El miércoles 16 de marzo los venezolanos rechazaron, mayoritariamente, el aumento del salario mínimo decretado por Nicolás Maduro, pero por ser insuficiente. Aunque el aumento fue de 1.705% respecto a su valor anterior, apenas representó un incremento que tímidamente alcanzó a un quinto de la canasta básica alimentaria que, de acuerdo a la agencia EFE, superaba los $150 en ese momento.
Si comparamos con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual en 2021, que fue del 686,4% y le sumamos el año anterior con 1.197,5%, pudiéramos decir que solo se trató de una indexación del salario de los trabajadores a las mismas condiciones de miseria anterior.
Pero cinco meses después y según cifras del BCV, el IPC ha registrado un incremento acumulado de 31,2% hasta la fecha. Es decir, el salario mínimo decretado entonces, representa ahora siete veces menos que el precio aproximado de la cesta básica alimentaria, asumiendo que la gente solo pueda comer lo elemental sin consumir ningún otro tipo de bien o servicio.
Adicional a esto, debemos sumar que el bolívar ha sufrido una devaluación aproximada del 44,97% de enero hasta la fecha; y que en el último mes ha tenido una muy elevada caída del poder adquisitivo de la moneda nacional, perdiendo en la última semana del mes de julio cerca de 21% de su valor. Esto conduce a que la capacidad de compra del salario mínimo, que percibe una buena porción de los trabajadores públicos en bolívares, haya tenido no solo el impacto negativo de la devaluación de su poder de compra por los incrementos de precio, sino por pérdida de capacidad de compra de la moneda nacional.
De acuerdo con estas cifras y la forma en cómo se han desarrollado, no existe evidencia de relación entre el aumento del salario mínimo o los incrementos salariales y pagos de deudas correspondientes contraídas por el Estado con los trabajadores, y la pérdida casi total de la capacidad de compra del ingreso de los asalariados, acompañada de la devaluación de la moneda nacional. Sin embargo, es esto lo que pretenden decir quienes le hacen el juego al régimen o a quienes poco les interesa la verdad o las condiciones de los trabajadores venezolanos, principalmente de la administración pública.
Es claro que los precios han aumentado sin que haya aumentado el salario de los trabajadores. El régimen de Maduro se ha visto forzado a aumentar los salarios dada la pérdida del poder adquisitivo, que siempre supera la cifra del aumento de salario anterior. Actualmente no ha habido incrementos intermedios por lo que no se puede vincular la caída vertiginosa del poder adquisitivo con ningún aumento.
Pero este incremento en los precios sí afecta, pero positivamente, las ganancias de quienes venden productos. Principalmente los importadores, dada la destrucción actual de la capacidad productiva del país. Sin embargo, tampoco quienes producen en el país han visto afectada su ganancia dado que, sin subir salarios, han aumentado precios incluso por encima de lo que representó el aumento del salario mínimo anterior. Pero a tirios y troyanos parece resultarles bien el negocio de la falsificación.
En medio de esta situación, cuya relación está más vinculada a la destrucción de la capacidad productiva y a la caída de la capacidad de importación del régimen, siguen entrando ingresos extraordinarios por concepto de petróleo, minería legal y contrabando y presión fiscal sobre los consumidores, además del increíble aumento de los ingresos luego de la dolarización casi total del precio de la gasolina.
Nada puede vincular las luchas de los trabajadores y las exigencias de aumento con los índices de inflación. Es al contrario. Los trabajadores se ven hoy forzados a exigir la indexación de sus salarios para rescatar su poder adquisitivo y eventualmente superar incluso la condición de su ingreso actual, que en el mínimo apenas cubre el 14% de los requerimientos de alimentación. De la Cesta Básica ni siquiera representa un 3%. Hay recursos suficientes y no es cierto que los aumentos de salario sean el origen de la inflación actual.