Este dato es fundamental, toda vez que el capitalismo venezolano encontró en el régimen chavista la oportunidad de canalizar la tendencia revolucionaria tras una perspectiva relegitimadora del orden. Así, mediante la implantación de tal régimen político, de esta forma de dominación bastante particular, la aspiración estratégica del bloque hegemónico de la dominación es superar la situación revolucionaria aun presente en Venezuela. Escondiéndose tras la mascarada socialista la oligarquía venezolana, hoy nutrida por nuevos factores provenientes precisamente del régimen político, ha logrado desviar la tendencia revolucionaria buscando su desnaturalización, su bastardización extrema, pero no han alcanzado la meta.
A grosso modo, el chavista es un régimen despótico, que se expresa mediante el revisionismo de izquierda que fue preámbulo, en sus conceptuaciones filosóficas y políticas, de los regímenes fascistas de Europa. Ello es lo que explica los rasgos fascistas que se desprenden del irracionalismo que sustenta sus ideas filosóficas en materia política. Sin embargo, lo dominante es la naturaleza despótica que encuentra en la riqueza petrolera y su administración, la base fundamental. Es despótico precisamente por ello, por una centralización del poder que se alcanza a partir del control que ejerce el presidente sobre los inmensos recursos que depara la renta petrolera. Despotismo, contando con el discurso socialista, unido a la centralización creciente del aparato político, unido al militarismo, resumen las características fundamentales del régimen.
Vistas así las cosas, debemos ubicar algunas circunstancias generales, para así adentrarnos en el tema que nos ocupa de manera más precisa; esto es, debemos partir de algunos principios generales que nos permiten explicar el hecho educativo, de manera concreta. En primer lugar, ubiquemos que la estructura económica venezolana se ha configurado a partir, tanto del desarrollo de las fuerzas productivas en condiciones del capitalismo dependiente, como del papel que juega Venezuela en la división internacional del trabajo. La oligarquía financiera hegemoniza el proceso económico de manera cada vez más afianzada, estando integrada por el sector bancario, los grandes monopolios industriales y agroindustriales, encabezados por el grupo Saica Polar, los grandes importadores, junto con los sectores estrechamente vinculados al sector petrolero. Este sector, junto a la cúpula de la casta militar, el sector de la intelectualidad chavista y la dirigencia del Psuv y otros partidos minoritarios, buscan consolidar el bloque dominante que ha dirigido los destinos del país en la última década. Ahora bien, la estructura económica no se reduce al bloque dominante. Los sectores de la burguesía mediana y pequeña, los pequeños propietarios del campo y la ciudad, los sectores medios en general, profesionales, los campesinos y los trabajadores, resumen la composición que le da cuerpo a la estructura económica venezolana. Los cambios estructurales de las últimas dos décadas se reflejan en la manera como se ha afianzado la oligarquía financiera en el marco del papel de Venezuela en la DIT. Pero de igual manera estos cambios se reflejan en la descomposición de la burguesía que se rezaga en el proceso económico, así como la pérdida de espacios por parte de sectores antes vinculados al régimen bipartidista. La desindustrialización de Venezuela es factor determinante de los efectos en la estructura económica, afectando tanto a la burguesía como a la disminución en términos relativos de la clase obrera venezolana y la pérdida, por ende, de su incidencia política. Por último, el incremento de la lumpenización también forma parte de este proceso.
Esa estructura, hegemonizada por la oligarquía y orientada por el bloque dominante, ha demandado de cambios superestructurales plasmados en la Constitución y en las leyes que le han dado piso jurídico al desarrollo del capitalismo dependiente venezolano. La Constitución y las leyes, en lo fundamental, resumen las demandas del capital. Sólo que la superestructura no se reduce a eso. Más aún, como resultado de la forma de dominación entronizada, los cambios abarcan, deben abarcar, aspectos que van más allá del orden jurídico altamente centralizado por la mesiánica figura de Chávez, el déspota. La cultura, las manifestaciones artísticas, son afectadas y orientadas en esa dirección. La incapacidad de los gobernantes, del aparato político, así como la resistencia que han encontrado en las masas, así como en factores políticos diversos que abarcan desde sectores reaccionarios, así como revolucionarios, progresistas y democráticos, es lo que ha hecho que algunos aspectos no hayan logrado mayor desarrollo, pero la intensión no ha faltado. Pero en general la estética, las artes, las distintas manifestaciones culturales han sido orientadas en función de afianzar la farsa. Era de esperarse que el aparato educativo encontrara el mismo destino. Sólo que, el enfrentamiento en este aspecto, ha sido mayor. Tanto que han debido retroceder en sus aspiraciones de montar un aparato educativo más acorde con el tinglado.
Por otra parte, las relaciones sociales de producción capitalistas, no son más que aquellas que descansan en la explotación del hombre trabajador por el dueño de los medios de producción, en función de la producción de plusvalía. El hombre trabajador no es más que capital variable del capitalista, del cual echa mano de acuerdo a sus necesidades para la capitalización. Este capital debe ser reproducido y formado en términos concretos, de acuerdo a las demandas del capital. He allí una de las tareas fundamentales del estado capitalista, reproducir ese capital. Hecho que supone el desarrollo social y humano de la clase trabajadora.
Antes de ubicar algunos de los elementos generales de este proceso, es pertinente señalar que los recursos con que dispone el estado capitalista, provienen de la explotación del trabajo. Recordemos que la fuente de la riqueza es el trabajo humano. Esta riqueza se distribuye en forma desigual. Un fondo para salarios, el salario del trabajador productivo, aquél que produce plusvalía, se cancela regularmente, pero el fondo de salarios de los trabajadores del estado, por ejemplo se obtiene de la renta que capta la institución recaudadora, lo que no es más que una porción de la plusvalía producida por el trabajador y realizada en la relación de intercambio. Pero de igual manera, el trabajador productivo se ve despojado de una parte de su salario al tener que pagar el impuesto al valor agregado, IVA, por lo que parte de su salario de igual manera va a formar parte de los recursos que utiliza el estado para reproducir el capital variable. Estos recursos son los que van a permitirle al estado, no solamente invertir en las condiciones generales de reproducción del régimen capitalista de producción, sino también parte de esos recursos van a ser destinados a educación, salud, entre otros servicios, esto es, para reproducir la fuerza de trabajo, el capital variable.
De tal manera, que podemos ubicar que el hecho educativo en el marco de las relaciones capitalistas de producción, de las relaciones burguesas, se orienta a dos cuestiones esenciales: reproducir la fuerza de trabajo y afianzar aspectos superestructurales que legitimen las relaciones capitalistas de producción, así sea bajo la mascarada socialista. En relación con la reproducción de la fuerza de trabajo y, más concretamente con la reproducción del capital variable, recordemos su carácter histórico, por lo que la calidad de ese proceso debemos inscribirlo en las necesidades del capital en Venezuela. Ello es lo que explica que se jerarquice la cantidad muy por encima de la calidad, desprendimiento de la naturaleza del aparato productivo y de los procesos de trabajo realizados que demandan más trabajo simple que complejo.
En relación con los elementos superestructurales, es de esperarse un afianzamiento del eclecticismo en el terreno de las ideas filosóficas, así como de aquellas que buscan legitimar la puesta en escena de la parodia socialista, llena de contradicciones, que buscan servir de base al despotismo. De allí la irracionalidad, la mitología, la idea mesiánica, entre otras, que se expresan en la deformación de la historia, pero, sobre todo, en la deformación del análisis del desarrollo social y político.
Estas consideraciones son las que nos permiten ubicar el elemento en cuestión de manera más concreta. El sistema educativo, el proyecto curricular y pedagógico deben acogerse a esas determinaciones generales. Ello es lo que nos explica una ofensiva ideologizante en torno de algo que no existe, o sea del “socialismo”, con la reiteración de categorías esenciales del estado capitalista moderno, por ejemplo el principio de solidaridad, en medio de la reivindicación del estado docente. O bien, el discurso en torno del socialismo enarbolado por Chávez y la del principio societal o corresponsabilidad un tanto abstracto establecido en el artículo 101, del PLOE. La equidad es uno de los eufemismos que se repiten en el PLOE. Es como el concepto de igualdad frente a la ley acuñado por las revoluciones burguesas. No se realizarán tales principios mientras no se cambien las relaciones sociales de producción, así como tampoco se realizarán los derechos ciudadanos. A su vez, ubiquemos que se trata de un eufemismo que denota distribución con base en el derecho natural, esto es, con base en la ley del valor, para ser exactos. Distintos al criterio y principio de igualdad establecido desde el socialismo científico. Esto es, se imbrican categorías que forman parte del enmascaramiento, con aquellas que son propias del continuismo capitalista en condiciones concretas.
Hemos afirmado que, siendo el revisionismo apenas un ropaje socialista para enmascarar la continuidad de las relaciones capitalistas de producción y de cambio, así como la condición semicolonial de nuestro país frente al imperialismo, debe estar presente en todos los aspectos de la superestructura jurídico político del régimen. El hecho educativo no escapa de esta circunstancia. Más aún, sobre todo el hecho educativo, debe estar lleno de revisionismo. Creemos que el chavismo se queda corto a la hora de presentar este PLOE, si tomamos en cuenta que reducen el papel del estado docente a un conjunto de principios que bien pueden estar presentes en cualquier forma de expresión del estado burgués moderno. Apenas acuñan la categoría solidaridad varias veces, como dejando presente algo fundamental en las relaciones socialistas de producción, pero no acuñan el término socialismo. De tal manera que el PLOE supone un retroceso en comparación con proyectos anteriores, así como de las ideas y discursos adelantados sobre todo por el “gran hermano”. Parece que impera la tesis según la cual se trata de una Ley para estas circunstancias, buscando crear condiciones para, más adelante, implantar una Ley ya definitivamente “socialista”. Aunque somos de la idea de que en realidad imperan elementos más en correspondencia con las demandas del capital que otra cosa, pero, a su vez, tratan de introducir aspectos que permitan afianzar la forma de dominación imperante.
Debemos ubicar, por tanto, que la educación, siendo parte tanto del proceso de reproducción del capital variable, como de la superestructura jurídica y política en función de legitimar el orden capitalista, es lógico suponer que resume la ideología dominante, independientemente de que se habla de la propagación de la libertad de pensamiento. La educación, a su vez, propaga tesis doctrinarias de la ideología burguesa. Así como el cristianismo logra acuñar el término del libre albedrío como elemento que termina siendo esencial para el liberalismo económico, de igual forma en formas de dominación revisionista, se busca legitimar tesis a partir de aspectos mitológicos, siendo este, uno de los aspectos más complejos del debate de la circunstancia educativa en Venezuela. Más ampliamente, la educación formal, en cualquier caso y en cualquier país capitalista, resume no sólo una ideología, sino que, de igual manera, va a afianzar tesis doctrinarias en boga por parte de las clases dominantes y más específicamente por parte del segmento hegemónico de la burguesía. El hecho de que se aplique el principio de la libertad de pensamiento y la libertad para la expresión y propagación de las distintas corrientes del pensamiento no supone en lo absoluto que se realicen en términos de igualdad real. Por el contrario, será la ideología dominante la que se afiance, contando con la superestructura correspondiente.
En Venezuela las cosas se hacen más complejas en las actuales condiciones toda vez el imperio de un régimen que se presenta de palabra como socialista. Así, una de las armas más importantes para su legitimación ha sido precisamente la propagación de las tesis del socialismo, de la lucha de clases, unido al resentimiento y el odio, bases de sustentación de las ideas filosóficas del irracionalismo político muy propio de os regímenes fascistas. De allí el enfrentamiento desde perspectivas reaccionarias, una veces cargadas también de irracionalismo, o desde posiciones simplemente propias del liberalismo burgués que parte de los principios y enunciados del estado moderno. En el primer caso nos encontramos con los señalamientos que establecen que se trata de una estrategia para montar el proyecto comunista, castro comunista, u otra apelativo similar, en el hecho educativo. En el segundo se presentan consideraciones parten del criterio burgués de igualdad, de libertad y libre albedrío, entre otros.
De allí que no debemos caer en el chantaje del gobierno, que dice ir rumbo al socialismo, ni de quienes levantan tesis reaccionarias o liberal burguesas. Debemos partir de la crítica desde la perspectiva marxista. Es más, afirmamos que la única manera de formular una crítica al proyecto chavista con rigor científico, por tanto, desde dándole una perspectiva progresista, es precisamente a partir del análisis marxista leninista del hecho educativo así como de la propuesta del régimen. Y con base en ese método es como ubicamos aspectos esenciales del proyecto que denotan su verdadero carácter de clase que va más allá de los valores y principios elementales del derecho burgués.
Desde esta orientación, debemos ubicar la crítica de algunas consideraciones filosóficas que están presentes en el PLOE, así como en las afirmaciones que desde el régimen se vienen acuñando. Apreciaciones que debemos establecer dejando claro que reivindicamos el criterio de la libertad de cátedra y la asunción de que el hecho educativo supone el encuentro de las distintas corrientes del pensamiento, así como el principio según el cual la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes, sólo que en esta oportunidad se presenta en forma de un revisionismo ramplón y primitivo. Y es precisamente esta última afirmación la que nos permite ubicar la reivindicación que se presenta en algunos artículos de ideas propias de la posmodernidad, esto es, de las ideas filosóficas de la oligarquía financiera en esta etapa de desarrollo del capitalismo monopolístico. Por ejemplo, debemos fijar posición acerca de la implantación del criterio de la complejidad, subyacente en: “Finalidades de la educación superior Artículo 30” al afirmar que: “… sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente, las actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, con planteamientos interdisciplinarios y transdisciplinarios que permitan analizar los problemas confrontados”. Ubiquemos que ello supone un contrabando de las ideas de la posmodernidad que, a pesar de que ha sido reducido en este PLOE, supone un elemento esencial que bien puede servir a la negación del criterio de verdad, de ciencia y, más en términos generales, de negación de desarrollo dialéctico. Ese debe ser parte del debate en relación con el proyecto pedagógico y curricular. En vez de reivindicar la dialéctica, elemento fundamental en la comprensión de la sociedad para la construcción del socialismo, apelan a las corrientes metafísicas de la oligarquía.
Por su parte, la conceptuación del Estado Docente, resulta bastante avanzada en el proyecto de Ley. Sin embargo, debemos detenernos en tal acepción desde la perspectiva histórica. En primer lugar, es lógico suponer que el Estado, en el capitalismo y, en general, en cualquier sociedad, debe ser docente. Lógicamente, en el estado capitalista es cuando esta característica adquiere una connotación más elaborada, toda vez que la reproducción de la fuerza de trabajo está articulada a desarrollos industriales, por tanto científico tecnológicos que requieren de una mayor atención bajo todo punto de vista. Una cosa es capturar un esclavo, y este es la fuerza de trabajo en condiciones de esclavitud, y otra formar un obrero industrial. En ambos casos es el Estado, en el primer caso el estado esclavista y en el segundo el estado capitalista, el aparato que garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo, así como en ambos casos se trata de una mercancía valorizada, sólo que en el caso del esclavo es vendida por un tercero, mientras que en el segundo caso es el obrero motu proprio quien lo hace de sí mismo.
Ubiquemos, en este orden de ideas que, capital variable es tal porque agrega nuevo valor, hace que varíe el valor en el proceso productivo, que se revalorice el valor. Mientras, el capital constante sólo agrega su valor objetivado en un proceso pasado. De allí que se le asigne la denominación de trabajo muerto o trabajo pasado. Esto es lo que nos permite explicar que el capital variable debe formarse, debe reproducirse de manera concreta, esto es, de acuerdo a condiciones históricamente determinadas. Debe reproducirse en el sentido de la procreación y de la educación, acorde con el desarrollo del proceso productivo y, más específicamente, en nuestro caso, con el desarrollo de nuestro aparato productivo atrofiado dadas las relaciones de dependencia con el imperialismo. Así, el estado docente resume una condición propia del estado capitalista, no es nada nuevo. Más aún, en las condiciones actuales del capitalismo mundial, en bancarrota la orientación liberal, es de suponerse que se desarrollarán políticas para el afianzamiento de desarrollos similares a los presentes en el período inicial del régimen bipartidista. Sin embargo, en el PLOE, se acuña el principio de corresponsabilidad. Ubiquemos que Uno de las acepciones de la política neoliberal ha sido la visión de la parentocracia; más comúnmente categorizada como la educación societaria, donde la sociedad comparte gran parte de la responsabilidad ineludible del Estado; en el caso de su gratuidad, obligatoriedad, supervisión y financiamiento. Este régimen que dice ser socialista profundiza esta práctica neoliberal hoy en la educación y que en la nueva ley se le daría el marco jurídico. No se pudiera concebir una Ley de Educación en el cual se adultere la condición de la sociedad. Por eso, el deber del Estado es proporcionar el derecho y una de la responsabilidad de la sociedad es hacerla cumplir.
Lo de más tenor, desde la perspectiva del régimen es el control que busca tener sobre el hecho educativo, buscando implantar mecanismos y formas de “participación”. Pudiésemos afirmar que esto es lo más peligroso del PLOE, aún cuando no está claramente plasmado, al menos el difundido producto de una primera discusión. Este aspecto ha sido plasmado más claramente en los discursos de los ministros y del propio presidente, como orientación. En la V Convención Colectiva del magisterio, así como en la Resolución Ministerial 004 sobre los Consejos Escolares para la evaluación del ejercicio de la carrera docente, se ubica un espíritu que va en esa dirección.
Así, en el PLOE en cuestión se presenta la creación de algunas instituciones que van en esta dirección, tales como el Consejo Federal de Educación, los Consejos Estadales de Educación, la Autoridad Única Educativa del estado y las Redes Municipales de los Institutos Educativos, que formarían una tramoya cuyo objetivo sería ejercer el control sobre la docencia, el docente y, en general, el hecho educativo. Sin embargo, por tratarse de formas de participación ciudadana, ello pudiese revertirse en contra del gobierno toda vez que toda forma de democratización, aun cuando tenga la intensión de controlar pueden terminar atentando contra el centralismo gubernamental, cuando la participación lleva presente el signo subversivo o, al menos, opositor. La experiencia de las asambleas de ciudadanos, luego, de los consejos comunales, son reflejos de esta afirmación. Tantas han sido las dudas y reservas creadas en el gobierno producto de la participación ciudadana en estos espacios que terminan por buscar otras formas de “participación” como las comunas. Al fin y al cabo, la democracia burguesa niega la democracia directa y la participación ciudadana tiende, de manera natural, a crear condiciones para la democracia, tanto en el sentido de que obligan a realizar la importancia de la opinión ciudadana, como de la expresión de la elevación de su conciencia. De allí que la democracia burguesa se afiance en la representación y reduzca la participación al voto para designar los representantes. Así, el régimen ha creado instancias que buscan domesticar al pueblo pero, dada la circunstancia democrática, unido a las contradicciones creadas a raíz de las limitaciones financieras, corrupción, ineficacia, entre otras, junto a la participación en términos del sentido democrático a la que conduce, se cierran tales espacios, a menos que opere el chantaje sobre la gente. Así, lo establecido en el PLOE: “Las Comunidades Educativas, como responsables de la gestión de las instituciones educativas, se constituirán con representación del personal directivo, docente, administrativo y obrero, padres, representantes y alumnos”, resulta un asunto que debe ser considerado dentro de estas consideraciones. Siempre y cuando la evaluación a partir de tales instancias no viole la condición del profesional de la docencia, del hecho educativo dentro de los parámetros académicos, y otras consideraciones que requieren de formación, estas instancias y este contenido, bien pueden ser orientados hacia una educación que deja abierta la posibilidad de elevar la conciencia de quienes integran la comunidad educativa, padres y representantes, educandos y educadores, así como los trabajadores del sector.
III. Acerca de la alternativa
La cuestión propositiva debe ir en dos direcciones. Por una parte, somos de la tesis de que la educación en el socialismo debe guiarse por el principio de la vinculación de la educación con el trabajo, toda vez que se trata de una sociedad en la cual se busca precisamente la reivindicación del trabajo en un proceso de desalienación. A su vez, entendemos, que la elevación de la conciencia forma parte de la nueva superestructura así como de la liberación de las fuerzas productivas. En las circunstancias actuales, debemos propagar la educación laica, científica, democrática y popular, así como algunos principios, que ciertamente están establecidos en el PLOE, pero que deben ser despojados de la intensión del régimen. Ello supone el desenmascararlo de muchos de los contenidos que, por ejemplo, hablan de sentido nacional, internacionalista, etc., pero, a su vez, lo inscriben dentro de perspectivas que en nada atienden esos postulados, al estar inscritos dentro de una política económica que profundiza la dependencia y la condición semicolonial del estado venezolano. Así, levantar la tesis de un proyecto educativo, pedagógico y curricular, en función del interés nacional y popular, debe estar inscrito dentro de un programa alternativo de cambio democrático y popular.
En términos más específicos, la propuesta alternativa debe implicar un proyecto pedagógico y un proyecto curricular, cuyos fundamentos los encontramos en las tesis marxistas referidas a cuestiones generales del hecho educativo en condiciones del capitalismo como de la alternativa pedagógica en medio de ellas. Esto es, la educación en función de la profundización de la lucha de clases, de la creación de conciencia para la revolución, de la educación para la democracia y la participación desde el aula, afianzando a su vez el espíritu científico.
Dentro de esa orientación ubicamos la evaluación del docente, que debe ser considerada desde una perspectiva que respete la libertad de cátedra, que reivindique su misión, y su condición de profesional de la docencia. A su vez la evaluación debe servir para evaluar tanto al docente como de las condiciones políticas, sociales y académicas en la cual se desenvuelve. Esa evaluación, por tanto, supone una evaluación del estado, del gobierno, nacional y regional, así como de la participación ciudadana.
Importante en este orden de ideas es la plataforma de luchas del magisterio venezolano. Más allá de las ideas expresadas que buscan desenmascarar la naturaleza del PLOE y de la política del régimen, una circunstancia por la que va a estar cruzado este proceso es la lucha reivindicativa y por la profesionalización, por la reivindicación de la carrera docente, sobre todo si tomamos en cuenta lo contemplado en el título IV y el articulado subsecuente. Debemos enarbolarlos de manera propositiva que, buscando que su reconocimiento, abarque aspectos fundamentales de la docencia democrática, que no signifique en ningún caso el domesticamiento del docente a favor del régimen. En cualquier caso, la plataforma de luchas debe contemplar tanto aspectos económicos y sociales, como aquéllos que forman parte del hecho educativo en términos esenciales.
No basta con aquello de la calidad de la educación en términos abstractos. Debemos ubicar su calidad bajo el punto de vista de las condiciones físicas y de las condiciones de trabajo, así como formativas del docente en términos profesionales. A su vez la plataforma de luchas debe ubicar las contradicciones entre el hecho educativo y la propuesta del proyecto político nacional y popular. Esto es, la plataforma de luchas debe indicar una relación entre la reivindicación propiamente dicha, la crítica al proyecto educativo chavista y la demanda general por una educación al servicio del pueblo y el interés nacional.
En relación con el magisterio y su organización gremial, somos de la idea de la necesidad de abrir un amplio debate y fijar algunas orientaciones que sirvan de guía para nuestro accionar político. En términos generales, partimos de la consideración del valor que tiene el educador para la política por su posición en la reproducción de la sociedad y en particular de la fuerza de trabajo. Ello lo inscribe en el debate de las ideas y en su reproducción desde la temprana edad de los educandos así como de su relación con padres y representantes. De allí que uno de los objetivos más importantes es la lucha por la implantación de una nueva ética en el magisterio en la cual se articule correctamente la lucha reivindicativa con la lucha por las condiciones del hecho educativo en su sentido material y académico. No sólo se trata del debate en torno de estos asuntos, sino de la propuesta y política que permita elevar la conciencia de educandos y educadores, una de cuyas principales metas debe ser la elevación de la conciencia de la necesidad de una educación para el interés colectivo y nacional, esto es, del interés superior por encima de la aspiración crematística o particular, sin que ello suponga la renuncia a la superación en las condiciones de vida de la gente y, dentro de ello, del educador.
Esta perspectiva supone una crítica a la gestión sindical en la cual las perversiones desarrolladas durante el período bipartidista, se reproducen en el actual período. La dirigencia sindical ha encontrado un nicho para hacer negocios que nada tienen que ver con la misión del educador. Es así como el principal negocio sea la administración de los contratos colectivos, de las contrataciones de HCM, así como de las prebendas de cajas de ahorros para los educadores, así como del patrimonio del gremio en cuestión, entre otros aspectos. Ello ha creado un segmento cuya función nada tiene que ver con la docencia ni con nobles propósitos. Por el contrario, quien alcanza posiciones gremiales abandona sus funciones como educador para ponerse al servicio “tiempo completo”, de la gestión gremial. Es así como una de las cuestiones que debe distinguir nuestra política, es la denuncia de estas prácticas, así como de la asunción de una política cuyo sustento sea la ética antes señalada. Más específicamente, debemos propugnar una gestión gremial apartada de la negociación de nada, que no sean las condiciones de los docentes y de los educandos, de tal manera que ubiquemos su papel gremialista en lo fundamental. Ello pasa por la democratización del gremio, por el impulso del espíritu asambleario, por el debate y la participación.
Debemos insistir en la consigna por la unidad del magisterio por la creación de una organización gremial única del magisterio. A su vez debemos establecer jerarquizaciones para nuestra participación gremial, ubicándonos en el Colegio de Profesores, sin que ello suponga que abandonemos la tesis de participar en las distintas organizaciones existentes.