Al
auscultar la situación del sindicalismo venezolano, las razones de la crisis
que hoy la embarga, es imprescindible ver grosso
modo
la circunstancia por la que atraviesa el país, y discernir si dichas
razones deben ser adjudicadas al gobierno —este que hemos tenido por más de
tres lustros y/o los anteriores a él—, a la dirigencia sindical, a la
dirigencia político-partidista, a la forma concreta de realización del hecho
económico, a la falta de actualización de la función sindical en un contexto
socio-político, etcétera. Quizá este análisis requiera de mucho más tiempo y de
una mayor profundización que apunte a dotar a los trabajadores y sus
organizaciones sindicales y gremiales de instrumentos de lucha suficientemente
eficientes y eficaces para enfrentar los retos que hoy le depara tanto el
régimen político establecido en el país como la convulsionada situación
internacional y sus reflejos en nuestro territorio.
Venezuela
está en una encrucijada histórica: o continúa por el camino del desastre o lucha
por cambiar las cosas en beneficio del país y de los trabajadores. Los cambios económicos
y sociales introducidos las últimas tres décadas —y arreciados en los 17 años
finales— nos han conducido al deterioro creciente de las condiciones de vida y
de trabajo y han destruido gran parte de las capacidades productivas propias,
convirtiendo a nuestro país en importador neto de la mayoría de bienes de
consumo que suplen las necesidades de nuestra población y de medios de
producción requeridos para la menguada industria nativa.
Nuestra
economía vive la más profunda y generalizada crisis de los últimos cien años.
Pese a que en la última década el Fisco ha contado con extraordinarios ingresos
por los altos precios del petróleo y exacciones tributarias, tanto la
producción industrial y manufacturera como la producción agrícola han caído
abruptamente. En este largo período, en vez de sustituir el producto importado,
la producción nacional feneció ante la enorme cantidad y diversidad de importaciones.
Junto
a ello se afectó negativamente la valoración del trabajo como principal factor
de la creación de riqueza, reforzándose la mentalidad “rentística”, la
dependencia del subsidio, la cultura de la “viveza criolla” y la visión
desclasada e individualista —propia del lumpenproletariado— para resolver las
necesidades vitales de los trabajadores y sus familias. Todo ello en medio de
la imposición de un régimen que, con el falso discurso de estar construyendo un
tal “socialismo del siglo xxi”,
desconoce la autonomía de las organizaciones sociales y sindicales en
particular —queriendo convertirlas en instituciones estatales y burlándose de
la libertad e independencia sindical— y birla recursos fundamentales para el
mejoramiento de las condiciones de trabajo como es el derecho a huelga y a la
contratación colectiva, negando la posibilidad de un diálogo social donde el
sindicalismo participe activamente en la toma de decisiones sobre los decretos,
las leyes y las políticas económicas y sociales que afecten al trabajo y a las
relaciones sociales para producir.
Podemos decir sin ambages que los trabajadores y los sectores
populares viviremos una gran penuria de no disponernos a asumir otro derrotero,
si no se lucha por un cambio de fondo en el rumbo económico y político. En ello
la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) compromete sus mejores
esfuerzos, y pensamos que el sindicalismo en su conjunto no podrá atender sus
problemas particulares si no inscribe su accionar en el torrente del cambio
hacia una sociedad del trabajo, la producción, el mérito, la educación y la
profesionalización, del progreso, del desarrollo sostenido, que de verdad
refuercen una línea de fortalecimiento de nuestra soberanía y nuestra independencia.

Los
trabajadores, en este contexto, tenemos una especial relevancia en la
construcción de consensos con sentido de inclusión social para garantizar el
éxito de la visión económica en el largo y mediano plazo. El crecimiento y
desarrollo económico de Venezuela requiere de un proceso de reformas
estructurales que garanticen la estabilidad económica. La instrumentación de la
política económica debe ser el mecanismo para alcanzar el bienestar social, lo
cual requiere la liberación de las fuerzas productivas. En esa búsqueda se hace
impostergable la necesidad de un nuevo contrato social incluyente y
estructurado que haga viable la convivencia del sector público con el sector
privado.
El
bienestar de la sociedad para que sea sostenible depende, en forma determinante,
de la mejoría en la producción y en la productividad, sean provenientes de la
tecnología incorporada en el capital físico como en el capital humano logrado a
través de la educación. En esta dirección, los beneficios alcanzados mediante
negociaciones salariales pueden representar mejorías en bienestar para los
trabajadores si ocurren en este marco. En el caso contrario, las negociaciones
puramente salariales —sin la referencia a su poder adquisitivo, es decir, solo
salario nominal— llevarán únicamente beneficios efímeros a los trabajadores y,
consecuentemente, efectos transitorios y muchas veces ilusorios sobre su
bienestar.
De
esta forma, las políticas laborales deben basarse en programas nacionales de
mejoramiento continuo de las capacidades productivas. Ello implica que el nuevo
consenso social requiere de forma explícita que las reivindicaciones al trabajo
se encuentren directamente vinculadas a la dinámica de la elevación de nuestra
producción nacional.
A)     ¿De cuál crisis sindical hablamos?
Deberíamos
comenzar por señalar los problemas más acuciantes del sindicalismo y/o sus expresiones
más notorias. Por razones de tiempo los enumeraremos:
i)        
Política
corporativista
—con apoyo legal e institucional—
de parte del gobierno que niega la autonomía y busca la conversión del
sindicato en aparato de Estado. Los avances en esa dirección se expresan en la
aprobación fraudulenta de una ley orgánica del trabajo violatoria de la propia
Constitución y de los principales convenios internacionales de la OIT que la
República ha ratificado formalmente, y la de otras leyes que en forma directa o
indirecta conculcan de hecho el derecho a la sindicación, a la contratación
colectiva, a la huelga, etcétera.
ii)      Militarización
de las relaciones laborales expresada tanto en la presencia de una cantidad
cada vez mayor de efectivos militares que encabezan instancias de la administración
civil como en el imperio del “ordeno y mando” en la comunicación entre las
organizaciones sindicales y las esferas gubernamentales.
iii)    Discriminación,
represión y negación
abierta de derechos
constitucionales y legales en contra de la dirigencia sindical que lucha. A
esto se une el chantaje y la amenaza hacia gran parte de dirigentes sindicales
de diversa inclinación política para que acepten las imposiciones provenientes
de la administración pública.
iv)    Ningún
atisbo de apertura de espacios para un diálogo
social
respetuoso de las legítimas representaciones de los trabajadores. Reducción
significativa, casi absoluta, del sindicalismo autónomo —e incluso hasta del
oficialismo sindicalista genuflexo— como actor en la definición de políticas en
torno al empleo, producción, relaciones laborales, etc.
v)       Coacción
y reducción al mínimo de la contratación
colectiva
, y disminución de la cantidad de trabajadores amparados por este
instrumento en las relaciones laborales. Al destruirse buena parte de la
inversión privada en la industria y agricultura, se aumenta el peso de los
trabajadores dependientes del Estado —funcionarios directos o empleados indirectos—
en el conjunto de trabajadores organizados sindicalmente, y con ello surte
mayor efecto la presión y el chantaje provenientes del gobierno a favor del
sindicalismo “amarillo”.
vi)    Disminución de la
influencia directa
—tanto organizativamente como en
la capacidad de impulsar un mayor activismo— por parte de los sindicatos y
federaciones sindicales autónomas para desarrollar iniciativas y acciones de
lucha en torno a violaciones contractuales, irrespeto al fuero sindical,
actuaciones arbitrarias de las instancias administrativas y/o jurídicas del
trabajo, y en general ante el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo
de los afiliados.
vii)  Dispersión y desunión
dentro del sindicalismo que defiende la autonomía y la libertad sindical, en
muchas ocasiones cruzadas por problemas de liderazgo y diferencias personales,
más que por posturas políticas y/o ideológicas. El paralelismo asociado al
impulso de sindicatos genuflexos al oficialismo ha cobrado efecto en la
disminución de la fuerza de los sindicatos autónomos, y en la capacidad de
estos últimos en ser determinantes para el logro de avances reivindicativos.
viii) Errores
y desubicación
dentro de la dirigencia sindical
para desentrañar la naturaleza del régimen impuesto bajo la autodenominación de
“socialismo del siglo xxi”, por lo
cual las respuestas han estado cargadas de subjetivismo y visiones equivocadas
de lo que se puede esperar de aquél.
ix)  Incremento
en las filas del sindicalismo de elementos
perniciosos
—sicariato, corrupción, descomposición ética,
“mercantilización” de derechos laborales, — y destructores de la credibilidad
de sus fines ante los ojos de la sociedad y de los jóvenes que recién ingresan
al mercado de trabajo. La delincuencia abierta amenaza, en forma directa o
indirecta, al ejercicio de una función sindical limpia, honesta y clasista, y
se convierte también en otro flanco de chantaje y agresión.
x) Disminución
de las labores de educación, enseñanza e
instrucción
de las organizaciones sindicales para ir construyendo,
consolidando y fomentando la renovación de la dirigencia sindical y para
mejorar la visión que tiene la sociedad sobre los fines y metas del sindicalismo
clasista y democrático.
xi)    Deficiencias
en el cumplimiento de los parámetros democráticos para la escogencia de las
dirigencias sindicales, en primer lugar debido al control estatal combinado de
CNE y MTSS y las trabas que ellos imponen, y en segundo lugar por la remisión y
dejadez de dirigentes que desean eternizarse en los cargos y velan en mayor
medida por seguir usufructuando de los proventos que ellos le deparan.
B)     Un sindicalismo clasista, autónomo,
democrático y combativo
Cuando
al inicio señalamos que deberíamos ir “a las raíces y a los principios” como
lema básico para atender los problemas por los que atraviesa el sindicalismo,
nos referíamos a que el movimiento de los trabajadores debe erguirse sobre sus contradicciones
y debilidades y poner por delante los principios de solidaridad y unidad de la clase por encima de las diferencias
políticas o ideológicas y de las inclinaciones partidistas, religiosas o de
otra índole. Entender que mantener su autonomía con respeto a los patronos, a
los partidos y al Estado no significa ser antipolítico o apolítico, sino al
contrario: desarrollar una política
que exprese los intereses inmediatos y de largo plazo de los trabajadores
frente a las diversas circunstancias económicas, políticas y sociales por las
que atraviese la nación, e incluso sus referencias con los problemas
internacionales.
La
dinámica sindical necesariamente exige la lucha por la democratización de la
sociedad: es casi imposible desarrollar la acción sindical en circunstancia de
dictadura o de regímenes que irrespetan y violentan los derechos laborales, en
tanto derechos humanos que son; más aún —como es nuestro caso— cuando con
supuestos discursos “socialistas” o progresistas se erige un Estado represivo,
discriminatorio y despótico. De aquí que los sindicalistas no pueden hacerse la
vista gorda frente a la restricción de los espacios democráticos y frente a la
conculcación de derechos económicos y sociales, junto a los derechos civiles y
políticos. En este sentido un sindicalismo democrático se expresa tanto a lo
interno de su propia organización —fomentando la comunicación constante, la
rendición de cuentas, el informe oportuno, la apertura para la renovación
dirigencial, el ejercicio asambleario, etc.— como frente a la sociedad en su
conjunto. Ser democráticos entonces no es una frase para adornar nuestro
accionar sindical, sino un compromiso con nuestros afiliados, con todos los
trabajadores y con toda la población que vive de un salario, de un sueldo o de
una pensión.
El
énfasis que hacemos en el sindicalismo por defender el derecho a huelga, en
particular, se basa en el entendimiento del carácter contradictorio esencial
que existe en las relaciones obrero-patronales y en la necesidad de contar con
herramientas a favor de los trabajadores que obliguen al patrono a sentarse a
conversar y discutir con la representación obrera y a ofrecer salidas dignas
ante las justas exigencias que se hacen desde la masa trabajadora. Por supuesto
que la búsqueda en definitiva es el logro de un acuerdo que permita retomar el
acto económico con más bríos y con mejores condiciones laborales y de vida. Sin
embargo, es nuestro deber crear en los trabajadores una conciencia de lucha que
le haga entender en primer lugar la necesidad de sindicación, de unirse con sus
compañeros, de participar activamente en la conquista de reivindicaciones, de
entender al sindicato también como una instancia de formación y avance en la
comprensión de los problemas inherentes al trabajo y su relación con la
sociedad. El espíritu de lucha no es lo mismo que una actitud aventurera o de
resentimiento y revancha, sino en la búsqueda de “un mundo mejor para los
trabajadores”.
C)     Unidad: superar las flaquezas y fortalecer la
institución sindical
Es imperioso que los diversos sectores
que hacemos vida en la lucha sindical y gremial entendamos los peligros y los
retos que en esta circunstancia se les presentan a los trabajadores. Ante un
Estado que muestra signos evidentes de descomposición y putrefacción, donde la
administración pública se ha autonomizado como un juego de reparto entre
mafias, donde la separación de poderes es una ilusión y las instituciones
—legislativas, judiciales, electorales, “morales”— son apenas oficinas
totalmente dependientes del gobierno central, donde el deseo de eternizarse en
el poder les hace cometer y justificar cualquier desafuero y atropello contra
cualquier derecho y hasta contra la misma Constitución, las organizaciones
sindicales estamos en la obligación de echar a un lado y posponer nuestras
diferencias, apostando por metas y objetivos que nos unifiquen más allá del
aumento salarial, el contrato y la exigencia de libertad y autonomía. Las
diferentes instancias sindicales deben apuntar a fortalecer a las instituciones
sindicales —sindicatos de base, federaciones y confederaciones—, a disminuir el
paralelismo, a unificar acciones educativas y formativas, a presentarse con un
planteamiento programático unitario y a ofrecer una plataforma y una ruta para
luchar por las reivindicaciones más urgentes. La Unidad de Acción Sindical y
Gremial (UASG) debe mejorar sus procedimientos internos de consulta y decisión,
y acordar mejores formas de relacionamiento con las luchas en desarrollo y con
la opinión pública; debe dotarse de un basamento sencillo que contemple lo
básico del planteamiento fundacional, del funcionamiento, de la vocería y del
alcance de los compromisos.
D)     Un programa para la reconstrucción del país
Los
trabajadores debemos levantar una alternativa que garantice la superación del actual
estado de cosas, que apunte hacia la prosperidad.
Antes que nada, se requiere una amplia y sólida unidad
nacional para reconstruir el país sobre la base del desarrollo nacional.
Unidad que se construye resumiendo los intereses de los distintos sectores que
desean el rescate del país, el desarrollo y el bienestar. Una garantía de que
al conquistar el desarrollo y la independencia practicamos una verdadera
democracia sustentada en la más amplia participación ciudadana y en el respeto
a las libertades democráticas.
1.    El
primer y principal objetivo es impulsar el desarrollo nacional sobre la base de
una revolución industrial que
enrumbe el país hacia la producción de lo que necesita su gente. Contamos con
riquezas que bien pueden garantizar la base de esta meta: petróleo, bauxita y
otros minerales, como coltan y vanadio, recursos agrarios e hídricos, base de
sustentación del desarrollo acelerado de la economía nacional.
2.    El
petróleo debe convertirse en palanca para
el desarrollo. La renta debe ser aprovechada en función de la inversión
productiva, el desarrollo nacional y, por ende, debe apuntar hacia la creación
de puestos de trabajo de calidad, de trabajo decente. El aumento de la
producción del crudo debe acompañarse de diversificación de la industria
petrolera.
3.    Una
meta fundamental para lograr los objetivos anteriores es alcanzar la soberanía agroalimentaria. Parte de la
inversión productiva debe ser destinada al agro, aprovechando la riqueza de
nuestros suelos y las bondades de nuestro clima que garantizan un auge
inusitado de la producción agrícola y pecuaria. Inversión, asistencia técnica y
mercado seguro son la base para alcanzar esta meta.
4.    La
demanda de la población venezolana debe ser satisfecha con la producción nacional,
asequible y de calidad. El mercado
nacional debe ser para la producción nacional principalmente. La
industrialización del país y la soberanía agroalimentaria conducen a mayor
bienestar, basado en el empleo productivo. En consecuencia un salario decente
que garantice más bienestar sirve para un sólido mercado para la producción
nacional.
5.    La
educación es elemento importante
en la transformación productiva. Ello hace posible la incorporación de la
tecnología en los procesos productivos y crea las condiciones necesarias para
la innovación. La política educativa debe estar orientada al mejoramiento de la
educación formal y al apoyo a la educación técnica.
6.    Una
nueva democracia basada en la
participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, el rescate de
principios y valores de la democracia, como la alternabilidad y la división de
poderes, junto al respeto e impulso de las más amplias libertades democráticas,
garantizan la construcción de una nueva manera de gobernar y de nuevas
relaciones entre el gobierno y la ciudadanía y sus organizaciones autónomas.
7.    Una
nueva ética ciudadana cristalizada
principalmente en la función pública y la actuación política basada en el
interés del país, los trabajadores y el ciudadano, por encima de cualquier
interés particular. Esta nueva ética se convierte en una palanca de la participación
en la reconstrucción del país productivo que las grandes mayorías reclaman.
E)      Una plataforma unitaria
Nuestros
innumerables esfuerzos para que el Ejecutivo Nacional respete la autonomía y la
libertad sindical y abra verdaderos espacios para el encuentro, el diálogo y el
consenso en torno a los principales determinantes del trabajo como hecho
social, han devenido en infructuosa búsqueda. Como respuesta solo ha habido
intransigencia, arbitrariedad, sectarismo y prepotencia de gobernantes que
levantan el populismo como discurso para ocultar su visión militarista y
corporativista en las relaciones con las organizaciones sociales autónomas, y
en particular con los sindicatos que tienen su compromiso fundamental con sus
agremiados, con la defensa de la democracia y con los principios universales de
defensa de los derechos laborales en tanto derechos humanos que son. Desde ese
discurso populista han edificado un régimen de arbitrariedades y desafueros que
son ocultados por decisiones leguleyas y apoyadas por sectores oficialistas dentro
del sindicalismo.
Los
trabajadores venezolanos estamos impelidos a levantarnos contra la política destructiva
implantada en los últimos años. Una Plataforma de Luchas que unifique a todos
los trabajadores venezolanos debe ser preámbulo de los objetivos programáticos
antes indicados. La consigna principal debe ser “que la crisis no la pague el pueblo trabajador”.
1.       
El rescate y la
protección del poder adquisitivo del
salario y el respeto al valor
de nuestros pasivos laborales tienen un lugar principal en el desarrollo de
nuestras luchas, frente a la voracidad de una irrefrenable inflación.
2.       
El respeto a la contratación colectiva y a la libertad sindical es elemento central
para fortalecer las organizaciones sindicales en un rol que reivindique a la
función sindical y la vincule con la búsqueda de una sociedad donde prive la
solidaridad, el respeto, la igualdad y el progreso como principios de las relaciones
humanas, y que a la par sea un freno a las acciones anárquicas y violentas en
la resolución de los conflictos laborales.
3.       
La implantación de un sistema de seguridad social que esté
afincado en el desarrollo del trabajo productivo nos dará mayor solidez y
sostenibilidad a futuro, y disminuiremos los peligros y vulnerabilidades de los
planes de asistencia social basados única y exclusivamente en la variable y
voluble renta petrolera.
4.       
Es vital el impulso de
amplios espacios para el diálogo social,
en el cual los trabajadores participemos permanentemente en la búsqueda y
afianzamiento de acuerdos y consensos que posibiliten una acertada aplicación
de las políticas de desarrollo nacional y de respeto a los derechos laborales.
Proponemos estas ideas,
con la intención de que lo importante pueda conjugarse con lo urgente, y en esa
medida vayamos contribuyendo a dar respuesta tanto a la exigencia del momento
como a los cambios trascendentales de que está urgido el sindicalismo
venezolano.
¡Por
un mundo mejor para los trabajadores!
Confederación
de Trabajadores de Venezuela (CTV)

Caracas, septiembre
2015

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