La ayuda humanitaria y cómo el país perdió $3.000 millones

El enredo es increíble, pero hay que diseccionarlo muy bien. La emergencia humanitaria compleja ha traído a Venezuela varios conflictos adicionales a la propia crisis y al padecimiento de la gente.

Por una parte, la idea de que la solución de la crisis requería, sí o sí, de la ayuda humanitaria que se supone es ayuda internacional y no el uso de los pocos recursos de la República.

Y por otra, con la llegada de la ayuda humanitaria vino el desentendimiento del Gobierno de los problemas más urgentes para la sociedad, excusados en el bloqueo.

Pero la guinda de la torta es que ahora con algunos recursos desbloqueados, la ONU es la que asume su administración para convertirla en «ayuda humanitaria», algo que se supuso siempre sería con recursos de ayuda externa.

Usted pensará que mi puntería está desorientada, pero no. Los problemas sociales y la crisis económica de Venezuela solo se resolverán cuando las fuerzas productivas del país se desarrollen y su resultado sea redundante para el propio país.

Otras «soluciones» a la crisis, atemperan, pero perpetúan la propia crisis. Lo demás es, en la jerga social, “pañitos de agua tibia”, o más popular, “pan para hoy y hambre para mañana”.

Paso a explicar. La declaración de emergencia humanitaria compleja que como sociedad civil levantamos en 2015, buscaba definir a la crisis de una responsabilidad directa, intencionada y clara, en quienes ejercen el poder político y económico de la nación, porque eran los responsables y la convertían en una agonía sin fin.

A partir de eso, fue necesario que la ayuda humanitaria se estableciera cómo medida urgente y sin dudas salvó algunas vidas. Pero nunca, en la historia de las Naciones Unidas, los pueblos atendidos por la ayuda humanitaria han levantado el vuelo y han salido de la crisis para mejorar.

Hasta ahora, eso no ha sucedido y la principal razón es que el objetivo de la acción humanitaria va dirigido a la emergencia y no al desarrollo de una nación.

En 2019 habían pasado unos cuatro años de la declaración de la emergencia y ya se notaba el daño que los organismos internacionales le hacían a la estructura social del país.

Asumiendo las responsabilidades de Estado en la atención social y las necesidades básicas de una parte de la población, esto tuvo como consecuencia la disminución de la presión social y permitió un respiro al Gobierno.

No hubo una exigencia clara hacia quienes gobiernan, de respetar y garantizar, por sus propios medios, los DD. HH. de la población. Fue una situación que permitió garantizar la continuidad en el país de diversos organismos humanitarios, pero sin conflicto ni control, y principalmente sin conflictos con el gobierno.

Entonces, actuando sin reprochar al Gobierno su inacción, lograron que la gente (un grupo reducido en realidad) se salvara de morir de mengua. Y al descontento social simplemente se le abrió un huequito que liberó presión, brindando al Gobierno un buen colchón de estabilidad política.

Hablan las cifras

Si revisamos los datos de OCHA podemos ver que el saldo de inversión que se reporta es de $167.9M para 2022 y un alcance de 1.800.000 personas hasta agosto, última actualización disponible. Pero si revisamos el alcance por cluster o grupo de trabajo, la cuestión se hace más preocupante porque en ninguno de los cluster al mes de agosto, han alcanzado ni 50% de lo que estimaban.

Dos ejemplos: en el caso de salud, la meta era 3.500.000 personas alcanzadas y hasta agosto solo se reportó 1.600.000, esto supone el 45% y es el que mejores datos muestra. En el área de medios de vida y seguridad alimentaria, la meta era 2.000.000 de personas y solo alcanzó a 323.000, es decir, un 16%.

Eso sí, el país se llenó de organizaciones internacionales que vinieron a liderar a las nacionales, como si aquí no se supieran hacer las cosas. Y en varios casos, ante las trabas legales de registro formal, las desplazaron, conformándose como organizaciones externas. Es decir, en vez de fortalecer las capacidades nacionales, suplantaron sus funciones.

Fue así como las organizaciones humanitarias se convirtieron en un espacio de ejercicio profesional para muchos venezolanos, pero las diferencias de salario entre el personal nacional y el extranjero, se hizo inconmensurable y desproporcionado. Y aun así, ofreció mejores salarios que la administración pública.

Tenemos entonces, como derivación, además de la migración del talento humano hacia las organizaciones de la arquitectura humanitaria, amplias brechas salariales entre nacionales y extranjeros; el cumplimiento de responsabilidades del Estado en lo social y ausencia de denuncia sobre su inacción; desplazamiento de las organizaciones no gubernamentales nacionales y un bajo porcentaje de alcance de la acción humanitaria.

El resultado es, en definitiva, negativo. De igual forma el impacto, en cuanto a magnitud y alcance, y peor aún, en sostenibilidad.

Es que la acción humanitaria de emergencia no trabaja por el desarrollo. Es decir, si deciden irse en este momento, las capacidades nacionales de respuesta ante la crisis siguen siendo igual o peores que cuando llegaron. El lema de “acción sin daños”, por tanto, se vació de contenido.

La nueva etapa

Ahora van a administrar los recursos que EEUU va a desbloquear. Este último detalle, es una gota más en un vaso a punto de rebasarse. Es un asunto medular para la soberanía nacional, para la autodeterminación de los pueblos de la que tanto se ufanan las Naciones Unidas de defender.

No dudo de que el uso y manejo de los recursos en manos del Gobierno iban a parar en corrupción, pero al menos así tendríamos más elementos para luchar y denunciar.

Ahora, en manos de organismos internacionales, la certeza es que un importante porcentaje es para pagar personal extranjero. Los recursos propios que debieran ser para la inversión productiva, ahora irá a parar en una ayuda que se suponía debía ser externa.

También implica asumir que no hay capacidad nacional para dirigir al país y manejar los recursos, ni siquiera en la sociedad civil, y que el uso de estos recursos no se traducirá en fortalezas para el desarrollo ni en un beneficio perdurable. Es decir, se diluirá también.

Esta reflexión, limitada por los caracteres disponibles, busca despertar en los venezolanos y en las organizaciones nacionales de la sociedad, la necesidad de asumir la responsabilidad de nuestra situación.

Que haya la convicción de que la solución de nuestros problemas, como sociedad y como nación, solo podremos resolverla nosotros, organizados y con la disposición de que Venezuela pueda salir de la penumbra, la desesperanza e incertidumbre en la que se encuentra, principalmente luchando.

Tomado de El Pitazo