Lun 21/02/2011 – 19:17
Imagen de ayer del Capitolio de Madison, ocupado desde hace 14 días por los manifestantes
Lo que pasa en ese estado no es apenas un recorte presupuestario, sino un experimento para quebrar a los sindicatos. Con lo que republicanos y demócratas están nacionalizando la pelea y las manifestaciones son enormes.
La reacción contra el proyecto conocido como “ley de reparación presupuestaria” no arrancó entre los empleados públicos sino en oposición a los recortes presupuestarios a la universidad. El fin de semana pasado, estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Wisconsin –donde en los ‘60 se registró uno de los puntos más tempranos y sangrientos de las protestas contra la guerra de Vietnam– repartieron en Madison las tarjetas del Día de los Enamorados contra Walker. Apenas siete días después, la protesta ya involucra a más de 100 mil personas sólo en Wisconsin, tiene el apoyo de la totalidad de los sindicatos, va en camino de convertirse en una de las movilizaciones gremiales más grandes de las últimas décadas, ha dejado al Parlamento ocupado por los manifestantes durante cuatro días, involucró al presidente Barack Obama y a la neoconservadora Sarah Palin e implicó entre otras cosas la decisión de los diputados demócratas de huir del estado de Wisconsin como recurso legal para dejar sin quórum al gobernador.
En lo central, el proyecto de Walker limita el poder de los sindicatos del sector público a discutir sólo salarios, dejando afuera beneficios y condiciones de trabajo. También impone un techo a las mejoras salariales basado en el índice de inflación y aumenta las contribuciones a los fondos de pensión y salud. Además, modificaría la vida gremial obligando a los sindicatos a revalidar sus conducciones todos los años.
Anoche, cerca de quince mil personas acampaban de nuevo frente al capitolio local. Los diputados demócratas “en el exilio” amenazan con no volver al estado hasta que Walker se comprometa a negociar. Tienen a su favor las encuestas: dos tercios de la población se opone a la ley. Pero el gobernador cuenta a su favor haber sido electo recientemente en base a una plataforma conservadora que, si no explicitaba este paso, le daba todo su sustento.
La cruzada de Walker tiene menos que ver con los problemas fiscales de su estado que con las necesidades de validar su liderazgo en un estado recién recapturado para el lado republicano, y con proyectar su figura a nivel nacional al frente del movimiento de derecha que se consolidó en la elección de noviembre último. “Es hora de limitar el poder de los sindicatos, y en eso espero poder ser la fuente de inspiración para muchos otros”, dijo ayer. Su proyecto es en ese sentido el ariete de una avanzada a nivel nacional y la elección de Wisconsin como punto de partida es cualquier cosa menos casual. Si en algo coinciden el gobernador y los sindicatos es que si esta ley se aprueba en Madison, se abren las puertas para una formidable reducción del poder de los sindicatos y de su capacidad de incidencia en la distribución del ingreso a nivel nacional. De ahí que sindicatos y grupos conservadores de Ohio, Florida, Iowa, Maine y Nueva Jersey se involucren en la pelea.
“Si se aprueba en Wisconsin se puede aprobar en cualquier lado”, repitió ayer Gerald W. McEntee, jefe del sindicato de empleados públicos. Lo mismo piensan los gobernadores republicanos. Y hay al menos tres razones para esa expectativa. Una es que, al menos desde los ’30, Wisconsin ha sido un estado donde los demócratas mantuvieron una cierta tradición progresista y una asociación sólida con los sindicatos que se tradujo en un dominio fuerte, aunque no permanente, sobre la política local. La aprobación de esta ley sería una derrota partidaria que se haría sentir en todo el país. A nivel laboral, la avanzada de Walker también implicaría quebrar el poder de uno de los sindicatos de empleados públicos más grande y poderoso de Estados Unidos, con 170 mil afiliados. El Afscme fue creado en los ’30 al calor del avance de la legislación laboral durante el New Deal. Y en 1959 se convirtió en el primero con capacidad de negociar convenios colectivos de trabajo.
Finalmente, con la vista en los números, queda claro que el proyecto es derivado del endurecimiento ideológico republicano más que de una urgencia económica de Wisconsin. El desempleo (7,5 por ciento) y el déficit proyectado (12,8 del presupuesto) no sólo están por debajo del promedio nacional sino que son optimistas comparados con los de otros estados. Que la convicción ideológica es el motor de esta pelea explica que más de un centenar de organizaciones vinculadas con el Tea Party en todo el país hayan comenzado a movilizarse desde ayer en favor de la medida.
El lugar más complicado, una vez más, es el de Obama. Su oposición a Walker fue clara –“es un asalto contra los sindicatos”, dijo– pero aún no se tradujo en una movilización de recursos políticos a favor de la protesta. No es exagerado suponer que sus últimos pasos también abonaron el campo para iniciativas como las de Wisconsin. Hace apenas diez días envió al Congreso un proyecto de presupuesto centrado en el recorte de gastos, con argumentos que en muchos casos se superponen con los de la oposición. La suerte, en ese sentido, no está del lado de los sindicatos. Ayer, mientras en Madison se producían las marchas más grandes a favor y en contra del gobernador, la Cámara baja en Washington rearmó el proyecto de Obama y, con mayoría republicana, aprobó el recorte del gasto público más grande de la historia moderna de los Estados Unidos.
Si la pelea de los sindicatos contra Walker tiene carácter épico, también es porque tiene chances de convertirse en el hito que represente una derrota más de los sindicatos. Nada está definido, pero medios y analistas volvían anoche una y otra vez al recuerdo de la famosa huelga de controladores aéreos que Ronald Reagan quebró en 1981. Desde entonces, el reajuste de la sociedad norteamericana cuenta en su iconografía huelgas masivas y prolongadas de los obreros de la carne en Minnesota o de industriales en Illinois, cuyas derrotas jalonaron el retroceso del sector asalariado en la vida económica del país durante las últimas tres décadas.