La dictadura, contando con su espuria Asamblea Nacional, se encamina a darle carácter orgánico a la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE). Esta disposición jurídica les será muy útil para la plena y absoluta liberalización de la economía. Ya han implantado varias ZEE, además de la tal Ley Antibloqueo, y con este nuevo paso pretenden sellar con más seguridad jurídica a los inversionistas.

Ya resulta manido eso de afirmar que el liberalismo es el centro de la política económica del régimen chavista. Muy a pesar de la rabia anticomunista que impide ver esta palmaria realidad, desde 1999 el chavismo ha ido levantando un andamiaje jurídico para dar garantías plenas a los inversionistas extranjeros y disminuir así los riesgos que pudieran correr sus capitales, en cualquier circunstancia. Para que hagan jugosos negocios con plenas garantías. Sin embargo, las inversiones no llegan. No llegaron como esperaban. Es que no basta con la postración frente a la oligarquía financiera. Los capitales se dirigen con base en desarrollos naturales y en medio de grandes contradicciones.

La división internacional del trabajo (DIT), circunstancia presente en todo momento, es determinante principalísima a la hora de decidir sobre la canalización de los capitales. De igual manera, la perspectiva que marca la realización de las leyes en torno de la cuota media de la ganancia (G’), con sus tendencias y contratendencias, enrumba a los inversionistas hacia determinados países y en torno de áreas específicas.

En el caso venezolano, la cosa está marcada por estas determinaciones de manera más clara, dadas sus potencialidades en minería y petróleo. De aparecer alguna inversión en áreas distintas a las establecidas, se realizaría en sectores subalternos como las maquilas, algo en pesca y agroindustria. De resto, las inversiones se canalizan hacia el afianzamiento del carácter extractivista de nuestra economía, en correspondencia con el papel que le toca jugar a Venezuela en este concierto. Aunque no es un asunto que tenga un comportamiento absoluto, es la tendencia dominante.

Con disfraz socialista, han logrado los chavistas montar un andamiaje legal absolutamente liberal que profundiza estas tendencias. Dos cuestiones le dan sentido al liberalismo genéricamente hablando: primero, crear condiciones para el crédito público y, segundo, abrir el mercado a los capitales extranjeros. En definitiva, se trata de crear condiciones para el ingreso de inversiones directas e indirectas, acompañadas, claro está, de la penetración de capitales y mercancías más competitivas, precisamente de los países acreedores e inversores. Lo que, a su vez, afianza la dependencia, sobre todo de China. Se cierra así el cepo sobre nuestro cuello.

Con el carácter orgánico que le brindan a esta ley, buscan consolidar el camino de la entrega. La senda antinacional. La sobreexplotación de los obreros. La destrucción del ambiente. Todo para afianzarse en el poder y servir al interés del bloque imperialista que lidera China.

Las ZEE son de larga data. No nacen en China. Los asiáticos las adoptan en su afán por desarrollarse con rapidez hasta convertirse en gran potencia y en disputante de la hegemonía mundial. La primera experiencia se produce en Irlanda, en Shannon, en 1959. Luego prolifera en la China de Deng Xiaoping, siendo la más exitosa la de Shenzhen. Ha alcanzado su mayor desarrollo con las ZEE de Alta Tecnología.

La diferencia entre los efectos en China y el que pudiese alcanzar en Venezuela es que, en el primer caso, prevaleció el interés nacional e imperialista; en el caso venezolano, prevalecerá el bastardo afán chavista de colocarse de manera servil en favor de intereses extranjeros para seguir en el poder. Pequeño detalle que marcará una gran diferencia. Mientras las inversiones en China contribuyeron al desarrollo, dando a cambio la sangre, el sudor y las lágrimas de alrededor de dos centenares de millones de obreros; en Venezuela, apenas se afianzará la economía primario-exportadora y la industria del ensamblaje, dando a cambio la misma savia obrera, las riquezas del subsuelo y la destrucción del ambiente.

El asunto de la ley orgánica

Buscan dar un carácter superior a este grupo de leyes junto a la del antibloqueo, para brindar mayor seguridad, sintetizándolas. Muchas cuestiones contempladas en los decretos leyes de las ZEE hasta ahora promulgadas, y en la ley antibloqueo, no son contempladas en este proyecto. Son subsumidas. Con lo que se evidencia que se trata de un espaldarazo jurídico a ver si agarra más legalidad.

Buscan, sí, facilitar y ampliar su radio, por lo que se contempla que “las Zonas Económicas Especiales establecidas en esta ley pueden tomar varias formas, remplazando a los regímenes existentes de Puertos Libres, Zonas Libres y Zonas Francas”.

Lo principal, uno de los ganchos para atraer capitales, lo encontramos en el capítulo IV del proyecto en cuestión, referido a la promoción de la inversión en las ZEE, donde se establece que: “En dicho instrumento se estipularán los diferentes estímulos fiscales, tributarios y financieros aplicables al proyecto específico, previo informe favorable del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y resolución del Ministerio del Poder Popular”. Simple la cosa, reducir aranceles, impuestos y tributos.

De manera más clara queda plasmado este atractivo en los decretos de las ZEE. En el artículo 21 del decreto del Arco Minero se establece: “En el marco de la política económica sectorial, el Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o parciales del Impuesto Sobre la Renta y del impuesto al valor agregado, aplicables, exclusivamente, a las actividades conexas a la actividad minera, a los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”.

No les bastan los decretos heredados de los primeros tiempos de Chávez en 1999, cuando se elimina la doble tributación en detrimento del erario nacional, esto es, rompiendo con el principio de territorialidad. O sea, el que establece que el impuesto se paga donde se produce la riqueza, además del propio que se paga en el país de origen de los capitales invertidos. Al eliminar el doble tributo, se reduce el pago de impuestos en el país de origen de los capitales. No se pagan impuestos donde se crea la riqueza, en nuestro caso, en Venezuela. De allí que son muchos miles de millones de dólares los que deja de percibir el fisco. Según Luis Britto García, intelectual afecto a la dictadura, pudieron alcanzar una suma aproximada de 17 mil millones de dólares anuales, los que dejó de recibir por este concepto la República, en los tiempos anteriores a la catástrofe en la etapa de Maduro.

Un aspecto muy importante, no contemplado en el proyecto de ley en discusión, pero sí en la ley antibloqueo y las de las ZEE, es que se busca desconocer las leyes y derechos laborales. En el artículo 25 del decreto del Arco Minero del Orinoco se establece: “Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto. Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable. Los organismos de seguridad del Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los planes”. Desaplicación clara de los derechos laborales. De tal manera que lo que aplican en el Arco Minero, que es ZEE, buscan plasmarlo en todo el país, al ser subsumidas estas leyes por la ley orgánica en cuestión. El Decreto N° 2.248, del 24 de febrero de 2016, que define el Arco Minero del Orinoco como Zona Estratégica de Desarrollo Nacional, es muy claro al respecto.

En la ley antibloqueo se establece una de las cuestiones más importantes para hacer lo que les venga en gana en el reparto de nuestras riquezas mediante el liberalismo extremo, cuando en el acápite sobre supuestos para la aplicación de medidas, en su artículo 17, dice: “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos (…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Esto es, se saltarán a la torera lo que sea necesario con tal de que el inversor salga contento. Esto, claro está, también quedaría subsumido en la ley orgánica.

La guinda de semejante torta: ¡Se legaliza el secreto! Podrán hacer los negocios que les venga en ganas sin informar para nada a la ciudadanía. No habrá órgano alguno que pueda estar facultado para realizar la más mínima contraloría respecto de los negocios de la dictadura. En el artículo 34 de la ley antibloqueo contempla: “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano”. Luego: “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia”. Acompañan esta tropelía con la siguiente amenaza: “La documentación calificada como confidencial será archivada en cuerpos separados (…) la restricción en el acceso y divulgación y las responsabilidades a que hubiera lugar para aquellos funcionarios o personas que puedan infringir el régimen respectivo”.

En general, más que neoliberalismo, de lo que se trata es de la aplicación de una política propia de la que impone el acreedor al deudor y receptor de capitales. Es en esencia liberal en tanto que fuerza a cada país comprometido con el capital financiero a centrar su política económica para cumplir con los compromisos contraídos. Tanto las inversiones directas como la deuda pública, siempre, en cualquier circunstancia, serán resarcidas en sus beneficios esperados. Por lo que principalmente deben realizar una política económica que permita no solamente cumplir con los compromisos, sino incrementar o mantener la capacidad de crédito. Esto es, seguir siendo receptores de capitales, para lo cual brindan tantas garantías. Para nada supone desarrollo soberano e independiente.

Por lo que no solamente se trata de una ley para las inversiones extranjeras directas. También le brinda sostén a las indirectas, pues: “La deuda pública, o sea, la enajenación del Estado –absoluto, constitucional o republicano–, imprime su sello a la era capitalista. La única parte de la llamada riqueza nacional que entra real y verdaderamente en posesión colectiva de los pueblos modernos es (…) la deuda pública. Por eso es perfectamente consecuente con esa teoría moderna, según la cual un pueblo es tanto más rico cuanto más se carga de deudas. El crédito público se convierte en credo del capitalista. Y, al surgir las deudas del Estado, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay remisión, cede el puesto al perjurio contra la deuda pública”.

De tal manera que el chavismo busca seguir el legado del comandante eterno a pie juntillas. Con todo y las claras alertas acerca de las consecuencias del ocaso del liberalismo extremo, como se expresa en los acontecimientos políticos del momento, insiste la dictadura de Maduro en la ruta de los lacayos.

Las reservas estratégicas

Muy cerca, nuestros vecinos dan una nueva clarinada que marca el ocaso liberal. Parecen querer aplastar sus estertores. Aun así, para algunos resulta controversial la solidaridad con el pueblo colombiano en su lucha contra esta política que tanto perjuicio les ha causado. Igual sucede con las aspiraciones del pueblo chileno que marcha hacia cambios en su Carta Magna que, al menos, llevarán a borrar aspectos centrales de esta orientación económica. De no hacerlo, seguramente el pueblo austral se lo cobrará a sus representantes. Pero, por tratarse de gobiernos que están enfrentados a la dictadura de Maduro, hay quienes no buscan hablar de estos asuntos y menos aún manifestar su solidaridad con estos pueblos.

Por el contrario, somos de la idea de que callar su análisis, bajo el argumento de que se trata de eventos en países aliados que nos apoyan contra la dictadura, para nada contribuye con una política acertada de cara a los acontecimientos. Hay una identidad clara entre el liberalismo pinochetista y las ZEE. La hay también entre la política de Duque y su colega Maduro. Que lo digamos no evita el enfrentamiento de Piñera y el uribista contra Maduro. Al decirlo, desenmascaramos a Maduro y lo colocamos al lado de los peores déspotas del subcontinente.

Si no decimos estas cosas, si las ocultamos, flaco servicio haremos a la clarificación de nuestra ruta democrática, nacionalista y popular, y seguirá privando el enredo y lo controversial en la solidez de nuestras reservas estratégicas en favor de la ruptura del régimen dictatorial. Debemos revertir esta realidad que impide que la lucha de otros pueblos sea parte de las reservas estratégicas para nuestras luchas en tierras venezolanas.

Muchas luchas justas de otros pueblos se hacen contrarias a la idea de salir de la dictadura chavista, en la medida en que sectores de la oposición las identifican con la participación de Maduro, y hasta lo responsabilizan de “atizar” la confrontación dentro de sus países.

Colombia está enfrentada a Maduro no por la oposición venezolana. Está cumpliendo con un mandato, aunque han estado presentes contradicciones producto de asuntos que claramente son expresión de los procesos políticos de cada uno de los países enfrentados, sobre todo en sus fronteras. Pero el dictado que viene desde EE. UU. es la principal determinación, pues forma parte de su debilitada área de influencia. Sacar provecho de esta circunstancia nos remite a cosas más objetivas. También nos indica que la política, a tales efectos, debe ser capaz de aprovechar las contradicciones interimperialistas, sin dejar de tratar de convertir las luchas de los pueblos hermanos en reserva estratégica de nuestra causa, tanto como la nuestra puede convertirse en reserva de las suyas.

Resulta compleja la cosa. Sin embargo, siempre debemos recordar que el optimismo de quienes luchan por el desarrollo y el bienestar de los pueblos, no proviene del espíritu de la mera y simple política. El optimismo debe surgir de aquello de que la política es la continuación de la economía, y que son las determinaciones que nacen de los procesos objetivos las que fuerzan, en lo fundamental, los comportamientos internacionales.

En medio de la confusión reinante, son muchos los que despiertan sus conciencias frente a los hechos y se disponen a pelear mejor. Hay más claridad de la naturaleza de la política de la dictadura y sus semejanzas con las del pinochetismo y su herencia o la de Duque. Aunque la confusión conduce al quiebre ideológico de uno que otro. Muy a pesar de que las evidencias corroboran las ideas que inicialmente sustentaba el cambiante, pues el mundo sigue avanzando hacia el progreso. En tiempos de tanto anticomunismo, junto con la supervivencia de las tesis posmodernas, es dable que este tipo de saltimbanquis aparezca una que otra vez. Sin embargo, no es lo dominante.

Publicado en El Pitazo

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