El madrugonazo del régimen en el tratamiento de la convención colectiva de los trabajadores petroleros merece escrutarse a fondo, a la luz de la cruda realidad que vive el país y la industria petrolera. Los derroteros son simultáneos. La debacle de la industria ha estado en el centro de la ejecutoria económica del régimen, responsable directa de sus condiciones actuales que, luego de una producción mayor a 3 millones de barriles diarios, ha pasado a la caótica producción promedio de apenas 500 mil barriles, según agencias especializadas. Sus consecuencias directas —aparte de la caída brutal de la renta petrolera— están a la vista con la crisis de combustible que padecemos todos los venezolanos, además de la escasez y especulación con el gas para uso doméstico, hoy bajo el control de mafias que suman calamidades a todo el pueblo venezolano.

Los trabajadores de la industria, obviamente, son quienes peor han sufrido esta debacle. Con despidos arbitrarios e ilegales —lo cual significó la pérdida de miles de años de experiencia y sabiduría sobre la explotación petrolera—, el atropello masivo, presentado como espectáculo, inicia la destrucción de esta empresa. Luego del despido, la destrucción de la empresa produce la renuncia de al menos 15.000 trabajadores que hoy forman parte de la diáspora migrante. Ya es solo un recuerdo lejano el bienestar que disfrutaron los trabajadores petroleros. Al inicio de la administración de la dictadura un trabajador petrolero devengaba en promedio 700 dólares al cambio, solo de salario sin contar primas u otros ingresos anexos, frente a una cesta básica que se cotizaba en 425 dólares. De tal manera que las condiciones de vida de un operario de la industria presentaban óptimas condiciones para mantener un bienestar junto a su familia, que disfrutaba adicionalmente de otros beneficios socio-económicos de lo que podría considerarse el mejor contrato colectivo del país. Eran tiempos en los cuales la industria petrolera venezolana estaba entre las primeras del mundo. La nefasta gestión del régimen acabó progresivamente con esa empresa hasta llevarla a los escombros a la que está reducida hoy. Asimismo, las condiciones de vida de los trabajadores han sido llevadas a lo infrahumano.

El monto de un salario, considerado vital, debería ser —como en todos los cálculos estipulados y convenidos— no menor al costo de la canasta básica alimentaria. Hoy esta canasta básica en Venezuela ronda los 500 dólares. De tal manera que un simple cálculo nos lleva a explicarnos la razón de las precarias condiciones infrahumanas a las cuales están obligados a sobrevivir los trabajadores en general y particularmente los petroleros en Venezuela. El deterioro de sus condiciones de vida alcanza niveles desconocidos de miseria, con un salario que ronda actualmente los 15 dólares, además de la eliminación de importantes reivindicaciones conquistadas en medio siglo de luchas laborales. Los incrementos planteados en el recién firmado Contrato Colectivo Petrolero, que podrían sumar un salario integral de 200 dólares, aun cuando podrían significar un alivio importante para la supervivencia de los trabajadores, están lejos de significar la honra de lo que establece el mandato constitucional en su artículo 91 y mucho más lejos de reivindicar objetivamente el poder adquisitivo del salario, tomando en cuenta las descomunales cifras de inflación que presenta la economía venezolana, además de lo que suma la especulación que se paga en un país donde todos los servicios básicos, así como el comercio de los alimentos y las medicinas, están tomados por las mafias que exhiben dominio imbricado al propio aparato de Estado, que por omisión o acción es totalmente permisivo a su accionar.

Con este alarde de “justicia reivindicativa”, el régimen intenta pasar la página olímpicamente de al menos una década de “caída en barrena” de las condiciones de vida de los trabajadores petroleros. Un tiempo que no ha sido inocuo, pues cualquier revisión superficial arrojaría cifras alarmantes del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y su familia, con consecuencias irreversibles en la salud, así como en el saldo de fallecidos, cuya explicación seguramente la encontraremos en la alimentación escasa o inadecuada que acelera padecimientos crónicos y conduce a la fatalidad, en un país donde la atención médica eficiente también se convirtió en un lujo inalcanzable, aun para los trabajadores de la que fue la principal industria del país. Ésa es la realidad de fondo en la jugada del régimen que —con la ayuda de esquiroles corrompidos como Wills Rangel— intenta frenar los preparativos del movimiento obrero petrolero, decidido a enfrentar la ejecutoria económica del régimen y asumir con decisión desde las bases la lucha que tiene como objetivo rescatar sus condiciones de vida y las conquistas cercenadas.

La forma de ejecutar esta maniobra reitera la constante conducta antidemocrática como rasgo particular del régimen. Un “madrugonazo” cocinado a espaldas del movimiento, por la cúpula ejecutiva del Estado con una comandita sindicalera de esquiroles deslegitimada y rechazada por las bases obreras. Otro detalle que resalta en el acuerdo es la refrendación —en el segundo párrafo del informe firmado y publicado— de un requisito condicional para honrar el compromiso suscrito: “dependiendo de su viabilidad por la marcha de la economía del país”, lo que deja vivo el propósito de postergar o dejar como letra muerta todo su contenido en razón de las contingencias que enfrente el patrón-Estado en su compromiso con la estrategia capitalista imperial del bloque liderado por los chinos, a cuyo servicio se pliega el régimen en abyecta postración.

Ésta es razón suficiente para dudar del cumplimiento efectivo de las reivindicaciones plasmadas en lo suscrito a oscuras. Al calor de la algarabía promocionada por el régimen y celebrada por sus agentes esquiroles, se anunció la decisión de retomar los pagos del servicio de deuda pública con los tenedores de papeles y asumir compromiso para adquirir nueva deuda por la República. La euforia exhibida en la puesta en escena propagandística del régimen y la lógica esperanza despertada en el movimiento con el anuncio gubernamental podrían ser muy efímeras. Quedan serias demandas no respondidas, entre ellas el asunto del desfalco de los fondos de jubilados y pensionados, con los cuales se perpetró uno de los más grotescos hechos de corrupción y saqueo de los recursos nacionales por parte del grupo gerencial de la industria en un lapso suficiente para colocarlo en negociados especulativos en perjuicio de los trabajadores y para el beneficio de la mafia compinche de la dictadura.

Desde la Unión de Trabajadores Revolucionarios (UTR), manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores petroleros, seguro estamos que su talante rebelde, heredado en tantos años de lucha, les dará suficiente capacidad para desentrañar esta nueva maniobra antiobrera del régimen. No le será fácil a Maduro y sus esquiroles engañar y burlar la lucha de los trabajadores petroleros. Estemos alerta todos los trabajadores de Venezuela, y en particular los petroleros, ante el avance de la ejecutoria del régimen que, como todo tramposo estafador, adorna cada paso con ilusiones para dar nuevos zarpazos contra el pueblo trabajador y contra los intereses de la nación, la cual está siendo negociada a precio de ganga, a cambio de protección a la cúpula forajida que actualmente usurpa los poderes del Estado.

¡Unidad obrera contra la dictadura del hambre!

¡Por salarios dignos y seguridad social!

¡Fuera Maduro y sus esquiroles del movimiento obrero!

¡Unidad y rebelión para salir de la dictadura!

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