Lo que no pudo el neoliberalismo de la década de los 90, está a punto de coronarlo el gobierno “obrero” de Nicolás Maduro, de terminar de imponer la cancelación de los sueldos, salarios y pensiones del aparato estatal a través de la plataforma “patria”. Sin duda alguna, se convertiría en el mayor logro anti-laboral de la historia reciente.

Lo que se inició con el carnet de la “patria”, devino en una plataforma tecnológica, que en sus inicios fue diseñada  para canalizar beneficios sociales en forma de “bonos” hacia la base de apoyo de social del régimen. Con el tiempo, ampliaron su universo y la han convertido en el instrumento tecnológico por excelencia de la política de subsidios económicos dirigidos hacia buena parte de la población venezolana. Esta plataforma no es más que la expresión de la tecnocracia neoliberal que caracteriza al régimen chavista y que heredó de los gobiernos anteriores, destacándose el segundo gobierno de Rafael Caldera, cuyos tecnócratas eliminaron la retroactividad de las prestaciones sociales usando subterfugios técnicos y «modernos».

Como suele suceder con todas las políticas económicas y sociales que implementa el gobierno, la plataforma “patria” tiene un alcance multipropósito. Se apropian de una tecnología exitosa en el mundo de las finanzas para darle un uso político. En principio buscan un mayor y amplio control social de la población a través de dádivas disimuladas de “beneficios sociales”. Convierten a buena parte de los venezolanos en dependientes chantajeados de estos “beneficios”, que para muchos, son el único ingreso percibido.

Pero al avanzar con esta plataforma hacia el mundo laboral, la cosa adquiere una connotación económica macro-estratégica.  Junto al paquetazo de la reconversión monetaria de 2018, a través del cual borraron de un plumazo las contrataciones colectivas y muchos derechos laborales en ellas contenidos, la plataforma “patria” vendría a ser la sepulturera oficial de la destrucción del valor salario, del valor trabajo, de las pensiones, la seguridad social, las prestaciones sociales y las convenciones colectivas. Con este mecanismo se pretende bonificar prácticamente todo el salario. Ya se inició este experimento con la cancelación de buena parte de los ingresos a los empleados públicos, con bonos que reciben diferentes denominaciones dependiendo del ente público, a saber: Bono máxima eficiencia (Sector servicios y funcionarios),  bono protectores de salud (sector salud), bono Simón Rodríguez (sector educación), bono Negro Primero (sector Fuerzas Armadas).

Es claro el doble discurso de quienes usurpan el poder en Venezuela. Estos «próceres», son los mismos que cuestionaban en tiempos de Lusinchi y Caldera II la bonificación del salario. Hoy hacen lo que cuestionaban entonces. 

La plataforma «patria» es un mecanismo que facilita la aplicación del neoliberalismo, pues con ella se refuerza el abaratamiento de los pasivos laborales, ya que los bonos no entrarían en los cálculos para los aumentos salariales, en el cálculo de las prestaciones sociales ni el resto de los beneficios económicos remunerativos. En otras palabras, con esta plataforma se profundiza la política de precarización y desregulación de las relaciones laborales al llevar más allá la ofensiva del capital en contra del trabajo. Un ejemplo de esto que afirmamos es la anticonstitucional Ley Antibloqueo, que enmascara esta ofensiva anti-laboral. Con ello, desaparecen también la libertad sindical y el resto de los convenios internacionales laborales suscritos por Venezuela ante la OIT. Es de destacar que el gobierno de Maduro tiene una denuncia ante el Consejo de Administración de la OIT precisamente por mantener de manera constante el incumplimiento de las normas internacionales del trabajo; en concreto la violación al Convenio 95 sobre la libertad sindical y el Convenio 144 sobre la consulta tripartita.

De tal manera que, la plataforma “patria” se convirtió en  una política que refuerza el control social de la población y de todo espacio que implique un cuestionamiento a las políticas gubernamentales, como es el caso del  desconocimiento de la autonomía de las universidades. Es un asunto que violenta toda la institucionalidad laboral del país y echa por tierra todas las conquistas y luchas del movimiento obrero y sindical venezolano.

Frente a este gravísimo retroceso y ofensiva anti-laboral, se impone la emergencia del movimiento de todos los trabajadores, organizados en sindicatos o no, de las centrales sindicales, de los partidos políticos democráticos, de los gremios, universidades  y en general de toda la sociedad venezolana en función de cerrar filas en defensa de los derechos laborales que no sólo pertenecen a los trabajadores sino a toda la nación. Asimismo, es necesario que este movimiento se pronuncie contra el pago de la deuda externa por parte del ejecutivo, para que estos recursos vayan dirigidos a la reactivación del aparato productivo y a un aumento salarial de acuerdo a lo establecido en el arículo 91 de la constitución.

Se impone de igual manera organizar el encuentro de todo el movimiento sindical organizado, en especial el de los empleados públicos, para articular un plan de acción y una plataforma de luchas para defender los derechos laborales que están en peligro de desaparecer definitivamente.

La unidad y no la atomización de la lucha es lo correcto en estos momentos. Ninguna organización sindical por separado puede sola.

¡Por la defensa de todas las conquistas laborales!

¡No al pago de la deuda externa!

¡No más salarios de hambre!

¡Unir todas las luchas en una sola lucha!

Movimiento de educadores “Simón Rodríguez” @EducadoresMESR

 

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