En días pasados una misión internacional independiente de investigación de las Organización de las Naciones Unidas determinó en su informe que los organismos de inteligencia del régimen, tanto civiles como militares funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces  para la ejecución de planes desde los niveles más altos de la dictadura para reprimir la disidencia. Lo que incluye actos de tortura y violencia sexual.

Este informe viene a corroborar lo que continuamente se denuncia como lo es la persecución permanente de los sectores de oposición que se enfrentan a las políticas de entrega del país y de desafío a las políticas hambreadoras y neoliberales que mantiene el régimen, siendo la dictadura la responsable de las muertes y de las condiciones precarias de los venezolanos que huyen del país y que transitan, arriesgando sus vidas, por la selva de Darién y el Rio Bravo para llegar EEUU.

Asimismo, se evidencia esta violación de los derechos humanos en la persecución y encarcelamiento de dirigentes sociales sin ninguna prueba. Es el caso de las recientes detenciones de Alcides Bracho, profesor de química en educación media, artistas plástico y miembro del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, de Reynaldo Cortés, dirigente social del Estado Guárico, miembro de la CTV de ese estado,  Néstor Astudillo, trabajador de la construcción, dirigente social de Los Valles del Tuy en el Estado Miranda,  Alonso Meléndez, ingeniero pesquero, dirigente de los pescadores del Estado Falcón, Gabriel Blanco, dirigente de la Central ASI y trabajador humanitario, y Emilio Negrín, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Tribunalicios. Los 4 primero mencionados forman parte de la dirigencia del Partido Bandera Roja.

Esta razzia se realiza en medio de la lucha en contra del Instructivo ONAPRE. Se ha convertido este instrumento en la guadaña de la estrategia del régimen. Nicolás Maduro se apoya en sus decisiones, bien orientadas desde su despacho, para desconocer los contratos colectivos y de paso negar las exigencias de los trabajadores de un salario acorde con lo que establece la Constitución en su artículo 91. lo que haría corresponder el salario con el valor de la canasta alimentaria. Las actuales luchas también contemplan entre sus objetivos alcanzar pensiones dignas para quienes están en situación de extrema necesidad, como son los adultos mayores.

El otro aspecto que denuncia este informe es el caso del Arco Minero. Al respecto hemos denunciado cómo la entrega a las potencias imperialistas conduce la delimitación de un espacio para el horror y la degradación humana y del ambiente. Por lo que permite la acción delictiva de los grupos armados como el ELN y otras mafias que hacen el trabajo de recolección del oro para negociarlo con esas potencias, imponiendo un estado de terror, de asesinatos y violaciones en este territorio. Asimismo, la aplicación de la Ley de Zonas Económicas Especiales permite la anulación de las leyes del trabajo, ambientales e indígenas en estos territorios.

Tímida ha sido la respuesta de la dirigencia opositora, en especial de la Plataforma Unitaria. El centro de su política es el llamado, por cierto sin fecha, de las primarias. Por lo que no se han pronunciado sobre estas violaciones de los derechos humanos y el informe de las Naciones Unidas. Apenas hacen un llamado a acompañar las luchas sociales en su último comunicado. Para nada exigen la libertad de los presos políticos, ni el aumento de salarios y de pensiones.

Sin embargo, diversas organizaciones han venido impulsando la lucha por la unidad de los diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales. Lo que no supone que estén exentas las consabidas muestras de sectarismo y protagonismo innecesario. Pero urgente e imprescindible la construcción de una plataforma de luchas, que siga incorporando a la población en la organización y movilización por sus derechos.

De igual manera, se debe aprovechar este informe para la denuncia ante el mundo, para afianzar la solidaridad de los distintos movimientos democráticos, hasta aislar al régimen. Lo que supone es establecimiento de relaciones con los organismos de derechos humanos, para que exijan a escala internacional la libertad de los presos políticos.

En general, lograr una amplia acción de todos los sectores del país en función de exigir el cese a la persecución a los dirigentes sociales, la libertad de los presos políticos, la conquista de los derechos laborales, aumento de los salarios y pensionados, todo ello enmarcado en la salida del régimen, instrumentando las diversas formas de luchas.

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