Un dilema del estudiante universitario: ¿gratuidad o privatización?

En el movimiento de renovación de 1968-1969, la autonomía universitaria tiene un emblema sobre el papel de los estudiantes en las propuestas del desarrollo nacional y la defensa del carácter gratuito y popular que debería gozar la educación superior. El resultado de este proceso dejó contenidos programáticos en casi todas las carreras que permitían un importante acercamiento al conocimiento científico y a lo más positivo de la cultura universal y nacional.

Uno de los aspectos fundamentales de este proceso de renovación —el más importante en toda América Latina en el siglo XX— fue el de afianzar una tradición que aún persiste. Aunque se han realizado debates, entre dirigentes estudiantiles de estos tiempos, que reflejan un nivel de conciencia alejado de los intereses de quienes deberían representar.

Son varios los sectores políticos, con incidencia en profesores y estudiantes, que propician la privatización de las universidades y el cercenamiento de la gratuidad de la educación universitaria, como mecanismo que permitiría el financiamiento de la educación superior, a raíz de la crisis producida por el chavismo en las universidades.

Un tantico de historia

Hace más de siglo y medio, el 27 de junio de 1870, el presidente Antonio Guzmán Blanco dicta el Decreto de Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria para todos los venezolanos, con lo que se anticipa a los países europeos más avanzados y se impulsa la educación en el país. Aunque Juan Bautista Dalla-Costa se le adelantó a Guzmán unos dos años, al publicar una circular en la que en el Estado de Guayana se obligaba a dar educación gratuita y obligatoria a todos sus ciudadanos.

Por lo que en Venezuela es una tradición que parecen no valorar quienes buscan cercenar un derecho que cobra cuerpo cada día más en todo el mundo, incluso en países como Estados Unidos donde ya el clamor es generalizado. En Colombia, Gustavo Petro luce ganador de las elecciones a realizarse próximamente, precisamente por enarbolar la oferta de la gratuidad en la educación superior.

El Estado cuenta con varias funciones para garantizar las condiciones para la reproducción del orden. La educación es una de sus tareas fundamentales, puesto que la formación de la fuerza de trabajo es un asunto esencial para la producción.

Quienes plantean la privatización de la educación, o de sus servicios coadyuvantes, no se percatan de que su financiamiento proviene del presupuesto de ingresos del Estado. Se conforma a partir de la recaudación fiscal. Petróleo, minería, impuesto sobre la renta, IVA, timbres y tributos, conforman un fondo que va a nutrir los ingresos. Mismos que se distribuyen en el contexto de las funciones del Estado para garantizar las condiciones de reproducción del orden establecido. Se cubre el presupuesto de gastos de manera jerarquizada, a partir de las prioridades de cada gobierno y en cada circunstancia concreta.

En el presupuesto de gastos hay partidas que, para la dictadura chavista de Maduro, modificarlas le resulta un asunto muy caro. Por ejemplo, presentan como inamovible lo del pago de la deuda pública, sobre todo la externa. También debe atender las demandas de los militares, sostén principal del régimen, aun cuando aporten muy poco a la sociedad. El sistema judicial, las cárceles, entre otras instituciones del orden jurídico y penal, también es jerarquizado por la dictadura. Pero la educación universitaria no.

Luego, la distribución del presupuesto se realiza en medio de las disputas con los trabajadores y las demandas de la población, toda vez que el Estado —por su naturaleza y los intereses que representa— cumple, ante todo, con los dictados de la oligarquía financiera. De allí que la distribución de los ingresos está sujeta a vaivenes que siempre favorecen a las clases dominantes.

De igual manera el presupuesto de ingresos se configura con base en la misma circunstancia. El IVA y en general la presión tributaria se han convertido en la principal fuente de recursos para el presupuesto de ingresos. Llegaron a aportar más de 70 % durante varios años en los que la caída de los precios y de la producción de crudo llevó a mínimos históricos los aportes al erario por concepto de impuesto y regalía de este rubro. Además, dada la caída de la producción interna en general, el impuesto sobre la renta se redujo sustancialmente.

Pese a todo, hay momentos históricos en los cuales el Estado —que erige el orden basado en la explotación obrera— traspasa parte de estas funciones al sector privado. Les brinda a los capitalistas servicios públicos para que se lucren. Es el caso de la privatización de la salud y la educación. Pero no es una tendencia dominante, dado que el Estado puede asumir los costos a partir de la socialización en la adquisición de los fondos, tanto como lo hace para el pago de la deuda pública.

¿Pueden responder a este asunto quienes ingenuamente ven la solución al problema de la educación universitaria en el cobro de matrículas y la privatización de los servicios estudiantiles?

Ésos son los argumentos para que los estudiantes, sobre todo quienes buscan representarlos, hagan conciencia de la importancia de levantar las banderas por una educación gratuita, popular, democrática, científica y con un profundo sentido humanista universal y nacional. De que debemos luchar para que el Estado cumpla con el mandato constitucional de financiar la educación en todos sus niveles. Es que manejar las cuentas nacionales, y las disputas que existen en su rededor, es fundamental para diseñar una política correcta en tal sentido.

Hay que apelar a los artículos 102 y 103 constitucionales, que no dejan lugar a dudas respecto de la responsabilidad del Estado en brindar los recursos para garantizar la gratuidad y calidad de la educación pública. Hacer caso omiso de esto es producir un retroceso histórico que no se corresponde con el papel jugado por los estudiantes en la lucha por la educación como factor esencial en el avance de la sociedad hacia estadios más avanzados de desarrollo humano.

Tomado de El Pitazo