Hacia dónde vamos con la nueva Asamblea Nacional

Se abre un período bastante controversial.
Por más que busquen entendimientos como los alcanzados desde 2013 a la fecha,
cada sector recibirá las presiones de sus seguidores y de la propia realidad.
Además, recordemos que la fractura en el chavismo está en pleno desarrollo y
ebullición. Que no se exprese en mayores rupturas se debe a la búsqueda de
maneras para frenar el derrumbe. Por su parte, la MUD —disminuida en cuanto a
número de integrantes, con dueños claramente identificados— sufre lo propio.
Más cuando es claro que la votación obtenida no supone un apoyo a sus políticas.
La llamada economía del voto, principalmente para causar mayor castigo, es lo
que le permitió sacar tal respaldo electoral, por lo que es de esperarse que en
la oposición, representada en el parlamento, se produzca alguna que otra
fractura. Sin embargo, creemos que en las primeras de cambio serán de poca
monta, dada la autoridad política alcanzada por la MUD como institución, aun
cuando no ofrezca nada salvo derrotar electoralmente al chavismo, a partir de
lo cual se iniciaría “el cambio”, cuyo carácter y contenido son desconocidos.

La mayoría calificada de la MUD en la AN cuenta
con facultades que le permiten convocar referendo revocatorio, hacer reformas
constitucionales, producir cambios en los poderes públicos como el Tribunal
Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Mucha gente voto
por la MUD para que se produzcan medidas para hacer estos y otros cambios.
Pero, como sabemos, el régimen desde el Ejecutivo y desde las otras instancias
del poder tratará de frenar cualquier medida que signifique más pérdida de sus
espacios conseguidos de manera arbitraria. A su vez, se trata de una circunstancia
que pondrá en el tapete aquello de la heteronomía del poder burgués en medio de
la profunda crisis que sufre Venezuela. Esto es, la llamada autonomía de
poderes —ficción que permite legitimar las relaciones burguesas— querrá ser “rescatada”
en este período por la MUD, aunque la contratendencia se verá expresada en la
connivencia para la atención de los asuntos que ponen en riesgo el orden.
Ubiquemos que a la MUD, por ejemplo, no le va mal con la Constitución vigente
dados los artículos de orientación liberal que anulan las posibilidades de
realización de los derechos ciudadanos, en tendencia, y que favorecen a la
oligarquía financiera como el trato igual de los capitalista nacionales y
extranjeros y lo concerniente al crédito adicional para alcanzar el equilibrio
fiscal, principalmente. Asuntos que también serán obviado, colocando el centro
de «los cambios» en cuestiones subalternas, dentro de un estilo de
retórica encendida que no alude para nada a cuestiones fundamentales.

La mayoría calificada obtenida por la MUD, a
su vez, pudiese permitirle al chavismo jugar con dos perspectivas. Descargar en
la Asamblea Nacional algunas facultades y medidas, sobre todo de naturaleza
económica y para compartir costos políticos dados los efectos nocivos que
tendrían sobre los sectores populares, resume la primera. De caer en esta
trampa, sin dudas que la oposición parlamentaria decepcionará a buena parte del
electorado que le brindó su apoyo en aras de cambios en su favor. Algo de
coherencia puede encontrar el gobierno con la oposición al frente de la AN, de
mantenerse la política económica tercamente seguida durante tres lustros. Nos
guiamos en esta afirmación por los intereses de clase que representan ambos
bandos: el mismo.

Una segunda perspectiva, articulada con la
anterior, es la de restarle facultades a la AN, a la mayoría calificada de la
MUD. Sobre todo en materias políticas, el chavismo tratará de frenar la acción
de la AN en combinación con el irrespeto a su investidura, apoyándose en la
movilización hacia el parlamento de alguna de su gente para crear presión. Se
trata del enfrentamiento permanente y la diatriba encendida para satisfacer los
oídos del chavismo duro, mientras los convenimientos y maniobras guiarán
permanentemente la acción política de los bandos. Seguramente se seguirá
fraguando el convenimiento para salvar a Maduro y en términos más generales, al
sistema. Ubiquemos que la naturaleza de la crisis demanda medidas en una dirección
u otra. O a favor del interés nacional y popular, o en aras del continuismo de
la dependencia del imperialismo chino o estadounidense, mientras se convienen
en el saqueo de las riquezas del país. Se trata de una etapa que dará
continuidad a la participación tras bastidores del poder imperialista. Yanquis,
chinos y rusos, principalmente, se convierten en factores de primer orden para
tomar determinaciones en el curso de los acontecimientos.

Se trata de un proceso muy contradictorio y
controversial. Si hasta la fecha hay connivencia para sostener a Maduro —lo que
llevó a la ruptura de la unidad política en torno de la MUD en 2014—, debe
haberla, y con más razón, para este período. Pero a su vez, hay presiones. Las
propias del gobierno para mantener sus espacios del poder público así como las
demandas políticas de sus bases, dentro de contradicciones que abarcarán cada
vez más a los sectores medios y de base. La MUD sufre lo propio, más cuando
están claros en que el voto no fue a su favor sino en contra del gobierno. El
apoyo de masas a la MUD seguirá siendo tímido mientras no se disponga a
confrontar en favor de las demandas populares. Ese es un aspecto que le pudiese
restar empuje a quienes hoy gozan de mayoría calificada en la AN.

Somos
de la idea de que el chavismo se nucleará en torno de Maduro. No cuentan con la
fuerza como para sacrificarlo. Tampoco la tienen como para negociar una salida
con su presencia. La percibimos como una situación contradictoria. Pero tampoco
la MUD cuenta con una fuerza suficiente como para trabajar en lo inmediato por
su salida. Es más, habría que ver si en verdad quieren salir de Maduro. Y es
que la crisis económica y social es de tal magnitud que buena parte de los
factores de la oposición y del gobierno podrían guardar algo de compromiso para
sostenerlo, dentro de un pacto histórico entre los factores del orden para
mantener el sistema capitalista dependiente. En buena medida eso es lo que
explica la postura de la MUD en los tres últimos años.

La crisis que sufre Venezuela es de tal
magnitud que demanda para su superación positiva de la realización de un
programa de carácter nacional y popular, capaz de liberar las fuerzas productivas
mientras se profundice la democracia. Ni la MUD ni el chavismo están interesadas
en eso. Las diferencias entre estos factores del poder ciertamente existen. Incluso,
son serias las contradicciones y la principal es el jugoso botín que supone el
control del aparato de Estado en Venezuela. Representan cada factor intereses
diversos de la oligarquía y de un imperialismo u otro, o de varios. Todo
indica, por ejemplo, que los chinos muestran disposición y complacencia a
negociar con la alternativa que representa la MUD. El chavismo, por su parte,
nunca ha dejado de hacerlo con Estados Unidos. Unos representan un sector u
otro de la oligarquía. El chavismo, por ejemplo, siempre ha tenido el sector
importador en ventaja frente al capital productivo. El sector bancario en nada
puede quejarse del chavismo. Para solo citar ejemplos emblemáticos de los
intereses que representan. Las mafias chavistas cuentan con un inconmensurable
volumen de riquezas que de seguro vienen articulándose a jugosos negocios con
la banca, la especulación financiera, la importación, entre otros business.
La corrupción, como mecanismo de acumulación de capitales, ha dejado lo propio
en manos de estas mafias que hasta aparecen vinculadas al narcotráfico, si nos
fijamos en la detención de familiares del matrimonio presidencial. Entretanto,
sectores de la MUD pugnan también por convertirse en alternativa, pero para la
oligarquía y el imperialismo.

Hay claros visos por parte del chavismo de
querer compartir algo a cambio para mantener la connivencia de sostener a
Maduro al frente de la primera magistratura. Pero los compromisos de lado y
lado y las ansias por hegemonizar el control del aparato de Estado, en medio de
la profunda crisis, harán profundizar las contradicciones a puntos de
ebullición. Aunque la respuesta popular, la protesta de calle, sobre todo,
pudiese hermanarlos como aconteció a raíz de los eventos de febrero-junio de
2014.

Ambos
factores están conscientes de que la crisis de Venezuela es muy severa y
demandará de medidas muy drásticas para el pueblo y el interés nacional, de
cara a los sectores que representan. Esto es, por ser factores al servicio de
la oligarquía financiera, se inscriben en la perspectiva de satisfacer sus demandas
con una recomposición de la economía que les brinde los beneficios esperados.
Sobre todo cuando el peligro del sistema esté en juego. Ello supone una
política económica que volcará el peso de la crisis en las espaldas del pueblo
trabajador y de los más necesitados. Las diferencias se pudiesen inscribir en
la evasión que querrá hacer un sector u otro de las consecuencias y la raíz de
esas políticas acusándose unos a otros. Por lo pronto, parecen hermanados en el
aumento de la gasolina, con todo y la drástica caída de la demanda de la gente
para adquirir lo básico para vivir.

Somos de la idea de que los asuntos a
atender por la nueva AN, desde una perspectiva nacional y popular, pueden ser
ordenados. En primer lugar los cambios contingentes y constitucionales en función
de la salida de Maduro. Recordemos que a partir de abril de 2016 se puede
activar el proceso revocatorio. Más allá, puede producir medidas en función de
una constituyente o arrogarse la propia AN tal condición dada la mayoría
calificada con la que cuenta. Cambios en la Carta Magna que afectan severamente
la economía venezolana, comenzando por el artículo 301 que garantiza el trato
igual a los capitales extranjeros que a los nacionales. El equilibrio fiscal
con base en la deuda pública vía créditos adicionales debe ser borrado de la Constitución.
Ubiquemos que este endeudamiento se realiza con base en una gran discrecionalidad
dados los parámetros que se fijan para adquirirla. El equilibrio fiscal debe alcanzarse con base en la producción de
bienes y servicios. Eso sí debe contar con rango constitucional.

Asimismo,
puede la AN producir medidas en favor de los trabajadores atendiendo las
modificaciones que se demandan de la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto a que
vulnera la autonomía sindical. Bajo el argumento de que como
el Estado “está” a favor y “al servicio” de los trabajadores y del pueblo, e
impulsa una “revolución socialista”, la acción sindical debe supeditarse al
Estado y al gobierno. De allí que los funcionarios del Estado deben estar al
servicio de la “revolución” (art. 45 de la CRBV; art. 21 DLOTTT), y por consiguiente,
las nuevas relaciones deben irse fomentando por la vía del impulso de
cooperativas, comunas, estatización de propiedad privada, EPS, etc., no por
elevación de fuerzas productivas. La destrucción de fuerzas productivas que el
régimen ha aupado es una acción retrógrada pintada de igualitarismo. Bajo esta
orientación, además, se afianza el sistema de seguridad social sobre la renta
petrolera. Consolidan y fomentan relaciones laborales desreguladas,
flexibilizadas y anarquizadas, amparadas por discursos de solidaridad, trabajo “voluntario”,
cooperación, etc.

La AN
debería derogar decretos-leyes firmados por Chávez desde 1999 referidos a
acuerdos de doble tributación con países imperialistas y de alto desarrollo
tecnológico, por los que el Estado deja de percibir más de
17 mil millones de dólares cada año. Cuestión que hasta algunos pensadores
chavistas lo han planteado. Asimismo, puede la AN derogar decretos-leyes
sucesivos de promoción y protección de inversiones extranjeras que permiten garantías
que comprometen el interés nacional.

Puede la
nueva AN derogar acuerdos y compromisos internacionales que lesionan el interés
nacional, tal como el acuerdo con China para la elaboración del mapa
hidrogeológico en una superficie de 927 mil kilómetros
cuadrados, el territorio nacional menos una ñinguita, que lesiona severamente
nuestra soberanía nacional. Igual tratamiento debe darse a la presencia de
Venezuela en Mercosur. Mientras no se alcance una escala de disminución de las
asimetrías en relación con países como Brasil y Argentina de tal magnitud que
permita la mayor competitividad en distintos rubros, mientras se protege la
producción nacional, nuestro país pierde en este tipo de integración, mientras
favorece a los más desarrollados.

Estos son aspectos fundamentales a exigir a
la AN y la mayoría calificada. Todas estas disposiciones y más le darían un
carácter de cambio verdadero a la nueva AN. Debe comenzar, por supuesto, con una amnistía abarcante de los presos y
exiliados políticos.

Somos de la idea de que es mucho pedir lo
escrito en los párrafos anteriores. Creemos que, por el contrario, esta AN se
verá envuelta en serias contradicciones e inconsecuencias. Aunque las contradicciones
pudiesen llevarla a decisiones que en el marco de la profunda crisis general
desemboquen en rupturas de significación. En el transcurso, se deben apoyar
aquellas medidas que permitan ejercer la función contralora de la AN. Que
rescate su carácter deliberante y de foro sobre asuntos de importancia nacional.
Que combata la corrupción y garantice la unificación presupuestaria. Si se atreve a activar la política y las
medidas que conduzcan al revocatorio, hay que brindar todo el apoyo, unido
a una política que vaya más allá de la mera salida del Presidente. Esto es,
impulsando el programa político como base para superar la crisis y reconstruir
el país sobre las bases de la democracia, el desarrollo y el bienestar.

Todo esto supone un proceso muy complejo que
debe conducir a una política de unidad y alianzas en correspondencia con las
tendencias, acontecimientos y objetivos. Las luchas están por venir en corto
tiempo. La disposición de la gente a pelear ya no podrá ser frenada bajo la
estrategia de esperar otra fecha electoral. La unidad de los factores políticos
y sociales pudiese avanzar en una dirección inédita, a eso debemos estar
preparados para asumir la avanzada en el proceso de articulación de fuerzas. La
que corresponde a los sectores sociales en conflicto puede ser una constante
dada la clara orientación de descargar en los trabajadores el peso de la
crisis, a ello debemos brindar nuestros mayores esfuerzos.