Historia de la guerra civil Española 1936-1939

   

DEFINICIÓN DE REPUBLICANOS

DEFINICIÓN DE NACIONALES

Aunque para definir el conflicto se prefiere, sobre todo desde la década de 1960, la denominación “guerra civil”, ésta no fue la única utilizada por la reciente historiografía española o por los propios combatientes. También recibió otros nombres: movimiento nacional, cruzada, lucha antifascista y revolucionaria del pueblo español, entre otros. Son nombres todos ellos que ocultan el «enfrentamiento de dos entusiasmos» al que se refirió el historiador británico Raymond Carr. Esos nombres esconden dos concepciones en cierto modo ya presentes en los resultados de las elecciones celebradas en febrero de 1936 —que supusieron el triunfo, por un corto número de votos, de la coalición de izquierdas agrupada en el Frente Popular— y que se venían gestando desde la proclamación de la II República en abril de 1931. La «guerra de tinta», en expresión del historiador y diplomático español Salvador de Madariaga, fue desde el principio una guerra de propaganda con dos tipos de valoraciones propiciadas desde los dos bandos participantes en la contienda. La muy distinta versión informativa que expresaba un mismo periódico editado en ambas zonas —la cabecera del diario ABC, que aparecía al tiempo en el Madrid republicano y en la Sevilla dominada por los sublevados— puede servir como ejemplo de la ruptura o enfrentamiento nacional existente. Otro tanto cabe decir de las revistas culturales —antifascistas y azules, respectivamente— publicadas durante el trienio, sin olvidar las manifestaciones del teatro, del cine y del cartelismo, así como los símbolos, consignas y mensajes difundidos durante el conflicto y después de su conclusión.

 Desarrollo Militar

Desde el primer momento, el territorio nacional quedó dividido en dos zonas en función del éxito que obtuvieron los militares sublevados. Prácticamente se reproducía el mapa resultante de las elecciones de febrero de 1936; salvo casos aislados, los militares triunfaron en aquellas provincias donde fueron más votadas las candidaturas de derechas, mientras que fracasaron en aquellas donde la victoria electoral correspondió al Frente Popular. El “Alzamiento” (nombre dado por los rebeldes a su levantamiento contra el gobierno constitucional republicano) comenzó el 17 de julio en Melilla. Las unidades militares destacadas en Marruecos que no controlaba el gobierno republicano se hicieron pocas horas después con Tetuán y Ceuta. El general Francisco Franco partió el día 18 desde las islas Canarias hacia Tetuán, en una avioneta privada (Dragon Rapide). Ese mismo día se sublevaron los mandos militares de otras divisiones peninsulares; sin embargo, el levantamiento fracasó en las principales ciudades del país. Por otro lado, el 20 de julio de ese mismo año, recién comenzada la sublevación, falleció en accidente de aviación el que había sido designado por los conspiradores jefe de la rebelión, el general José Sanjurjo.

Desde el día 18, ni el gobierno ni los rebeldes controlaban la totalidad del país. En un principio, la sublevación dejó en manos de los rebeldes Galicia, Navarra, Álava, el oeste de Aragón, las islas Baleares (excepto Menorca) y las Canarias, así como la zona del protectorado español sobre Marruecos, buena parte del territorio de lo que hoy es la comunidad autónoma de Castilla y León, casi toda la provincia de Cáceres y algunas poblaciones de Andalucía. El gobierno republicano conservaba casi toda Andalucía, el País Vasco (salvo Álava), Asturias (excepto la ciudad de Oviedo) y Cataluña, así como la isla balear de Menorca y los territorios de las actuales comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Conforme avanzó la contienda, el poder republicano perdió zonas que, desde finales de marzo de 1939, pasaron íntegras a disposición del Ejército franquista.

De cualquier forma, el comienzo de la guerra estuvo vinculado al plan establecido previamente por los conspiradores en la primavera de 1936 y en el que participaron mandos militares —la antirrepublicana Unión Militar Española (UME) y la Junta de generales (de la que Emilio Mola era el coordinador)— monárquicos, tradicionalistas (carlistas) y otros sectores de extrema derecha. El asesinato de José Calvo Sotelo, líder del derechista Bloque Nacional y participante activo en la conspiración contra el gobierno, que tuvo lugar la noche del 12 al 13 de julio, fue el episodio previo al pronunciamiento militar.

Pronto pudo comprobarse que el plan conspirador había fracasado y que el pretendido pronunciamiento decimonónico se convertiría en una guerra larga y cruel de tres años. Durante este trienio las operaciones militares permitieron establecer un desarrollo cronológico, a partir del paso del estrecho de Gibraltar por las tropas del Ejército de África mandadas por el general Franco (julio-agosto de 1936), con tres fases principales. La primera muestra la importancia que ambos bandos otorgaron a la ocupación de Madrid, ciudad que, en consecuencia, pronto fue motivo de asedio por las tropas insurrectas (dando lugar a la conocida como batalla de Madrid). La estrategia de los sublevados, que pretendía acceder a la capital desde el norte y desde el sur, fracasó. Una acción importante en esta primera fase, que enseguida quedaría en el elenco de “mitos” de la contienda, fue la liberación de los rebeldes asediados en el Alcázar de Toledo (27 de septiembre de 1936), defendido por el coronel José Moscardó ante el acoso de las tropas republicanas. Contando con las fuerzas de África, así como con la ayuda alemana e italiana, Franco había avanzado previamente sobre Andalucía y conseguido ocupar en agosto las plazas de Mérida y Badajoz, enlazando de esta manera con los sublevados del norte a lo largo de la frontera portuguesa. Mola, a su vez, había logrado cortar la frontera francesa al ocupar Irún (Guipúzcoa) a principios de septiembre.

La segunda fase no abandonó la marcha sobre Madrid. Pero la batalla de Guadalajara (finales de marzo de 1937) se saldó con el éxito republicano, que tuvo presente el plan de ofensiva previsto por el general José Miaja contra las tropas enviadas por Italia. Los alzados decidieron entonces centrar sus principales operaciones en el norte. Con el apoyo decisivo de la aviación integrada en la Legión Cóndor alemana, que realizó una salvaje agresión a la localidad vizcaína de Guernica (26 de abril de 1937), las tropas rebeldes rompieron las defensas de Bilbao (el llamado “cinturón de hierro”) el 19 de junio de 1937, pocos días después del fallecimiento del general Mola en accidente de aviación. En agosto (un mes después de obtener la victoria en la batalla de Brunete), esas mismas tropas entraron en Santander y, en octubre, tomaron las ciudades asturianas de Gijón y Avilés, con lo que los rebeldes completaban la última etapa de la ocupación de la zona norte.

A partir de finales de 1937 comenzó la tercera fase. Los republicanos, siguiendo los planes del general Vicente Rojo, conquistaron en enero de 1938 Teruel, ciudad que no obstante perdieron al mes siguiente. En julio de ese año comenzó la dura y decisiva batalla del Ebro, en la que la derrota del Ejército republicano (noviembre de 1938) dejó despejada la ruta para el avance de los sublevados hacia Cataluña. En los últimos días de enero de 1939, las tropas franquistas se instalaron en Barcelona, para avanzar en fechas sucesivas hacia la frontera francesa y ocupar los pasos desde Puigcerdá hasta Portbou (Girona). La ofensiva final (febrero-marzo de 1939) tuvo por objeto quebrantar las posiciones republicanas todavía pendientes, situadas en la zona centro y en el sur peninsular. A principios de marzo de ese año fracasó el criterio de mantener la resistencia defendido por el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, debido a la creación en Madrid del Consejo Nacional de Defensa. Este organismo, que encabezó el jefe del Ejército del Centro, el coronel Segismundo Casado, destituyó a Negrín y procuró alcanzar una paz honrosa con el gobierno franquista de Burgos después de hacerse con el control de Madrid mediante un cruento enfrentamiento entre las propias tropas republicanas. Sin embargo, no prosperaron sus gestiones encaminadas a lograr una paz acordada. Las tropas franquistas entraron en Madrid el 28 de marzo. Tres días más tarde, el gobierno republicano perdió las últimas plazas todavía fieles. El 1 de abril la guerra había terminado, no así las represalias.

 DESARROLLO POLÍTICO DE LA CONTIENDA  

Si toda guerra reclama prestar atención a los “hechos de armas”, necesariamente conviene asimismo atender al entramado político que determinó las actuaciones de cada bando. Mucho más si, situados en el final del conflicto, tenemos en cuenta la agonía de la experiencia republicana y el proceso que se inició de forma inmediata tras el estallido de la guerra y que permitió la implantación de un nuevo Estado dirigido por el general Franco.

Por parte del gobierno republicano, la jefatura pasó sucesivamente de manos de José Giral (19 de julio de 1936) a Francisco Largo Caballero (5 de septiembre de 1936) y de éste a Juan Negrín (desde el 18 de mayo de 1937 hasta el final de la guerra) —los tres pertenecientes al Partid Socialista Obrero Español (PSOE)—, en lo que bien puede definirse como una pugna entre dos prioridades: desarrollar un proceso revolucionario o apostar por ganar la guerra primero.

Manuel Azaña, presidente de la República, sustituyó el 19 de julio de 1936 al presidente del gobierno Santiago Casares Quiroga por Diego Martínez Barrio, quien no llegó a jurar el cargo. No obstante, Azaña nombró ese mismo día a José Giral jefe del gabinete. Tan pronto como este último asumió las responsabilidades de gobierno, la autoridad del poder central se descompuso y se crearon numerosos poderes locales de carácter popular y espontáneo que generaron divisiones intensas y supusieron la pérdida de la unidad política e incluso militar en el ámbito republicano.

El debilitamiento de autoridad, al que aludiría el propio Azaña en su obra teatral La velada de Benicarló (1937), y los avances de las fuerzas rebeldes, explican el cambio de Giral por Francisco Largo Caballero (septiembre de 1936), que ejercía su prestigio y autoridad sobre los obreros principalmente desde la dirección de la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato afín al PSOE. Largo Caballero hizo cuanto pudo por controlar la situación revolucionaria y formó un gobierno de concentración con presencia de socialistas, comunistas, una minoría de republicanos y nacionalistas vascos y catalanes. Dos meses después incorporó a militantes de la central obrera anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), cuya fuerza era destacada en Aragón, Cataluña y Valencia. Con todo, el enfrentamiento entre las dos tendencias ya aludidas (revolución o guerra) —y ello pese a que durante el gobierno de Largo Caballero mejoró la coordinación en el Ejército republicano— dio al traste con esta experiencia porque fue incapaz de hacer amainar las disputas entre las principales corrientes políticas de la coalición gubernamental.

Azaña puso las riendas del gobierno en manos de Negrín (mayo de 1937), que pronto sería acusado de estar dominado por los comunistas. Negrín prescindió de inmediato de los anarcosindicalistas y orientó su gestión hacia la victoria militar; la revolución debía esperar. Pero los avatares bélicos desencadenaron una nueva crisis gubernamental en abril de 1938. Desde entonces, Negrín pasó a desempeñar también el cargo de ministro de la Defensa Nacional (anterior Ministerio de la Guerra), que venía ejerciendo el socialista Indalecio Prieto. Los “trece puntos de Negrín” (nombre por el cual fue conocido el acuerdo propuesto por el presidente del gobierno republicano a las fuerzas franquistas, como base de una posible negociación), promulgados el 1 de mayo de ese año, en un afán por restablecer una democracia consensuada sobre principios alejados del conflicto bélico, no consiguieron recomponer la unidad del Ejército republicano ni sostener el escaso apoyo internacional, debilitado a medida que se retiraban los voluntarios extranjeros que habían formado parte de las Brigadas Internacionales.

El éxito definitivo de la ofensiva franquista sobre Cataluña, a principios de febrero de 1939, impidió que dieran fruto las garantías que el gobierno republicano pedía de cara a la paz: independencia de España y rechazo de cualquier injerencia exterior, que el pueblo pudiera decidir libremente acerca del futuro del régimen, así como garantía de evitar persecuciones y represalias después de la guerra. Estas condiciones propuestas por Negrín en las Cortes reunidas el 1 de febrero de 1939 en Figueres (Girona) no fueron aceptadas por el gobierno de Burgos, que presumía concluir la guerra en breves días. En efecto, la reunión de las Cortes republicanas en Figueres fue la última que tuvo lugar en suelo español. Antes de esa fecha se celebraron reuniones de las Cortes en distintas sedes, dependiendo de las propias circunstancias militares de la contienda. Las primeras tuvieron lugar en Valencia (diciembre de 1936 y febrero y octubre de 1937), en tanto que las postreras se produjeron en distintas zonas del territorio catalán, tales como Montserrat (febrero de 1938), San Cugat del Vallés (septiembre de 1938) y Sabadell (octubre de 1938).

En lo que respecta a la zona sublevada (denominada “nacional” tanto por las propias fuerzas rebeldes como por la historiografía favorable a las mismas), se dictaron paulatinamente medidas políticas al compás de las acciones bélicas, que fueron aplicadas en los territorios ocupados desde el principio y en todos aquellos que se incorporaban tras los éxitos militares rebeldes. La primera y pronta medida adoptada por los insurrectos fue la creación en Burgos de la Junta de Defensa Nacional, el 24 de julio de 1936, que presidió el general Miguel Cabanellas por ser el militar más antiguo e integraron en calidad de vocales los generales Emilio Mola, Fidel Dávila, Andrés Saliquet, Miguel Ponte y los coroneles Fernando Moreno y Federico Montaner.

A finales de septiembre de ese año, la Junta de Defensa Nacional designó a Franco generalísimo de las fuerzas sublevadas (principal jefe militar de las mismas) y jefe del gobierno. Así, el 1 de octubre de 1936 se hizo oficial el acceso de Franco a la jefatura militar y política de quienes se autodenominaban “nacionales”, cargos a los que él mismo unió el de jefe del Estado. Esta medida tuvo su complemento en el llamado Decreto de Unificación (19 de abril de 1937), por medio del cual se creó Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), única formación política legal del nuevo régimen —llamado “Movimiento Nacional” por sus partidarios— que fundía los núcleos falangistas y tradicionalistas (carlistas). Esa operación política agudizó las tensiones latentes entre los falangistas desde que, en noviembre de 1936, fuera ajusticiado por los republicanos José Antonio Primo de Rivera, fundador y jefe nacional de Falange Española. El nuevo jefe nacional falangista, Manuel Hedilla, se opuso al decreto unificador, por lo que fue arrestado junto con sus seguidores.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO

 Si bien es cierto que la guerra comenzó como un conflicto interno «nacido en suelo español y a la manera española» (en palabras de Salvador de Madariaga), no pudo mantenerse ajena al entorno internacional debido a sus propias raíces ideológicas. Ambos bandos reclamaron inmediatamente apoyos de otras potencias extranjeras, según el panorama existente en la alineación del mundo en la década de 1930, hasta el extremo de que algunos vieron en el conflicto un prólogo de un nuevo enfrentamiento mundial. Si no lo fue, al menos consiguió implicar a la mayoría de partidos políticos y potencias europeas. Hoy nadie pone en duda que la intervención extranjera contribuyó tanto a prolongar la contienda como al futuro del “Movimiento Nacional”. La primera fase de urgencia (julio-agosto de 1936) llevó, por un lado, al gabinete presidido por Giral a solicitar el auxilio del gobierno del Frente Popular francés (presidio por el socialista Léon Blum) y, por el otro, a los rebeldes a concretar el inicial apoyo prestado por Italia (gobernada por Benito Mussolini) y Alemania (con Adolf Hitler en el poder).

El Frente Popular español contó con el apoyo primigenio de Francia, Mexico y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Sin embargo, el temor del gobierno francés a crear una situación conflictiva en todo el continente frenó su ayuda y se acogió a la política de no intervención que, propugnada por el gobierno británico, asimismo acabaría aplicando la Sociedad de Naciones. Francia cerró su frontera a la entrada de material bélico destinado a cualquiera de los contendientes, con lo que en realidad perjudicó notablemente al gobierno republicano. Por su parte la URSS, gobernada por Iósiv Stalin, tras comprobar la participación activa y directa de italianos y alemanes, rechazó la política de no intervención. Su apoyo resultó fundamental en blindados, aviones y equipos de asesores militares. En tanto que los rebeldes recibieron aviones, armamento y combatientes de Italia y Alemania (valga como ejemplo la Legión Cóndor), así como la ayuda de los voluntarios portugueses, enviados por el gobierno encabezado por António de Oliveira Salazar, además de otras colaboraciones.

La LUFTWARE (fuerzas aéreas nazis) incorporó a sus tácticas las enseñanzas de la guerra y fueron empleadas con éxito en las primeras fases de la guerra mundial. Entre sus pilotos aprendieron el oficio en España grandes figuras como Adolf Galland y Werner Moelders.

Entre los auxilios recibidos por el gobierno republicano merecen recordarse las Brigadas Internacionales: la III Internacional (también conocida como Komintern) creó un comité internacional para organizar a sus miembros, que contó con la participación de los dirigentes comunistas Palmiro Togliatti y Josip Broz (Tito). Participaron en ellas voluntarios de distintos países movidos por sentimientos antifascistas, cuyo número es difícil de precisar (tal vez, unos 40.000) a causa de los relevos producidos en sus filas durante el transcurso de la guerra. El centro de reclutamiento estuvo en París y entre sus gestores cobró especial relieve el dirigente comunista francés André Marty. Los primeros brigadistas llegaron al puerto español de Alicante en octubre de 1936 para continuar hasta Albacete, en donde se formó la XI Brigada, que pronto participó en la batalla de Madrid. Su intervención al lado de la causa republicana duró hasta noviembre de 1938.

En medio de todo este proceso destacó de manera especial lo que se conoció como la política de no intervención asumida por la Sociedad de Naciones, que, en principio, suponía la prohibición de exportar cualquier material de guerra, sin más compromisos por parte de los gobiernos. En septiembre de 1936 nació en Londres el Comité de No Intervención, integrado por los embajadores residentes en la capital británica con el objeto de reducir el conflicto al ámbito nacional. Sin embargo, a la vista de las numerosas violaciones del compromiso, las medidas adoptadas por el Comité de No Intervención no resultaron efectivas y, desde luego, no impidieron que las potencias extranjeras apostaran por uno u otro contendiente, si bien la mayor beneficiada de la actitud de las democracias occidentales acabó siendo la causa franquista, auxiliada de forma reiterada por las potencias del Eje, resultando letal asimismo para el gobierno republicano.

Por lo que se refiere al apoyo soviético, la financiación de los suministros bélicos entregados al gobierno republicano se relacionó con las reservas del Banco de España. Dos terceras partes del oro guardado en el banco nacional salieron hacia Moscú, en concepto de depósito primero, y como pago por aquellos suministros posteriormente. El famoso “oro de Moscú” sería un asunto controvertido y utilizado como propaganda por el gobierno franquista. Mientras éste recibió a crédito suministros alemanes e italianos, que fueron abonados en parte después de finalizar la guerra, el gobierno republicano agotó las reservas para pagar la ayuda soviética.

Estuvieron en España como asesores militares hombres que mas tarde fueron la elite del ejercito ruso en la II Guerra Mundial tales como Rodimsev, Paulov, Koniev, Malinowski Y Zukov.

CONSECUENCIAS BÉLICAS

 La principal consecuencia de la Guerra Civil española fue la gran cantidad de pérdidas humanas (tal vez más de medio millón), no todas ellas atribuibles a las acciones propiamente bélicas y sí muchas de ellas relacionadas con la violenta represión ejercida, si bien la represión en el lado franquista era patrocinada por las autoridades, en el lado republicano, respondía a la pasión popular mal interpretada. Asimismo la represión franquista no remitió al final de la guerra y continuó hasta los últimos días de la dictadura. Se puede considerar como consecuencia destacada el elevado número de exiliados producidos por el conflicto, algunas de cuyas principales figuras políticas constituyeron durante muchos años el gobierno republicano en el exilio.

Evidentemente además de las consecuencias humanas anteriormente descritas, la consecuencia politica es de una magnitud impresionante puesto que viene a significar el final de un periodo democrático jamás visto antes en este país para ser sustituido por una dictadura sangrienta y represiva, que se prolongará cerca de medio siglo. Esta dictadura además supondrá un freno a la cultura y la intelectualidad de este país.

En lo que respecta al aspecto económico, las consecuencias principales fueron la pérdida de reservas, la disminución de la población activa, la destrucción de infraestructuras viarias y fabriles, así como de viviendas —todo lo cual provocó una disminución de la producción—, y, en fin, el hundimiento parcial del nivel de renta. La mayoría de la población española hubo de padecer durante la contienda y, tras terminar ésta, a lo largo de las décadas de 1940 y 1950, los efectos del racionamiento y la privación de bienes de consumo.