Según el Gobierno y muchos sesudos economistas, para evitar el contrabando de gasolina hay que internacionalizar su precio o, al menos, colocarlo al nivel que impera en Colombia. Suman al argumento dogmático el razonamiento de que se debe sincerar su precio debido al costo de producción, las deudas de Pdvsa y la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal.
         Según esto, el precio de un litro de gasolina debería ubicarse cerca de 200 bolívares. Con eso se perdería el incentivo para llevarla a Colombia. Ubiquemos que un litro de gasolina en este país vecino cuesta cerca de un dólar ($ 0,75 para ser más exactos). Vaya salida. Un tanque de gasolina de un carro pequeño, de 35 litros, por ejemplo, alcanzaría la astronómica suma de cerca de 7 mil bolívares. Quien debe usar el carro, al punto de tener que gastar unos tres tanques a la semana, tendría que erogar tres salarios mínimos al mes. O sea: deberán parar el carro y someterse al pésimo transporte colectivo que existe en el país.

Dos cosas a considerar. Primero: todas las economías, en tendencia, subsidian determinados rubros; o bien por las ventajas que brinda al estimular la producción o el consumo, o dadas las ventajas que se derivan de su bajo costo y la propiedad colectiva a la que está sujeta tal riqueza. En el caso que nos ocupa, siendo el petróleo una riqueza de propiedad estatal, un precio bajo es lo menos que se puede hacer, sobre todo porque los principales beneficiarios de la renta han sido y siguen siendo los corruptos y quienes están vinculados al negocio, a la banca o a la importación. No ha sido el pueblo quien se ha beneficiado de la riqueza petrolera. Por lo que algo le debe tocar. Un precio bajo permite abaratar costos, mantener determinada capacidad de consumo, todo lo cual se convierte en incentivo a la producción. Hacer lo contrario afectaría sensiblemente la capacidad de demanda y consumo de la gente, obligándola a una modificación sustancial de su estructura de gastos. La familia venezolana gastaría un enorme porcentaje de sus menguados ingresos en alimentos básicos y ahora en gasolina.
En segundo lugar, una política que inexorablemente nos conduciría a una catástrofe que golpea de manera brutal a los menos favorecidos ahora pretende ser enfrentada mediante un mayor despojo al bolsillo de la gente que trabaja. Lo dueños de los medios de producción descargan en el precio de realización, o en los costos de producción, el recargo que significará el aumento del precio de la gasolina. El pueblo no. Quienes viven de su trabajo deberán destinar más a gasolina y al incremento de prácticamente todos los bienes de consumo. A la escalada de precios se le sumarán los efectos perversos para el bolsillo del trabajador del aumento de la gasolina.
Como resultado de una política económica al servicio de la oligarquía financiera, quebraron el país, lo endeudaron en un elevado porcentaje del PIB, y ahora, junto con sus aliados, buscan equilibrar el presupuesto con base en este saqueo a los bolsillos del pueblo. Junto al incremento en el precio del combustible, así como con la reducción de las subvenciones a varios artículos de consumo masivo, seguramente reducirán lo que deberían destinar a educación, salud, vivienda, entre otros servicios.
Luego de la borrachera que supuso la obtención de superganancias durante más de una década, ahora buscan hacerse de los recursos para honrar los compromisos con la banca y seguir endeudando el futuro.
Desde 1989 la economía venezolana ha estado orientada hacia la erosión del aparato productivo y la producción nativa viene siendo sustituida por productos importados. Sobre todo en el último lustro se importan bienes que sustituyen por calidad y precio al producto nativo. Agotados los dólares debido a la caída de los precios del crudo, endeudado el país en términos desproporcionados, ahora sacan el dogma de que urge aumentar el precio de la gasolina y eliminar otros subsidios.
Años de entrega al imperialismo, corrupción incalculable, nunca conocida en magnitud y generalización, y una política económica antinacional, tenían que conducir a la catástrofe que vive hoy el país, empobreciendo principalmente a quienes viven del trabajo. Los que hacen coro con el gobierno para que aumente la gasolina se quitan la máscara, buscan seguir haciendo lo mismo y quedarse con parte del botín. Participar en el reparto pues.
No es esta la única política posible. Cerrar las fronteras a la importación, salvo lo urgente, destinar el ahorro social a la inversión productiva, estimular la demanda interna del bien nacional, mientras se aumenta el salario real de los trabajadores, seguramente todo ello produciría un salto al desarrollo. Es mucho pedir. Habría que enfrentar a la oligarquía y al imperialismo que quieren ver postrada a Venezuela a sus intereses.
Venezuela demanda un cambio radical. Quienes plantean el cambio anunciando y apoyando la misma política apenas quieren cambiar los rostros de quienes conducen los destinos o se benefician de él. Un cambio radical es un cambio de política. Principalmente de política económica y social. Convertir a Venezuela en potencia industrial libre y soberana, capaz de producir lo que requiere su gente, para alcanzar el desarrollo y bienestar para los venezolanos, supone una nueva política basada en la liberación de las fuerzas productivas.
Los dogmas aplicados aquí o allá, bajo el «progresismo» griego o la derecha portuguesa, o en su oportunidad bajo la administración de CAP II, siempre buscan un resultado: mantener la capacidad de crédito de un país, mientras pagan una deuda al servicio de los poderosos de siempre. No sigamos el camino trillado sujeto a los intereses de quienes no buscan desarrollar al país sino seguir enriqueciéndose sin pensar en el país y su gente.
Venezuela, sobre todo por contar con las riquezas fundamentales y la laboriosidad de sus trabajadores, puede salir de esta catástrofe creando la base objetiva para el desarrollo diversificado con miras a alcanzar una revolución industrial. Para eso, debemos luchar, comenzando por enfrentar al gobierno para que no aumente la gasolina.
Que la crisis la paguen el gobierno y los boliburgueses
Comité Político Nacional
Bandera Roja (r)

Caracas, 9 de octubre de 2015

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