Desde hace unos años Venezuela ha tenido un fenómeno migratorio que ha llamado la atención en el mundo. Inicialmente fue un proceso voluntario, legal, ordenado y no masivo. Se iba gente que tenía ahorros, vivienda en el exterior y que fácilmente podían asumir una actividad económica, ya sea por ejercer una profesión o un oficio.

A raíz de la profundización de la crisis, a partir del año 2017 se dio inicio a la masificación del éxodo de venezolanos al exterior. La diáspora venezolana, como también se le conoce. En esta oportunidad era una migración forzada. Los millones de venezolanos que salieron de su país a partir de 2017 huyeron de la crisis social, económica y política que comenzó a profundizarse en 2014. Entendidos afirman que es el mayor proceso de migración de la historia, considerando que Venezuela no se caracterizó por importantes migraciones. Todo lo contrario, era receptora de mucha gente que emigraba a Venezuela por muchas razones.

Al principio el proceso era lento y ordenado pero el recrudecimiento de la crisis, la represión y la falta de oportunidades, sumadas a las trabas colocadas por el régimen (que ralentizó el sistema de identificación, haciendo casi imposible la obtención del pasaporte, único documento legal internacional que permitirá la regularización de los desplazados), provocaron una migración en masa y de forma desorganizada.  Los países destino por lo general eran los más cercanos, aquellos en los que se podía obtener la Carta Andina solo presentando la cédula de identidad venezolana. Esto generó tranquilidad legal por un corto tiempo.

Los países a los que emigran masivamente los venezolanos no estaban preparados para recibir gran cantidad de migrantes, por lo cual comenzaron a limitar con normativas internas el acceso a sus fronteras. Políticas como las de Ecuador, con la creación de una visa de residencia que solo puede ser obtenida con pasaporte, a sabiendas que la mayoría de los desplazados no tiene este documento. Caso similar ocurre con Chile. Perú permitió la regularización relativamente fácil hasta finales de 2018 con la eliminación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para crear una visa con las consabidas exigencias y consecuencias.

La condición de irregular de los venezolanos los hace vulnerables a se les violen sus derechos. La mayoría termina trabajando en el sector informal con resultados muy negativos. Se les viola sus derechos humanos cuando los estados de los países receptores poco hacen para evitarlo. Veamos algunos casos.

Elio Carballo comenta que a dos días de llegar a Ecuador aceptó trabajo en un restaurante. «Me dijeron que estaría a prueba una semana trabajando 6 días por 8 horas como ayudante, cargaba cajas de refrescos, llevaba las verduras en peso desde el mercado al restaurante y ayudaba en la cocina pelando y picando verduras, pasada una semana me dijeron que no servía para el trabajo, me votaron y no me pagaron la semana que trabajé»

Judit Méndez, de 23 años, cuenta una historia similar. Recién llegada a Perú encontró trabajo en una tienda en el emporio comercial Gamarra (Lima), donde ofrecieron un pago de 30 soles diarios por trabajar desde las 9am hasta las 9:30pm (menos del sueldo mínimo que establece 230 soles semanales por 8 horas diarias de trabajo). Se hizo contrato de palabra, pues en Perú muy poco se suscriben contratos laborales. Las condiciones acordadas incluían librar un día a la semana (se trabaja hasta los domingos). Esto testimonia Judith: «solo duré cuatro días. Al final me fui sin cobrar por miedo más que todo. A mi jefe le gustada tocarme, roces en la cintura, frases como “tu estas tan rica mami ¿y no tienes novio?”. El segundo día me invitó a la discoteca, el tercer día me invitó a que fuera con él a tomar cervezas, el cuarto día llegó molesto y me hizo sentarme a mirarlo tomar cervezas, pasaron las horas por lo que sentí fue una eternidad cuando le dije que había llegado mi hora de retirarme. Me respondió furioso que yo me iba cuando el dijera. Me asusté, entré al baño y texteé a un amigo que me sentía en peligro, que mi jefe estaba tomando y no me dejaba ir. Él llego rápido con varios paisanos. El hombre me dejó ir porque vio que ellos eran muchos. Pasé dos días sin salir de mi cama después de eso”.

Karla Méndez,  de 18 años, llegó a Perú a mediados de 2018. La recibió una prima en los Olivos, Lima. «Yo venía con expectativas, me imaginé otra cosa, encontré trabajo en una cevichería propiedad de una pareja, me ofrecieron trabajo se azafata (mesera). Trabajaba desde las 6 am hasta las 4 pm y tenía acceso a dos comidas. El trabajo consistía en ayudar a la cocinera picando verduras y aliños, fregar platos, atender las mesas, llevar platos a negocios cercanos que pedían su comida por teléfono, y ayudar a la cocinera a freír papas. Hacia literalmente de todo. A veces pretendían que hiciera todo al mismo tiempo. Además, los señores me obligaban a usar ropa corta y ceñida para atraer clientes. Yo sentía que me estaba prostituyendo. Soporté clientes que buscaban propasarse, otros que pedían un plato y luego lo devolvían, hasta los comentarios morbosos de mi jefe diciéndome que estaba rica mientras miraba mi trasero, sumado a los celos de la esposa. Me canse después de 15 días. Cobré mi semana (180 soles) y no volví más nunca. Vendí agua embotellada un tiempo, después helados hasta que compré mi carrito y trabajo vendiendo mis empanadas y tequeños”.

Jackson Lara tiene 26 años, vivía en San Juan Miraflores, Lima, para el momento de dar su testimonio. «A mí me costó mucho hallar trabajo. Estuve en Colombia, de ahí reuní y me vine engolosinado con unos amigos que me dijeron que aquí la cosa estaba bien. Soy carpintero, pero nadie me daba chamba, después de un mes jalando b…. me contrataron (de palabra) en una fábrica de puertas. Aquí trabajan diferente, todas las puertas son estándares, y cuando llegas a montarlas tienes que dañar las paredes y terminas haciendo trabajo de albañilería. Aparte me hacían trabajar horas extras que no me pagaban y nunca me pagaba completo. Yo ganaba 200 soles semanales, pero mi jefe siempre me quedaba debiendo 50 u 80 soles. Yo era el único venezolano y a mí era al único que siempre le pagaban incompleto. Un día le pedí que me pagara que iba a renunciar, me dijo que si me iba no me pagaba. Me llevé una caladora y me acuso de ladrón. Estuve preso 48 horas. Yo le devolví la caladora, él nunca me pago y quede con antecedentes. Después hallé trabajo en un hostal, el dueño era brasileño, me ofreció hospedaje y comida más un sueldo de 100 soles al mes (el sueldo mensual en Perú es de 930 soles mensual) lo mandé a comer m… y me fui. Desde entonces trabajo matando tigritos” (regresó a Venezuela a finales de 2019).

Nayibe Camacaro tiene 22 años, está en Bogotá. «Cuando llegué una señora me ofreció salir de las calles, me dio trabajo cuidándole una casa en Santa Marta. Me pagaban 100 mil pesos al mes y no tenía día libre. Cuando me agoté me fui. La plata no me alcanzaba para nada. Luego trabajé como señora del servicio a una familia, no me dejaban comer, no podía salir ni a la tienda, No conocía a nadie. En un día libre cobré, hice mi morral y me fui a una posada. Pagué una semana compré café, azúcar, cigarros, dos termos y volví a las calles, después me devolví a Bogotá”.

Jean Carlos trabaja en Bucaramanga. “Normalmente trabajo 15 días, voy a Valencia una semana y vuelvo. No siempre he vendido café. Un tiempo trabajé de gestor llevando paisanos a las líneas de transporte, pero me sentía mal porque a veces me tocaba estafar a los paisanos, para ese trabajo hay que tener estómago. Me salí porque un amigo colombiano me invitó a vender con él decodificadores de cable TV. A él le pagaban cada deco vendido en 20.000 pesos. A mi me lo pagaban el 12.000. Yo creo que el pana se quedaba con una comisión pero nunca se lo pregunté. Me ayudó cuando pudo, lo mejor que pudo”.

Los venezolanos pasan por muchas penurias y vejaciones en los países que llegan. En la mayoría el acceso a la salud es limitado. A la educación también. Los horarios de trabajo violentan todos los tratados internacionales. Se encuentran imposibilitados para trabajar en el sector formal y en el sector informal son esclavizados, estafados, maltratados, vejados y acosados. Los pagos por su trabajo son por debajo del sueldo regular. La mayoría no denuncia por temor a ser deportados y cuando lo hacen, en un acto totalmente discriminatorio, son desestimadas sus denuncias.

Hoy la mayoría vive con incertidumbre y coinciden en que esperan que la situación cambie en Venezuela para regresar y ayudar en la reconstrucción del país. Ahora no pueden. Se les imposibilita ser la esperanza de quienes quedaron atrás. «si nos vamos estaremos todos iguales, al menos desde aquí podemos ayudar”.

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