El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Conflictove.org.ve presentan un balance de la violencia en el entorno laboral-sindical durante el primer semestre de 2014.

En este período se registraron 28 asesinatos de trabajadores o sindicalistas, principalmente en el sector de la construcción.

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Trabajadores y sindicalistas asesinados por mes en el primer semestre de 2014

enero     febrero    marzo     abril      mayo      junio     Total
   6            8             3           4           5            2          28

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Trabajadores y sindicalistas asesinados por entidad en el primer semestre de 2014

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

11 claves de la violencia en el entorno laboral-sindical

86% de los asesinados pertenecían al sector construcción.
Son asesinados un promedio de 5 sindicalistas o trabajadores por mes.
Aragua fue el estado más violento con 5 asesinatos.
Febrero fue el mes con mayor número de asesinatos: 8
El sicariato es la práctica más recurrente en los asesinatos de trabajadores o dirigentes sindicales.
En el primer semestre de 2014 se registraron 9 asesinatos menos que en el mismo periodo de 2013, cuando fueron 37.
La impunidad es una característica clave de la situación de la violencia laboral sindical venezolana.
Reiteramos que no se observan avances en las investigaciones de los crímenes ocurridos en este período.
No se observan reportes oficiales sobre la violencia en el contexto laboral sindical durante este período.
El paralelismo sindical y la venta de cupos de empleo se consolidan como las principales causas de la violencia en el sector construcción.
En muchos casos las muertes de sindicalistas o trabajadores son consecuencia de acciones de grupos delictivos y no guardan relación con las luchas sindicales y reivindicativas.

Delincuencia en evidencia

La presencia de grupos delictivos en el entorno laboral sindical venezolano quedó evidenciada en el primer semestre de 2014, llegando incluso a las más altas esferas de los poderes públicos. Tal es el caso del ciudadano Yorman Pedro Márquez Rodríguez (30), quien fue asesinado por sicarios minutos después de salir de una reunión en el Palacio de Miraflores, el 02.06.14 en Caracas. Márquez, conocido como el “Gordo Bayón” y con un amplio prontuario delictivo, estaba vinculado al sindicato de la construcción y a la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Se encontraba en el palacio presidencial integrando una comisión para discutir el contrato colectivo de los trabajadores de Sidor, la principal industria siderúrgica del país. Sin embargo, Márquez tenía prohibición de salida del estado Bolívar, ubicado a 591 kilómetros de distancia de Caracas, por estar incurso en el asesinato de tres sindicalistas en el año 2012. Adicionalmente se encontraba solicitado por las autoridades por encontrarse fugado de un retén policial desde diciembre de 2013. Se presume que llegó a Caracas en una avioneta contratada por la gobernación del estado Bolívar. Este caso evidencia la precaria situación del sistema de administración de justicia del país y la red de corrupción y violencia que ha penetrado en el sector laboral y sindical venezolano.

La impunidad es la reina

Tal y como apuntamos en nuestro anterior informe sobre violencia en el entorno laboral-sindical, la impunidad sigue reinando en prácticamente todos los casos de asesinato que hemos observado. El Estado sigue ausente a la hora de investigar y sancionar estos hechos. Nos preocupa igualmente el hecho de ver, cada vez más, la actuación de mafias en ese entorno que, sin lugar a dudas, es fuente de la mayoría de los casos que reflejamos en nuestro informe. Tampoco observamos la actuación del Estado para frenar y sancionar esas actividades. Hay que recordar que muchos de estos grupos fueron entrando en las grandes industrias del estado y en las empresas básicas muchas veces de la mano del gobierno con el fin de crear contrapesos a los sindicatos tradicionales que hacen vida en esos centros de trabajo. El Gobierno Nacional y los Poderes Moral y Judicial está obligados a garantizar la vida de todos los ciudadanos y a hacer respetar las leyes de la República. La impunidad que se manifiesta en los casos de este y de otros informes anteriores, no tiene otros responsables.

Esta investigación emplea como insumo principal el seguimiento de situación a través de medios de información de alcance nacional y regional. También fuentes de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales (ong). Se destaca la observación directa no participante sobre algunos fenómenos estudiados. Para acceder al monitoreo diario de protestas se sugiere consultar www.conflictove.org.ve y en Twitter @ConflictoVe