La política antiobrera emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro para atender la crisis que ellos generaron con la más grotesca corrupción, la pretenden solventar explotando a los trabajadores con ilegalidades como el instructivo ONAPRE, la violaciones de los derechos laborales, entrega de la soberanía nacional, salarios de hambre y la represión.

Ante está arremetida del gobierno, los trabajadores de todo el país, desde el primer semestre del año 2022, han respondido con coraje en un ascendente movimiento de protesta de calle y espíritu unitario, situación que molestó a la camarilla que ostenta el poder, quienes en un acto de soberbia fascistoide, acuden a la represión, persecución y arresto de sindicalistas, defensores de DDHH, luchadores sociales y militantes políticos, en un intento por distraer y frenar el ímpetu de lucha de los trabajadores, que nunca se dejarán amilanar.

En la última razia, varios militantes de Bandera Roja, todos vinculados a la lucha de la clase obrera venezolana desde la infancia, además de otros luchadores sociales, fuimos aprehendidos con acusaciones falsas, de forma arbitraria, incomunicados, violentados en el debido proceso, tratados y recluidos como presos de delitos comunes y en las más degradantes condiciones.

Nosotros somos representantes de los intereses de la clase obrera venezolana, dirigentes de los trabajadores en diversos estados, luchadores sociales, trabajadores y militantes de Bandera Roja, y lejos estamos de desmoralizarnos o de renunciar a nuestros derechos constitucionales y humanos ante estos viles actos. Nos mantenemos firme a lado de las luchas del pueblo venezolano, de los trabajadores y los venezolanos productivos, que aspiran salarios dignos, vivir en democracia y en un país de progreso y bienestar social.

El gobierno de Nicolás Maduro, que se autodenomina «socialista» para engañar a nivel internacional a revolucionarios y a incautos del progresismo mundial, usa su aparato represivo para perseguir y arrestar a la militancia de una de las reservas de moral e historia del movimiento comunista venezolano, agrupados hoy en el partido Bandera Roja. Esto no es más que un acto de venganza, porque nuestra organización nunca acompañó su proyecto autoritario y desde siempre ha desenmascarado su carácter entreguista y antinacional, además de antiobrero como hoy se evidencia.

Nosotros, firmes militantes de Bandera Roja, anunciamos al país la constitución del «COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS OSWALDO ARENAS» quien fue un insigne preso político, asesinado en la cárcel de la Pica en el Estado Monagas el 8 de agosto de 1983 durante el Gobierno de Luis Herrera Campíns a manos de efectivos de la Guardia Nacional y de la Disip, hoy llamada SEBIN.

Los presos políticos de hoy continuamos luchando desde los depósitos infrahumanos establecidos por el Gobierno, hasta lograr la libertad y la democracia para todos los venezolanos. Mismas exigencias que Oswaldo pidió en su momento, lo que le llevó a la condición de mártir de los trabajadores y el pueblo.

En consecuencia, llamamos al pueblo de Venezuela, a los trabajadores, gremios y sindicatos, al pueblo religioso, a los familiares y presos políticos, a insistir en la unidad y la organización social hasta conquistar la democracia para todos los venezolanos en el marco de la Constitución Nacional.

También llamamos a las organizaciones revolucionarias del mundo a manifestar su solidaridad con los revolucionarios presos y a condenar la política represiva del gobierno de Maduro. Por más engaño que hayan padecido, no hay razón para no manifestar su rechazo a cualquier política represiva contra revolucionarios o contra cualquier injusticia que se cometa contra cualquier persona en el mundo.

Exigimos, por tanto:

  1. Nuestra libertad plena e inmediata y la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.
  2. El cese inmediato de la represión, detenciones y torturas en Venezuela.
  3. La derogación inmediata de la «Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo», por ser supraconstitucional e instrumento político que violenta el poder popular, la ciudadanía y el marco legal de la República.
  4. Derogatoria del Instructivo Onapre y la restitución de los derechos salariales y conquistas de todos los trabajadores públicos del país.

Asimismo, solicitamos a las organizaciones de DDHH en Venezuela y los organismos internacionales mantener, dar seguimiento, pronunciamiento y diligencias ante las continuas violaciones de DDHH, además de velar por la integridad de todos los presos de consciencia en Venezuela.

Desde la cárcel, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alcides Bracho y Alonso Meléndez, presos políticos de Maduro

«Comité de Presos Políticos Oswaldo Arenas»

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