Chile: Terrorismo e industria forestal (para comprender lo que pasa con los Mapuches en Chile)

En Chile, como una herencia más de la dictadura (o régimen militar, como prefiera), se habla coloquialmente de terrorismo para referir a hechos que no tienen esa naturaleza. El terrorismo verdadero refiere a acciones delictuales, organizadas sistemáticamente a través de redes internacionales, que manifiestan un desprecio tal por la vida humana que provocan terror en la población, promoviendo el odio por motivos étnicos, religiosos o políticos(1).

No se trata de cualquier delito que provoca terror, de lo contrario un asesinato común podría ser catalogado como terrorista. En el modelo norteamericano, se trata de un terror que tiene como objetivo desestabilizar el sistema económico, entendiendo que el lucro es la base de la sociedad. En el modelo europeo refiere a la desestabilización del sistema democrático. El presupuesto es que el pueblo soberano se da a sí mismo un sistema político, y un grupo quiere forzar al resto, a través del terror, a adoptar otro sistema político(2).

De ahí que siempre el terrorismo es un fenómeno político. En Chile hubo terrorismo el 11 de Septiembre de 1973, con un incendio nada menos que en el palacio de gobierno y acciones sistemáticas posteriores de aniquilamiento.

La Coordinadora Arauco Malleco a lo largo de su historia como organización ha reivindicado ataques de resistencia al capital que depreda el territorio mapuche y amenaza su subsistencia como Pueblo. No pretendo yo legitimar esas acciones, desde la comodidad de mi escritorio. Pero es necesario que un gobierno, a la hora de invocar una legislación, tenga en cuenta distinciones mínimas.

En cualquier país con terrorismo se reirían de escuchar que Chile dice tener terrorismo. Ya los cables de Wikileaks mostraban que personeros de EE.UU. ridiculizaban esa posibilidad, siendo que es ese el gobierno que más duramente ha orquestado la campaña internacional para que los estados endurezcan sus legislaciones al respecto.

En la práctica en Chile la ley antiterrorista se ha utilizado a manera de “sentencia previa”, a través de largas prisiones preventivas a personas que en su mayoría después han salido absueltas, como herramienta política a la mano de los gobiernos de ambas coaliciones, para no atender a los derechos mapuche y para proteger los intereses económicos del sector forestal.

Actualmente hay una treintena de mapuche, pertenecientes a diversas orgánicas, esperando juicios por ley antiterrorista en arresto domiciliario, quienes seguirían en las cárceles si no fuera por las huelga de hambre. Los mapuche condenados por ley antiterrorista durante la Concertación, actualmente están demandando al Estado de Chile ante la Corte Interamericana por discriminación en la aplicación de la ley, y el gobierno actual reconoció la legitimidad de su reivindicación territorial entregándoles tierras hace pocas semanas.

Los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco que están presos actualmente en Angol también fueron juzgados por la ley antiterrorista, y la Corte Suprema a través de una mañosa interpretación, contraria al espíritu de la reforma procesal penal, planteó que algunos de sus mecanismos eran legítimos incluso al condenarlos por ley común(3). El caso se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace pocas semanas.

Podemos decir, con bastante consenso nacional, que contra el Pueblo Mapuche se han ejercido sistemáticamente acciones terroríficas que han desestabilizado su sistema social como pueblo. Se trata del aniquilamiento de un pueblo, en su existencia como tal, a través de la negación de su derecho al territorio ancestral. Ya que históricamente ha sido la espiritualidad(4) ligada a la tierra lo que ha definido la existencia del pueblo mapuche, es evidente que sin un espacio territorial al que esa identidad haga referencia, todo discurso de reconocimiento se queda en pura demagogia.

La experiencia de los últimos 100 años plantea que es muy difícil transmitir a los hijos la identidad en la diáspora. Sin territorio, el Pueblo Mapuche está condenado a desaparecer. Algo similar le ocurre a los hijos y nietos de chilenos exiliados en Europa si no está el espacio territorial de la nación chilena como posibilidad de arraigo. Pero la negación llega a extremos como el del RN Carlos Larraín, que con el afán de relativizar la existencia del pueblo mapuche plantea que “todos somos mestizos”.

Tal modo simplista de concebir la identidad se sigue enseñando en los colegios a través de los libros de Sergio Villalobos. La pregunta clave que se debe hacer a todo gobernante a este respecto es: ¿Cree usted que el pueblo mapuche debe seguir existiendo? La respuesta políticamente correcta obvia es sí. La pregunta siguiente es ¿Cree que puede existir a largo plazo sin un espacio territorial de referencia? Todo lo demás es demagogia. El Pueblo Mapuche tiene derecho a existir en su territorio. El modelo forestal puede traer mucha riqueza al país, pero a través de ellas se están violando derechos inalienables.

Hector Llaitul, preso político de la Coordinadora Arauco Malleco y vocero político, en su comunicado sobre la acusación del gobierno, lamentó “la muerte de gente pobre, de jóvenes trabajadores, víctimas también del sistema económico, que laboraban en condiciones deplorables, con salarios miserables, sin las más mínimas medidas de seguridad, y que fueron enviados al choque para defender los intereses económicos de una de las familias más ricas de Chile”. Y es que, una vez controlados los incendios y pasado el revuelo mediático, urge una reflexión sobre el modelo forestal en territorio mapuche.

Este modelo se propagó por todo el territorio mapuche al amparo de la dictadura. El mayor subsidio consistió en que pudieron comprar a bajo precio terrenos que la reforma agraria estaba en proceso de devolver a los mapuche, y otros que estaban en manos del Estado.

A través del decreto ley 701, de 1974, se subsidió la plantación de pino y eucalipto. Tal es el origen de la expansión sideral de Forestal Arauco y Forestal Mininco, que multiplicaron muchas veces el patrimonio de las familias dueñas de Copec y CMPC. En el caso de Copec la empresa fue salvada de la quiebra de sus antiguos dueños y luego privatizada nuevamente.

Se trata de grupos económicos con amplias redes en los grupos de poder en Chile. Para poner un simple ejemplo de la influencia en la opinión pública, debemos considerar que cada vez que El Mercurio pregona “¡terrorismo!”, el papel que hace de soporte al texto que leemos viene del territorio en conflicto, siendo procesado por Inforsa, filial de CMPC. Actualmente ambos consorcios están en expansión por toda Latinoamérica, llevando las plantaciones de pino y eucalipto a todo un continente que es valorado por ser un verdadero pulmón del planeta.

Todos los veranos altos contingentes de fuerzas especiales son enviados al sur a proteger las cosechas del pino y el eucalipto. Sean los incendios provocados o intencionales, si queremos solucionar el problema de fondo debemos considerar que su causa fundamental es que hemos convertido el sur de Chile en un ecosistema peligroso, altamente inflamable y seco. ¡Quién se podría imaginar que en lo que alguna vez fueron reservas de bosque nativo, hoy a muchas comunidades se hace necesario llevar agua en camiones aljibe! ¿Es que el futuro del sur de Chile es convertirse en un desierto?

El Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT plantea que los Pueblos Indígenas tienen derecho a decidir sus prioridades en su proceso de desarrollo. Esto no será posible con el modelo forestal actual, pues invade y degrada el territorio, haciéndolo insustentable.

Se trata de verdades incómodas pero que urgen a un cambio de modelo. Pedimos a Dios que la tragedia que enluta a nuestro país nos haga reflexionar a fondo sobre nuestros problemas estructurales, para una paz social basada en la justicia.

1 Hace pocos días fue aprobada la Ley Antiterrorista en Argentina, causando gran revuelo ciudadano. Sin embargo se puede ver fácilmente que en comparación con la nuestra es muchísimo más avanzada.

2 En Chile, Myrna Villegas ha investigado ampliamente el tema. El INDH, por su parte, ha insistido reiteradamente en que nuestra ley no cumple con estándares de respeto a los derechos humanos.

3 Artículo más detallado en Le Monde Diplomatique, Agosto de 2011.

4 Palabra que está en crisis para el wingka. ¡Cuánto podríamos aprender de los mapuche en el valor de esa palabra!