La corrupción habituada

Lo político supone lo público y lo colectivo. Cuando se impone lo individual se inicia el proceso de desdibujamiento de lo político y arranca la dinámica de la corrupción. Aspirar llegar al poder con intenciones individualistas, de beneficio personal, es una deformación del hecho político.

Venezuela -me atrevo a decir que siempre- ha estado afectada por el mal del individualismo, pero los últimos 20 años han sido los más descarados para exponenciar en todos los entes públicos las esporas de la corrupción. Lograron de forma intencionada una institucionalidad que los ampara ante irregularidades y educaron con la fuerza del poder a los funcionarios para que se callen la boca como opción para mantener el cargo.

Corrupción es antónimo de transparencia. Supone utilizar el poder para lograr ventajas personales e interesadas haciendo mal uso de recursos financieros y/o humanos de forma subrepticia. Así que no solo se trata de robar o enriquecerse simplemente, aunque lo incluya en sus variadas formas y sea en la mayoría de los casos la principal aspiración.

Según la ONG Transparencia Internacional, en 2017 Venezuela se ubicó en el puesto 11 de los países más corruptos de 180 evaluados. En un puntaje de 0 a 100, donde 0 es más corrupto y 100 más transparente, Venezuela obtuvo 18.  El país más corrupto de Latinoamérica. No es una sorpresa, porque la corrupción la padecemos los venezolanos, está en los distintos niveles de la política y se ha convertido en una situación naturalizada. La consecuencia más sentida para el pueblo es la inoperancia institucional. Ya no hay denuncias sobre estos asuntos en lo micro, porque la corrupción se ampara en un estado de injusticia e impunidad, en el que no hay autonomía de poderes, en el que la incredulidad se apodera de la gente y solo queda lamentarse de no poder resolver un asunto que en otros países es trámite ordinario y de rápida resolución.

La corrupción chavista que afecta a la infancia

Los Consejos de Protección para los niños, niñas y adolescentes (CPNNA) son órganos administrativos que dependen financieramente de las Alcaldías. Fueron diseñados para ser accesibles a la población, desjudicializar la atención de los niños, niñas y adolescente y que se sintieran mejor atendidos y más cómodos a la hora de formular una denuncia y buscar la protección del Estado. Obtener una respuesta rápida y justa, según cada situación, era lo fundamental.

En una investigación promovida por Cecodap en 2018 demostramos el deterioro de estas instancias públicas por falta de personal y presupuestos, que las colocaban en el límite de la inoperancia. En ese momento el CPNNA del Municipio Sucre-Estado Miranda era quien mejores condiciones tenía, contaba con el mínimo de funcionarios requeridos por la ley.

Para el inicio del mes de febrero, este Consejo de Protección cumple una semana sin brindar atención, porque solo hay un funcionario activo para atender a los NNA del Municipio Sucre, que se encuentra de reposo. Los otros fueron sacados, uno fue obligado a disfrutar sus vacaciones vencidas –que no había disfrutado para que se mantuviera una atención adecuada- y otro fue arbitrariamente puesto en comisión de servicios en otra dirección de la misma alcaldía, sin consultarle. Las razones para esta decisión es que no acataban ordenes rebuscadas de su director y apelaban a la autonomía de funciones que establece la LOPNNA para garantizar decisiones adecuadas y no parcializadas en los procedimientos que debían iniciar.

Además, hubo irregularidades en el proceso de selección de los nuevos Consejeros, entre otros, la intromisión de quien dirige el despacho en las entrevistas de selección, alegando que necesita funcionarios que cumplan sus órdenes, lo que ha generado que no se incorporen nuevos funcionarios.

La LOPNNA prevé un procedimiento de selección para estos cargos, que busca que resulten seleccionados los mejores hombres y/o mujeres en capacidad, conocimiento y ética. El concurso de oposición llevado a cabo por un jurado calificado, incluye una prueba de suficiencia de conocimiento de la ley y del sistema de protección de NNA, una prueba oral, una entrevista y una prueba psicológica. Esto se suma a un baremo que evalúa la formación y capacitación en el área. En el caso mencionado hay una irregularidad intencional, que busca incorporar funcionarios leales y no funcionarios especializados.

Tanto la acción de sacar de las oficinas del organismo a los Consejeros que estaban en funciones, como la intromisión en el Concurso de Oposición por parte de quien dirige el despacho, son írritos, ilegales e irregulares, solo resultan en la vulneración de los derechos de los NNA de ese municipio. Hoy, ante esa realidad en el Municipio Sucre, no se inician procedimientos por denuncias, ni de emergencia ni ordinarias, se revictimiza a los NNA que sean violentados en sus derechos, por la falta de atención. No es posible tramitar permisos de viaje, autorizaciones de trabajo ni oficios de presentación extemporánea. No hay protección a la infancia y adolescencia en el municipio Sucre.

Un concurso de oposición para la incorporación  de nuevos consejeros es urgente, así como la incorporación de quienes fueron sacados arbitrariamente, porque Sucre es un municipio con mucha población y una realidad social, económica y cultural compleja. Sin embargo, si la selección de los Consejeros supone que los que ingresan se deben a las órdenes del director y no a la ley, se traduce en decisiones viciadas, interesadas y que no representan justicia ni protección.

En el ámbito de la protección y restitución de los derechos y especialmente en las poblaciones vulnerables, en un país en crisis en el que la violencia está presente a diario, estas prácticas son un elemento de intensificación de la vulnerabilidad, es la victimización institucional, afectando la vida de la gente de manera prolongada, porque no encuentran en el Estado una alternativa para superar la vulneración de sus derechos y se constituye así en violación de los derechos humanos. Esta es una realidad que resulta indispensable erradicar para poder hablar de justicia social y de progreso.

Que sirva de reflexión para la reconstrucción

Esta es una forma de corrupción que no necesariamente supone robo de dinero, aunque pudiera incluirlo, pero sí se traduce, lamentablemente, en limitación flagrante al acceso a la justicia, que desfigura las instituciones y que establece un interés personalísimo en la protección que se pueda brindar.

Esta forma de corrupción, no es posible que sea denunciada por los usuarios, porque justo en este ámbito de los órganos públicos, se ha instaurado la idea de la confidencialidad en todos los procesos, así que el pueblo no sabe cómo se selecciona a estos funcionarios que han de atenderle, una limitación que se materializa además con la reforma de la LOPNNA en 2007 cuando desaparece la paridad entre el Estado y la Sociedad Civil, se privatiza desde el Estado un asunto público.

El chavismo se ha encargado de armar una institucionalidad que les permita hacer y deshacer sin instancia que los limite. La modificación de leyes es una de ellas. Creo que es de las consecuencias más graves en estos años del régimen. Ni la gente ni los funcionarios ubica una instancia que pueda defenderlos. El alcalde es chavista, el director del despacho al que nos referimos también, el presidente del Consejo Municipal de Derecho responsable de la selección es puesto a dedo por el Alcalde. La defensoría del pueblo, supervisora de este órgano administrativo también es chavista y en el Tribunal de Protección y TSJ también lo son. Entonces, la no separación de poderes, la delegación de cargos por militancia partidista, aunque no haya méritos para ello, no permiten que haya justicia en los organismos que tienen esto como fin.

Ante la actual realidad nacional, que vislumbra la posibilidad de un cambio político, es imprescindible que los líderes políticos entiendan y se convenzan que la política no es un asunto individual, es un asunto público y colectivo. Asumir cargos políticos no puede ser el camino para hacer lo que les dé la gana y que cumplan sus órdenes porque si, ni para enriquecerse personalmente o a su partido. La reconstrucción nacional debe partir de una actitud política de “hacer el bien sin mirar a quien”; buscar el progreso de la gente, que supondrá necesariamente el progreso individual. Para ello los cargos públicos deben ser ocupados por los mejores hombres y mujeres, formados y especializados en tales o cuales asuntos que les tocará atender. Sin triquiñuelas que formalicen procesos inadecuados e ilegales. Y deben promoverse espacios efectivamente democráticos para la toma de decisiones, aunque la decisión no sea la que como político defiendan. La democracia real es el mecanismo de supervisión y control que garantiza procesos eficientes y eficaces de gestión pública. Si creemos en la democracia, debemos defenderla siempre, aunque en algún momento no beneficie la propuesta que personalmente tengamos.

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