La razzia represiva recién ejecutada por la dictadura, más que una operación policial es parte de una política que responde a la agobiante situación que hoy vive Venezuela. Las mentiras y manipulaciones del régimen —para convencer de que vamos camino a la normalización, a la superación de la crisis y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo—, pretendiendo contrariar la realidad, rápidamente pierden su efectividad para el engaño.

El país está en un atolladero del cual no saldrá mientras se mantenga en el poder la actual camarilla gobernante. Entre tanto, las luchas se incrementan, las protestas y reclamos se fortalecen, convirtiéndose en una presión concurrente para el cambio político. La presión internacional y la presión política interna que demanda elecciones presidenciales y parlamentarias libres, el restablecimiento de la vigencia plena de la Constitución y de las libertades públicas, obligan al régimen a realizar maniobras que le permitan navegar en los diversos escenarios.

Pero para lograr que esa apariencia irreal tenga algunos visos de credibilidad, les es clave debilitar al movimiento de protesta, torpedearlo, desestimularlo y atemorizarlo. Además, buscan impedir la imperiosa unidad social que ya se construye para enfrentar las políticas hambreadoras. Es allí como la represión encuentra una explicación ilegítima y perversa, pero también peligrosa.

Al cerrar las válvulas de escape al descontento, el régimen juega con candela. Bloquear las posibilidades de participación y acción política a los partidos opositores, reprimirlos, ilegalizarlos o usurparlos como en nuestro caso, es crear una conflictividad permanente y ascendente. La camarilla gobernante sabe que es minoría: haga lo que haga, no va a ganar elecciones si son genuinamente libres y democráticas.

En el caso de estos seis luchadores sociales y políticos detenidos, la patraña es tan grande que ha motivado la condena generalizada y la demanda de libertad de los nuevos presos políticos, que pasan a engrosar una inmensa lista. El reclamo de libertad proviene hoy de distintos espacios de la sociedad civil organizada y de órganos internacionales que velan por los DDHH, como la OIT y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

Un proceso amañado desde el principio, un juez complaciente y, para completar, retardo de todo el proceso en todas sus fases, es lo que se vislumbra en el caso. Utilizan la práctica abominable del “expediente en reserva y en investigación abierta”, como argumento procesal para impedir un verdadero derecho a la defensa y para seguir construyendo delitos alrededor de los detenidos.

Bandera Roja demanda la libertad inmediata de los luchadores sociales y presos políticos Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Alcides Bracho, y de los sindicalistas Gabriel Blanco y Emilio Negrín. No hay indicios fundados ni suficientes como para la privativa de libertad. La represión contra luchadores sociales y políticos debe cesar. Es un imperativo en este momento, encontrar las vías que permitan la salida menos traumática y menos costosa a la difícil y generalizada crisis que vive nuestro país. El cambio político es inevitable y es indetenible.

 

Por la Dirección Nacional de

BANDERA ROJA

Gabriel Puerta Aponte, Secretario General

Caracas, 25 de julio de 2022

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