Denuncia Internacional: El Gobierno venezolano utiliza al Tribunal Supremo de Justicia para violentar derecho a la libre asociación del partido Bandera Roja

BOICOT

Dicho grupo minoritario intentó internamente retrasar la realización del evento, boicotear su realización, violando algunos artículos de los Estatutos del partido. Se realizó el V Congreso los días 17, 18 y 19 de agosto de 2012, y con la asistencia de alrededor de 200 delegadosfueron aprobados los Estatutos, la Línea Internacional, la Línea Política Nacional y fueron electas democráticamente las autoridades del partido, a saber: Secretario General, Secretario General adjunto, Presidente y los miembrosprincipales y suplentes del Comité Central. Antes de este evento, las autoridades del partido son notificadas de que el 13 de Agosto de 2012, (cuatro días antes de la fecha de realización del V Congreso de Bandera Roja) la fracción minoritaria ya mencionada antes interpuso un recursocontencioso electoral y solicitó una medida cautelar innominada contra la Comisión Organizadora del V Congreso del partido Bandera Roja ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta situación los evidenció como fracción ante la militancia al acudir a un órgano del Estado para dirimir una situación interna de la organización, dejando a un lado una de las críticas más férreas que ha hecho Bandera Roja contra el actual Gobierno, como es la de utilizar a conveniencia las instituciones del Estado y la inexistencia de autonomía delos poderes públicos. Estos ciudadanos acuden a la institucionalidad debido a los privilegios esperados, pues al régimen le conviene desarticular y distraer la lucha principal contra su nefasta y despótica gestión gubernamental.

Bandera Roja es uno de los pocos partidos deizquierda en Venezuela, si no el único, que desde un inicioha enfrentado y criticado al Gobierno nacional, por lo que el pueblo reconoce que mantiene intacta su ética y sus principios al hacerle oposición a un gobierno que se dice llamar de izquierda, pero que su práctica está muy distante del discurso y se aproxima en la realidad a actuaciones cuasi fascistas y politiqueras. La denuncia desde una organización de izquierda como Bandera Roja ha permitido el desenmascaramiento de lo que hemos calificado de “farsa”. Es por ello que para el actual gobierno Bandera Roja “es una piedra en el zapato”.

INTROMISIÓN DEL GOBIERNO

En Venezuela recientemente se presentan tres experiencias de partidos que fueron víctimas de laintromisión del Estado afectando su vida interna, y que lejos de atender los casos con justicia e imparcialidad creó mayores problemas y cercenó la autonomía de las organizaciones con fines políticos. En el caso de COPEI, partido demócrata cristiano, la intromisión del máximo tribunal de la República ha retardado una salida satisfactoria al conflicto partidista. Los partidos Por la Democracia Social (PODEMOS) y Patria Para Todos (PPT) fueron despojados de sus tarjetas electorales, siglas y símbolos por el Gobierno a través del TSJ, en vista de que se habían salido del apoyo ciego al régimen y comenzaron a hacer críticas a su gestión de gobierno. En estos dos últimos casos, luego de las decisiones de dicho organismo, quienes salen favorecidos por el fallo parcializado terminaron apoyando abiertamente al Gobierno y sus políticas, y pasando a formar parte de lo que han llamado en el oficialismo el Gran Polo Patriótico.

El TSJ y su Sala Electoral dieron cumplimiento a la demanda incoada por la fracción antes indicada el 13 de agosto de 2012 (Expediente Nº AA70-E-2012-000077/Decisión Nº 19) y cada una de las parte intervinientes del mismo (la fracción y la mayoría partidista) alegó y contradijo lo que consideraba, hasta la decisión final del Juez que tuvo resolución el 15 de mayo de 2013 donde se decidió declarar con lugar el recurso interpuesto y declarar nulo el proceso electoral realizado durante el V Congreso del partido político Bandera Roja que se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto de 2012. Como consecuencia de esa nulidad, las personas que resultaron electas en el proceso electoral anulado debieron desincorporarse de sus cargos y debían asumir nuevamente los que venían ejerciendo en el período anterior, quienes asumirían funciones de forma temporal, realizando actos de simple administración, hasta que tomasen posesión de sus cargos las personas que resulten electas en el nuevo proceso que se ordenó celebrar. Adicionalmente se ordena a la Comisión Electoral del partido que convocara a un nuevo proceso electoral, elaborando un Cronograma Electoral que incluyera todas las fases indicadas en el fallo. El partido Bandera Roja y sus militantes —aun sabiendo de la precaria autonomía del TSJ y sobre el carácter del poder y la justicia del Gobierno— acató la decisión de la Sala Electoral y tal como se estableció en la sentencia se fueron realizando todos los pasos que en ella se señalaban, con el aval y seguimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector en materia electoral del país, que tampoco escapa a las acusaciones sobre la parcialidad de su accionar. Todo a fin de darle formalidad y legalidad al nuevo proceso electoral que se debía realizar.

PRIVATIZACIÓN POLÍTICA

Todo este nuevo proceso generó para el partido y sus militantes gastos materiales, humanos y económicos importantes. Sin embargo, se estableció como fecha de culminación de las elecciones internas el 26 de octubre de 2013. Se realizaron las convocatorias que prevé el CNE y que las mismas deben ser publicadas en medios de comunicación de distribución nacional, las cuales deben ser canceladas por la organización y que generaron un gasto importante. Debemos recordar que el actual gobierno prohíbe el financiamiento por parte de organizaciones internacionales y limita casi absolutamente que las organizaciones políticas puedan “buscar y obtener fondos de fuentes lícitas, sean de personas, negocios, sociedad civil, organismos internacionales e intergubernamentales, y de gobiernos locales, nacionales y extranjeros” como establecen los tratados internacionales, ya que “el acceso a financiamiento no debe estar sujeto a autorización previa”. Esto en Venezuela no es posible.

Sin embargo, desde Bandera Roja se realizaron todas las gestiones logísticas y legales para culminar en los mejores términos las elecciones internas ordenadas por la Sala Electoral del TSJ, correspondientes al V Congreso del Partido. El grupo fraccionalista no quiso participar en la organización del nuevo proceso comicial y lo atacó desde el principio, desacatando la orden del TSJ que ellos mismos habían solicitado.

Cabe destacar que la realización de un proceso electoral nacional incluye la realización de Conferencias Regionales para la elección de delegados que son quienes votan para elegir las autoridades según los Estatutos vigentes. Cada regional debió planificar una logística para desarrollar sus conferencias y luego resolver el traslado de sus delegados al lugar de realización del nuevo proceso comicial nacional.

LA “JUSTICIA” QUE MIRA

El 17 de octubre, a nueve días de la realización delevento final de las elecciones internas, el grupo fraccionalista interpuso ante la Sala Electoral del TSJ una solicitud de medida cautelar innominada para lasuspensión de dicho evento convocado por la Comisión Electoral del partido Bandera Roja (Expediente N° AA70-E-2012-000077/Decisión Nº 141). Dicha solicitud fuedeclarada improcedente, razón por la cual la ComisiónElectoral del partido Bandera Roja continuó en sus funciones para la realización del evento eleccionario, por lo que la convocatoria seguía en pie.

En fecha 25 de octubre de 2013, a solo horas de darse inicio al evento culminante del nuevo proceso electoral—que fue una solicitud de la Sala Electoral del TSJ en fecha 15 de mayo de 2013—, la Sala Constitucional por vía de oficio y sin solicitud previa de ninguna de las partes ni de ningún organismo decidió conocer del caso ysuspendió la orden impartida por la Sala Electoral a la Comisión Electoral del partido político Bandera Roja, relativa a convocar a un nuevo proceso electoral con todas las especificaciones antes descritas (Expediente N° AA70-E-2012-000077/Decisión Nº 1458). Adicional y muy diligentemente, el mismo día en horas finales de la tardeacude un alguacil del TSJ a entregar al presidente delpartido Bandera Roja el oficio donde la Sala Constitucional informa que decide iniciar el procedimiento y suspender todo el proceso que se llevó por 10 meses enla Sala Electoral. Esta decisión, tomada por la Sala Constitucional, a solo horas de la realización del proceso comicial, generó la suspensión del evento que se había planificado y organizado, y que generó en la militancia la certeza de que existe por parte del TSJ y del Gobierno un interés real en inmiscuirse ilegalmente en los procesos internos del partido Bandera Roja y se constituye en una violación descarada, grave y flagrante del derecho humano y constitucional a la libre asociación, establecido en laDeclaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 20: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”; en el PactoInternacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 22: “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 16: “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”; yestablecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 52: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”; en su artículo 67: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección”.

Adicionalmente, los instrumentos internacionales establecen que el Derecho a la Libre Asociación tiene como atributo la autonomía de las asociaciones para fijarse y procurar sus fines, y escoger los medios para alcanzarlos y en contraparte establece que ante esto la acción del Estado debe ser la de no restringir o convertir en objeto de injerencias o de obstrucciones arbitrarias los fines, actividades y decisiones de las asociaciones, incluyendo sus formas de constitución, gobierno, funcionamiento y elección de representantes, situación ésta que el Estado venezolano está violando descarada y flagrantemente. En el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai,de mayo 2012, en el punto 65 plantea que: “Las autoridades deben respetar también el derecho de las asociaciones a la privacidad, enunciado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese sentido, las autoridades no estarán facultadas para condicionar las decisiones ni actividades de la asociación; revocar la elección de miembros de la junta directiva; condicionar la validez de las decisiones de los miembros de la junta directiva relativas a la presencia de un representante del gobierno en sus reuniones, o solicitar la anulación de una decisión interna”, pero el Estadovenezolano no sólo interfiere en la privacidad del partido Bandera Roja, sino que solicita rehacer un evento, que luego de planificado y a punto de culminarse decideinvalidarlo. Adicionalmente hace que la injerencia en la vida privada del partido no solo sea por parte de la Sala Electoral de TSJ, sino ahora por la Sala Constitucional del mismo TSJ, esta vez no por la solicitud de un tercero, sino porque “diligentemente” hizo seguimiento a sus decisiones firmes y consideró de manera independiente y por sus propias consideraciones, apenas a horas de realizarse el evento que el mismo Tribunal solicitó repetir, que elloseran competentes para evaluar ese procedimiento por considerarlo una “amenaza para el orden público”.

Para Bandera Roja y sus militantes, ésta es una más de las tantas muestras que da el Gobierno venezolano de autoritarismo y de que está en vías de constituirse másabiertamente en un violador sistemático de los derechos humanos, civiles y políticos. A Bandera Roja no solo se le obstruye en su política para participar electoralmente en las próximas elecciones, sino que se ha visto obligada a atender procedimientos administrativos internos en lugar de atender la realidad social y política del país, cual es suvocación fundamental. En última instancia, pareciera deinterés del Gobierno nacional subsumir a Bandera Roja y su militancia en acciones legales de carácter administrativo, para distraer su atención de la situación de descomposición en la que se encuentra la economía y la sociedad venezolanas.

Todo el mundo debe conocer esta violación directa y flagrante al derecho a la asociación y a la libertad de los partidos políticos, que se repite una vez más en nuestro país en los últimos años. Desde las filas de Bandera Rojacada militante seguirá luchando sin dejarse amedrentar por la acción perniciosa del máximo Tribunal de la República que parece seguir a pie juntillas las órdenes del Ejecutivo. Esta situación por la que atraviesa Bandera Roja debe entenderse como un nuevo tropiezo, aun cuando se mantiene firme hasta alcanzar la construcción de una sociedad nueva y justa, donde imperen nuevas formas de producción y donde se construya un nuevo poder,genuinamente democrático y con la participación real de la gente. Bandera Roja y su militancia seguirán siendo vanguardia en las luchas del pueblo. No nos detuvieron mediante la cárcel, la tortura, las persecuciones y el acoso, asesinatos y amenazas, menos nos detendrán por una decisión de un Tribunal parcializado que sigue órdenes de los revisionistas déspotas que hoy detentan el poder.