La heroica e injusta muerte del maestro Oswaldo Arenas en la cárcel de La Pica

Oswaldo era maestro de escuela. Cuando cayó preso en la cárcel de La Pica por su actividad sindical y revolucionaria, nunca pensó que un infame disparo de la policía política del gobierno (Disip) y la Guardia Nacional, le desgarraría el vientre hasta hacerlo morir. Ese día cayeron al menos 11 presos baleados por la custodia carcelaria, luego de que descubrieran un plan de fuga de un grupo de presos políticos.

Al mando de aquel pelotón de fusilamiento se encontraban el mayor (GN) Omar Perdono Valera, el capitán de la (GN) Pernia y el teniente de la (GN) Ávila, quienes contaron con el visto bueno del fiscal militar y del gobierno nacional, que dio la orden de ejecución de aquel crimen, como “escarmiento” para el resto de presos políticos que plenaban las cárceles en el país.

Oswaldo cayó herido por un disparo de pistola 9 mm hecho por la espalda por un comisario de la Disip de apellido Granados. El disparo lo atravesó por la espalda y salió cerca del ombligo. Agentes de la Disip (hoy renombrada como Sebin) habían sido llamados para reforzar las garitas del sector dónde estaban los presos políticos.

Uno de los testigos que luchó aquella tarde junto a Oswaldo cuenta que, en medio de la balacera, los presos lograron rescatar muy malherido al maestro Oswaldo, pero ya presentaba exposición de sus vísceras producto del balazo. Fue después de cerca de una hora de refriega cuando los atacantes acceden a trasladar al herido a un hospital. Pese a la terrible herida que padecía, aun así, fue esposado y lanzado en la paila de una camioneta, para ser trasladado en la peor de las condiciones. Esto le causó una muerte dolorosa y agónica.

Pero es que Oswaldo tenía experiencia en escapes carcelarios. Su destacada participación en las tareas de apoyo en la fuga de la cárcel de La Pica, realizada exitosamente en 1977 por Bandera Roja, lo hizo parte aquel entonces de la conquista de la libertad de trece revolucionarios, entre los que destaca el legendario Catire Rincón. Esta vez lo intentaba desde adentro, aunque con un desenlace devastador.

Un dicho internacionalmente conocido reza que “la primera misión de todo preso político es escaparse para lograr su libertad”. Eso había intentado aquel 8 de agosto de 1983 un grupo de militantes revolucionarios, principalmente de Bandera Roja, entre los que destacaba el maestro Oswaldo Arenas, docente revolucionario que había entregado su vida a la defensa del magisterio venezolano y que para entonces era dirigente del Sindicato SUMA de Ciudad Guayana, estado Bolívar.

Aunque esto haya sucedido hace casi 40 años, la historia de sindicalistas presos o asesinados ya no es exclusividad de la “cuarta”, como les gusta decir a los continuistas del chavismo hoy día. Actualmente repiten la misma historia contra varios sindicalistas, encarcelados por encarnar los intereses de los trabajadores contra una política antinacional y antiobrera, igual a como lo hicieran décadas atrás tantas mujeres y hombres buenos y destacadamente heroicos.

Oswaldo nació en Caracas en donde se graduó de maestro. Además, estudio en la UCV varios semestres de computación. Tenía 12 hermanos, ocho mujeres y cuatro hombres. Su mamá, Celia Arenas, murió al mes de su terrible muerte. Su papá, Juan Arenas, con 97 años, aún vive.

En honor a aquel gran hombre, maestro y revolucionario, este 5 de septiembre se constituyó el Comité de Presos Políticos Oswaldo Arenas, que agrupa por ahora al maestro y artista plástico Alcides Bracho y a los dirigentes sindicales y de trabajadores, defensores de los Derechos Humanos y luchadores sociales y revolucionarios Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, presos en las cárceles para presos comunes de Zona 7 en Boleíta y La Yaguara respectivamente.

Mediante un comunicado han exigido este lunes, 5 de septiembre, su libertad plena e inmediata y la libertad de todos los presos políticos en Venezuela; el cese inmediato de la represión, detenciones y torturas en Venezuela; la derogación inmediata de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por ser supraconstitucional e instrumento político que violenta el poder popular, la ciudadanía y el marco legal de la República y; la derogatoria del Instructivo Onapre y la restitución de los derechos salariales y conquistas de todos los trabajadores públicos del país.

Tomado de El Pitazo con edición posterior del autor