de ese liderazgo que, aprovechando las necesidades, busca escalar proyectos personales que no tienen nada que ver con los trabajadores. Que se piense primero en el colectivo y los trabajadores.

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