El fraude sistemático contra la voluntad del pueblo intensificará el conflicto político

El régimen chavista es esencialmente un fraude, en todo sentido. Pero el fraude generalizado y sostenido que se ha puesto en práctica durante la elección de gobernadores, lejos de aproximarnos a la paz, como han afirmado altos voceros del Gobierno, lo que evidencia es una escalada de mayor monta en su estrategia dictatorial.

Aunque hubo sectores opositores dispuestos a participar sin una crítica u observación firme frente a las enormes felonías y violaciones del sistema democrático, en general la postura del régimen fue denunciada con anticipación por la oposición como una política que dificultaba la apertura de la ruta electoral como vía de solución a la confrontación política. La farsa electoral milimétricamente perpetrada del 15 de octubre, es otro atentado contra la ya menguada paz de la República. Sus promotores y ejecutantes tendrán que rendir cuentas ante el pueblo, ante la justicia y ante la historia.

Una operación contra el pueblo

Han ejecutado una operación mafiosa preparada con muchos meses de antelación. Desde diciembre de 2015, cuando pierden la mayoría en el parlamento, diseñan esta estrategia que tenía como objetivo mantenerse en el poder con un minoritario apoyo de los venezolanos.

Su primera acción la dirigen contra la Asamblea Nacional (AN). Quitan los fueros a los parlamentarios del estado Amazonas con lo cual privan de mayoría calificada de dos terceras partes a la oposición. Acto seguido sobre esa misma medida, montan la declaración de desacato contra la AN. Y de allí el despojo de sus potestades. Es una línea clave que entre otras cosas conducía a la erosión de la confianza en la institución del voto, la cual mostraba signos de recuperación. Debemos sumarle la confiscación del referendo revocatorio presidencial y la suspensión de las elecciones regionales previstas para diciembre del año pasado.

La saña represiva llevada a niveles extremos fue el segundo paso de esta estrategia antidemocrática, evidenciada claramente en la furia asesina con que frenaron a sangre y fuego la rebelión democrática de 2017. Además, basándose en la entente tsj-cne-alto mando militar, desplegaron a diestra y siniestra la persecución y la inhabilitación de alcaldes, gobernadores y líderes políticos, entre ellos varios potenciales candidatos a gobernadores.

La acción de mayor violencia contra el pueblo venezolano, contra la Constitución y en general contra las bases republicanas y democráticas de la nación, fue la instauración de facto de la Asamblea Nacional Constituyente que no ha podido ocultar su marca de nacimiento: ser otra dependencia del régimen dictatorial de Maduro, aunque se reclama como poder supremo supraconstitucional y con potestades solo limitadas por el capricho de los capitostes de las mafias gubernamentales.

Sobre esa arbitraria juridicidad han legalizado las tropelías que les permitieran cumplir con lo que tanto habían afirmado en privado, aunque no tan secreto, que no harían elecciones hasta que estuvieran seguros de ganarlas. La constituyente fue un burdo fraude, una trampa cuya convocatoria evadió exprofeso y de plano que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”. Bajo unas condiciones electorales pervertidas desde todo punto de vista; inconstitucionales, ilegítimas y que le brindaban al oficialismo la oportunidad del voto doble (sectorial y geográfico), violando el principio de un voto por cada ciudadano, esta mayúscula arbitrariedad obligó a la oposición a no participar en semejante farsa.

El fraude previo

El adelanto de las elecciones —que estaban convocadas con retraso para diciembre por el CNE— fue asumido por la Constituyente de facto con aviesas intenciones de reducir todos los lapsos para dificultar el trabajo de la oposición, e incluso forzar su retirada del proceso. Sobre esa base y violando la norma electoral se negaría la sustitución de candidatos en las boletas de votación, que era una forma de generar una dispersión masiva de votos. La técnica del fraude consistió en rebanar votos con distintas operaciones, muchas de ellas denunciadas como los movimientos de centros electorales medulares para la oposición, entre otros atropellos.

Este cuadro dibuja claramente una dictadura militar y militarista, en la que la Constitución y las leyes solo son una tenue cobertura que ya no engaña a nadie. Solo los beneficiarios, cómplices y compañeros de semejante empresa mafiosa, son capaces de dudar del talante antidemocrático del régimen. Las decisiones a apenas 48 horas antes del acto de votación confirman el fraudulento plan del oficialismo: la migración de centros electorales donde sufragaban al rededor de 700.000 personas, no es una tontería. Y ciertamente hace parte de la abstención, o mejor dicho, de la imposibilidad de asistir al acto de votación.

Para reforzarla, se actuó con paramilitares armados para asaltar los transportes donde se trasladarían a los votantes a los nuevos centros asignados. Esta práctica armada se usó también para sacar a testigos de algunos centros que quedaron a partir de allí sin control ni vigilancia por parte de las candidaturas opositoras.

Fueron muchos los esfuerzos por tratar de contrarrestar abusos, atropellos y ventajismo abierto y descarado. Se denunciaron presiones y chantajes para obligar a votar por el oficialismo, sobre todo a empleados públicos y gente que depende de programas estatales, de la bolsa de alimentos CLAP, del carnet de la patria, entre otros. Una operación mafiosa bien montada y financiada con dineros públicos y utilizando todo el aparato de Estado.

La actitud del alto mando militar fue abiertamente parcializada, ostensible, al descubierto, utilizada para amedrentar, para demostrar control del poder de fuego, sin importarles para nada que eso institucionalmente destruye a las FANB; la convierte en un cuerpo al servicio de una parcialidad política y más aún como parte de la jefatura de una dictadura delincuencial.

Cambios en la oposición

No son pocos los errores y carencias de la MUD en las luchas políticas de los últimos tiempos y en particular en este proceso electoral. Muchos de ellos los hemos advertido, denunciado y formulado propuestas para su corrección, que hoy se hacen más necesarias y urgentes. Hay fallas también en el manejo de la campaña y en el discurso general, en la oferta de cambio. El sectarismo y el hegemonicismo, hicieron su parte negativa en la inhibición de una buena parte del electorado.

No superar las viejas formas de hacer política es un lastre que entorpece los avances en la construcción de una sólida fuerza de cambio. Todo esto es fundamental para el debate venidero y para la superación de una plataforma unitaria, pero sería un error echar por la borda lo que se ha avanzado. Negar los esfuerzos y aportes que todos hemos realizado.

No hay razón para confundirse respecto a quién es el enemigo a vencer. Una estrategia general que unifique y amplíe la articulación de fuerzas sustentada en una gran confianza en el pueblo, en la gente, nos conducirá a niveles de organización y de conciencia política que fortalecerán en alto grado nuestra fuerza de base y nuestra capacidad de acción en diversos planos y espacios.

La negativa de los nuevos gobernadores de la oposición a juramentarse ante la Constituyente refuerza nuestro desconocimiento de ese mamotreto de la dictadura. Es una clara señal de que la lucha contra la dictadura y por el restablecimiento de la Constitución y la democracia es un compromiso irrenunciable.

Respaldamos la exigencia de auditoría cualitativa y cuantitativa del proceso. La exigencia de un nuevo CNE. Ya la AN, el pasado 19 de octubre, acordó declarar como fraudulenta la elección de gobernadores del 15 de octubre, al igual que las actuaciones del cne y del Gobierno nacional.

Ante la negativa de los Consejos Legislativos de mayoría oficialista de tomar juramento a los gobernadores opositores, queda el recurso de juramentarse ante el pueblo que los eligió. Acompañados de la representación de todos los sectores sociales, con la presencia de diputados nacionales y regionales.

Acompañamos las acciones de impugnación anunciadas por Andrés Velásquez y José Manuel Olivares, pues ellas mostrarán que el fraude también tiene componentes groseros de violación de la voluntad de los electores y de actas ya consignadas. Son estos los pasos inmediatos.

¡Desechar las ilusiones y prepararse para la lucha!
¡Abajo la dictadura!

Bandera Roja (resistencia)
22 de octubre de 2017