16 años de prisión para los sindicalistas: aberración y ausencia de Estado de Derecho

El primero de agosto de 2023 se desarrolló la audiencia de conclusiones de un juicio en contra de seis luchadores sociales y dirigentes sindicales que comenzó en julio de 2022. Una sentencia a todas luces extralimitada, que los condena a 16 años de prisión por supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir que nunca fueron demostrados, ni mediante una mentira.

El tribunal ni siquiera se ocupó de incluir en el expediente una prueba de que hayan cometido o planificado algún delito. Ni siquiera un testigo. Nada. Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, fueron detenidos de manera arbitraria entre el 4 y el 7 de julio del año pasado, fueron sacados de sus viviendas por comando policiales sin orden judicial, encarcelados y torturados bajo condiciones abyectas.

Todos fueron encontrados en sus viviendas y en distintos estados y ciudades del país. Guárico, Falcón, Miranda y Distrito Capital. La acusación fue realizada por un supuesto patriota cooperante que informó sobre un presunto plan conspirativo que ejecutarían el 5 de julio de 2022 y otro para agredir a familiares de Tareck El Aissami en Mérida. Sin embargo, todos los supuestos implicados estaban en sus hogares, en ciudades distintas, haciendo labores propias de sus vidas cuando los funcionarios, casi todos sin identificación, llegaron a buscarlos.

El juez que tomó la decisión de pasarlos a juicio privados de libertad, fue el conocido José Mascimino Márquez García, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial. Hoy está acusado y preso por corrupción y por sobornos para la liberación express de integrantes de Tren del Llano, mientras realizaba juicios contra inocentes a través de su tribunal. Llegó a juez sin haber tenido los méritos y el tiempo de ejercicio para ejercer el cargo y fue capturado en medio del proceso anticorrupción ejecutado contra Tareck El Aissami recientemente.

Este mismo tribunal, con competencia en Terrorismo, aplicó una ley que viola todos los parámetros del debido proceso y de la presunción de inocencia en el ámbito penal. La ley contra el terrorismo ha sido la jugada más terrorista del Gobierno, para practicar el Terrorismo de Estado y silenciar a la disidencia de forma discrecional.

Estos dirigentes sociales encarcelados, cuatro de ellos militantes del partido Bandera Roja, llevan más de un año encerrados con presos comunes en instalaciones de detención preventiva, con condiciones de salubridad precarias, en las que deben pagar todo: el agua, la comida y el mantenimiento de las instalaciones. Para visitarlos hay que pagar. Es un sistema penitenciario privatizado totalmente. Y ellos, justamente, luchaban en las calles y estaban organizados en gremios y organizaciones políticas para exigir salarios dignos, para exigir el respeto de los derechos de la clase trabajadora. Esta prisión ha sido incalculablemente costosa, económica y emocionalmente.

Cada uno de los detenidos tiene una familia que padecía, al igual que la mayoría de los venezolanos, la implacable pobreza y la incapacidad de compra de los bienes más esenciales. Y en la mayoría de los casos eran responsables del ingreso familiar.

Alonso, ingeniero pesquero, estaba a cargo de su familia y cuidaba de su mamá y justo al momento de la detención, cuando iniciaba un tratamiento de quimioterapia para su madre. Reynaldo es el único hijo que se mantiene en Venezuela, de una señora de 79 años. Hoy está preso injustamente y su madre ha quedado sin su único apoyo en el país. Alcides, artista plástico y docente de educación básica. Tiene dos hijos y asumió el cuidado de dos sobrinos tras la muerte de su hermana. Estaba a cargo de todos y hoy no puede garantizar el sustento. Su esposa ahora lleva sola la responsabilidad de conseguir comida para su familia y para Alcides. Néstor, ingeniero civil, vivía con su madre, quien ahora tiene que viajar a diario desde los Valles del Tuy para llevarle comida. Gabriel no pudo estar con su madre el día en que murió y ella no pudo verlo en libertad como merecía. También se perdió la graduación de bachiller de su hijo. Toda una historia de injusticias irreparables.

El juicio, a todas luces, fue amañado. Al igual que muchos otros juicios de presos políticos, estuvo plagado de retrasos, audiencias sin celebrar, diferimientos. Para cada audiencia, los luchadores eran trasladados muy temprano, para pasar todo el día en el Palacio de Justicia, en una celda que todos los presos políticos describen como nauseabunda, para que en al menos seis oportunidades les devolvieran a su centro de reclusión sin que se llevase a cabo la audiencia.

Los testigos promovidos por la Fiscalía fueron oficiales de cuerpos de seguridad del Estado que actuaron en la detención. Sus declaraciones solo dieron certezas de lo indebido del proceso y lo arbitrario de las detenciones. Ninguno dio aporte sobre la comisión de algún delito o la planificación de alguna acción conspirativa. Lo único que pudieron decir es que había una relación entre ellos y que se mandaban mensajes de WhatsApp. Y cómo no, si son compañeros de partido, cuatro de ellos de Bandera Roja, el partido con más presos políticos en el país. Dos son vecinos y varios son de gremios de trabajadores. Es decir, se conocen, son amigos, camaradas o compañeros de lucha sindical y de derechos humanos.

La convocatoria a la audiencia de conclusiones se hizo en varias oportunidades, pero se retrasó por la insistencia del Ministerio Público para que se presentara el «testigo estrella» del caso, un patriota cooperante. Al menos tres audiencias fueron diferidas por esta razón. Finalmente, los policías informaron al tribunal la imposibilidad de conseguir a la persona y así continuó el juicio. La última audiencia, diferida, fue particular por lo caricaturesca de la situación. Cuando ya todo estaba listo para la audiencia, en sala de juicio, a la espera del fiscal del MP, informaron que se suspendía porque el fiscal había salido corriendo, literalmente corriendo, del Palacio de Justicia.

El martes 1 de agosto de 2023 se celebró por fin la audiencia de conclusiones del juicio. Dos horas de exposiciones de la defensa de los luchadores, magistrales clases de derecho penal y del debido proceso, así como una exposición detallada de cómo el juicio demostró la inocencia de los luchadores. Hasta este punto, en sala de juicio los familiares entendían que la decisión sólo podía ser favorable, porque no había ni una sola prueba, ni un solo indicio, ni siquiera una duda. Era claro que los seis luchadores eran inocentes.

Pero la jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal, los condenó a 16 años de prisión. Una aberración. Fue realmente una decisión sin fundamento ni base legal. Una decisión política en la que la jueza solo funge como la cara visible de la más cruenta, inhumana e ilegal dictadura. Y es más cruenta, porque esta dictadura mantiene una fachada de democracia para algunos gobiernos. Para muchos movimientos y partidos de izquierda, Maduro es víctima de EE. UU. Pero hoy Maduro está condenando a cuatro militantes comunistas, que luchan por demostrar que el gobierno venezolano es una dictadura neoliberal.

Por momentos, la desesperanza nubla el pensamiento. No deja de sorprender la maldad, la injusticia y la miseria. Pero la lucidez y la confianza de estar en lo correcto, es lo que nos mantiene firmes como se mantienen los seis luchadores sociales sobre quienes pesa una condena de 16 años de prisión. Ellos enviaron mensajes de entereza y gallardía frente a las pretensiones del poder de amilanarlos. Esa lucidez de la maldad vivida en primera persona, es la que nos empuja a seguir luchando por una Venezuela libre, en la que el pensamiento no sea garantía de cárcel, en la que luchar por derechos no te cercene los derechos. Por esa Venezuela vale la pena seguir luchando, porque solo será posible cuando quienes están en el poder y quienes le soportan, sean echados del poder.

Tomado del El Pitazo