El 2 de julio, en horas de la noche, se había dado inicio al plan. El máximo jefe de la operación y gobernante de Venezuela dio la orden por los medios de comunicación: “El presidente saliente de Colombia, Iván Duque, continúa activando planes y ataques terroristas contra el sistema eléctrico, personalidades y líderes políticos de Venezuela”, dijo. A lo que su ministro de Relaciones Interiores respondió de inmediato con: “Mantenemos seguimiento a los grupos generadores de violencia, con conexiones extraterritoriales, para ponerlos a orden de la justicia”. Comenzaba todo.

La primera acción del plan consistió en el infructuoso allanamiento de José Castro, luchador social y militante del opositor partido Bandera Roja en los Valles del Tuy, estado Miranda. Un día después, volverían los policías armados a secuestrar a su esposa como mecanismo de canje para la entrega de Castro, lo cual nunca sucedió. Aún sigue sin aparecer.

El 4 de julio, entrada la mañana, fue secuestrado de forma violenta y delante de sus hijos pequeños el profesor Alcides Bracho, también militante de Bandera Roja. Bracho, el primero de los detenidos por agentes difusamente identificados, sufrió fuertes torturas durante cuatro días continuos, ejecutadas por policías y también por delincuentes instigados por oficiales de policía.

Horas después de esta primera detención, es secuestrado Emilio Negrín, dirigente sindical, quien es vecino y amigo de Bracho. Para ese momento el plan causaba su primer impacto en procura de un terror generalizado. Redes sociales comenzaban a denunciar una “ola de detenciones a luchadores sociales y dirigentes sindicales”. El terrorismo comenzaba a causar efecto en algunos luchadores y dirigentes sociales.

El 5 de julio fue secuestrada Yenny Pérez, dirigente de los educadores del estado Miranda y esposa de José Castro. En medio de la confusión se comenzó a identificar un patrón claro, con detenciones dirigidas principalmente a militantes de Bandera Roja, luchadores sociales vinculados o relacionados, de distintas formas, al partido opositor y a la lucha de los trabajadores en el país. Sin embargo, muchas organizaciones aún hacen silencio, y el mutis resultado del terror, comenzaba a apoderarse de algunos venezolanos.

Ese día, en horas de la tarde, la familia del falconiano, dirigente pesquero, luchador social y militante de Bandera Roja, Alonso Meléndez, sufre el allanamiento de la Policía Nacional a su residencia en el municipio Los Taques, estado Falcón. Vecinos y familiares lo alertan, y Meléndez se esconde durante unas horas hasta que, junto a su familia, decide entregarse ya que no entendía la razón del allanamiento ni la detención. No es sino hasta comenzada la madrugada del día 6 de julio cuando es finalmente detenido y llevado a Coro, para luego ser trasladado a Caracas, junto al resto de sus compañeros.

Tras la detención de Alonso y ya entrada la mañana, era allanada una casa en la que alguna vez vivió el luchador social y dirigente de Bandera Roja en el estado Táchira, Jesús Manuel Berbesí. Este infructuoso allanamiento generó una alerta que permitió a Jesús ponerse a resguardo, algo que hasta la publicación de este escrito aún mantiene. Ese mismo día, pero en horas de la noche, el exmilitante de Bandera Roja y dirigente sindical de ASI, Gabriel Blanco, era allanado. Tras un largo forcejeo jurídico, la organización Provea recibió durante la madrugada del 7 de julio una orden de detención emitida por el Tribunal contra el Terrorismo a cargo del juez José Márquez García, en el juzgado 4to. Blanco era finalmente detenido.

En horas de la madrugada de ese mismo día, fue allanada la residencia de Reynaldo Cortés en el estado Guárico. Dirigente político, luchador social y representante de la CTV en el estado llanero, fue secuestrado por oficiales sin una clara identificación, sin orden de captura ni de allanamiento. El también Secretario General de Bandera Roja en el estado, apenas pudo enviar un mensaje a sus compañeros: “Creo que vinieron por mí”.

Ninguno de los secuestrados estaba en alguna acción irregular. Todos fueron detenidos en sus residencias. Todos fueron trasladados a la estación policial de La Quebradita, sede de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB. Alcides Bracho no sabe con certeza si fue en este sitio o en otro, quizás no oficial, en el que le aplicaron torturas en medio de un interrogatorio a la fuerza, sin haber visto familiares, orden de detención ni abogados para su defensa.

El partido Bandera Roja, de carácter marxista, suma actualmente la mayor cantidad de presos políticos del país, además de tener a dos militantes perseguidos por oficiales de inteligencia política, quienes procuran su detención, lo que difiere del discurso de izquierda del que hace gala internacionalmente el partido de gobierno.

Así, con 6 detenidos y varios perseguidos, comenzó el plan de terrorismo de Estado contra los luchadores sociales y dirigentes sindicales en 2022. Pero hasta ahora parece no haber surtido el efecto esperado. Las luchas sociales y laborales se han intensificado durante el mes de julio y apuntan a agudizarse en todo el país tras el impago de vacaciones, salarios, tablas y aumentos correspondientes a los trabajadores. La lucha sigue.

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