Impotencia, rabia y dolor es lo que sienten los colegas de la profesora Luisa Cesar, asesinada esta mañana (jueves 12 de enero de 2017) frente a su centro de trabajo: la Escuela Bolivariana Nacional Ricardo Montilla, ubicada en la urbanización Vicente Emilio Sojo de Guarenas, Municipio Plaza del estado Miranda. La colega se disponía a bajar de su vehículo y fue sorprendida y sometida presuntamente por un delincuente solitario, quien al intentar despojarla del mismo y no lograrlo, le hizo un disparo en el cuello dejándola gravemente herida. El delincuente huyó a pie por la terraza A de la citada urbanización. Luisa César no tuvo suerte y al ser trasladada al seguro social, falleció lamentablemente.

Alegre, cordial compañera y colaboradora, fueron rasgos distintivos de su personalidad. Hasta hace un año era la responsable del Programa de Alimentación en el plantel y gozaba del aprecio de toda la comunidad educativa. Deja dos hijos en edad adolescente, su esposo y una familia consternada.

Detrás de esta nueva muerte que enluta a sus familiares (Luisa Cesar era oriunda de Upata, estado Bolívar) y a sus compañeros de trabajo, está la realidad de un Estado y un gobierno que dejó a sus ciudadanos a merced del hampa desatada e incontrolada. Una muerte que pudo ser evitada si los organismos policiales cumplieran con su deber de patrullar las adyacencias de la zona, que se convirtió desde hace años en zona roja. Al lado de la Escuela Ricardo Montilla funciona la sede de la UNEXPO y el año pasado fue violada una alumna de esa universidad. Después de las protestas que desarrollaron los estudiantes y profesores de la misma, la Policía de Guarenas colocó un punto de control a 300 metros de la escuela y la UNEXPO, y con el pasar del tiempo la presencia policial se tornó intermitente, a veces se colocaban dos policías a platicar. Pero esta mañana, cuando asesinaron a Luisa Cesar, la policía brillaba por su ausencia.

En 2013 se anunció con bombos y platillos una nueva política de seguridad que consistía en crear zonas de paz donde no entraba la policía y los colectivos velarían por la seguridad en las mismas. Se cambió el esquema represivo contra el hampa por una concepción humanista y preventiva. Se retiraron los policías escolares, se retiraron los módulos cercanos a los centros educativos con la excusa que eran contraproducentes y otras medidas. Hoy, como balance, podemos denunciar que han sido un fracaso total, medidas éstas que fue aprovechada por la delincuencia para aumentar sus crímenes en contra de la ciudadanía indefensa. Los malhechores se sienten guapos y apoyados por las autoridades y los resultados están a la vista: una escalada impresionante de asesinatos y todo tipo de delitos.

Desde el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, denunciamos este vil asesinato que enluta al magisterio. Hacemos responsable al gobierno y el estado por las desacertadas y fracasadas políticas de seguridad que en vez de llevar paz y tranquilidad a sus ciudadanos, lo que han hecho es darle luz verde a la delincuencia para que operen con total impunidad contra la sociedad.

Nuestra colega docente cumplía con el deber de enseñar a los niños de la patria y por cumplir con su responsabilidad de atenderlos. Fue sorprendida por un delincuente que probablemente sentía que su zona de paz era su mejor guarida para delinquir sin que nada ni nadie le perturbara.

Hacemos un llamado a todo el magisterio a que se expresen en contra de la inseguridad y las nefastas consecuencias de una política de seguridad equivocada y fracasada que está  diezmando lo mejor de nuestra población. Que este luto sea de reflexión y acción para exigir al gobierno y el estado que resguarden nuevamente nuestras escuelas y liceos, para que los niños y docentes puedan cumplir en paz el sagrado derecho a la enseñanza.

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