Lo acontecido en Colombia es una rebelión popular en toda regla. Es el resultado de una política que encontró en un punto de su desarrollo una respuesta popular que se convirtió en rebelión popular. De eso conocemos los venezolanos. En 2014 y 2017 se producen sendas respuestas que expresan la misma rabia de los vecinos colombianos.

Parecen hermanados Maduro y Duque, si vemos de cerca las políticas económicas en estos países. Las diferencias son de magnitudes. Las adelantadas en Venezuela son mucho más erosivas que las adelantadas en Colombia. Mucho peores también sus resultados. Ahora es cuando Duque busca hacer desaparecer a los sectores medios y reducir el salario real de los trabajadores. El chavismo le lleva mucha ventaja. Contamos con el salario más bajo del planeta. Los empleados públicos no cuentan con ingresos que permitan al menos un plato de comida al día.

Es mucho lo que deberá hacer Duque para alcanzar a Maduro. Pero la respuesta popular lo frenó. Seguirán los enfrentamientos, pues la organización popular se fortalece.

La misma política

No hay mayor diferencia. Claro, jamás se puede comparar lo hecho en Venezuela con lo logrado en Colombia. Comenzando porque acá se incorpora en el artículo 301 de la Constitución de 1999 la igualdad en el trato a los capitales nacionales y extranjeros, cuestión que, a la postre, arruina el aparato productivo todo. Aunque favorece a los importadores.

Pero Duque aprendió de Maduro. En vez de llamar el proyecto de ley por lo que es, la denomina con una expresión que no es. Maduro aprueba una “ley antibloqueo” que no es tal. Duque promueve una que denomina “ley solidaria sostenible”, cuando se trata de un artilugio para cambiar el esquema impositivo y pechar a los que menos tienen.

La cosa es sencilla. Como detonante, nos recuerda el levantamiento popular espontáneo de 1989 conocido como el “Caracazo”, cuando se iniciaba de lleno la política liberal —más conocida como neoliberal— en Venezuela.

De una parte, se trata de una eventual ley que busca cubrir el déficit fiscal causado por una política económica que viene desmantelando un porcentaje importante de la planta industrial neogranadina, cuestión que se agudiza con la crisis económica y la pandemia.

Busca el gobierno de Duque recaudar 6.800 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal. Entretanto negocia compra de armamentos por 4.000 millones de dólares. El déficit se crea por el incremento del gasto y la disminución de la recaudación a raíz de las reformas de 2018, bajo la figura de la Ley de Financiamiento. Luego, con la Ley de Crecimiento de 2019, que motivó la primera oleada de rebeldía del pueblo colombiano. En ambas leyes se creen exenciones a los que más tienen y se descarga en los trabajadores y los que menos tienen la eventual recaudación. Así, se reduce lo recaudado en un 1% del PIB de 2019, unos 10 billones de pesos colombianos.

Si agregamos la caída de la recaudación a raíz de la baja en el crecimiento del PIB producto de la crisis y la pandemia, el hueco alcanza alrededor de 8 % del PIB.

A esto se suma que el gobierno se endeudó por 11.000 millones de dólares con el FMI. Ante lo cual debe adelantar medidas que permitan honrar los compromisos adquiridos. Con esta nueva obligación, la deuda externa alcanza 60 % del PIB. Eso compromete buena parte del presupuesto de gastos, por lo que un porcentaje de la nueva recaudación es para pago de deuda.

Con la nueva ley se repite la cosa, se incorporan más exenciones a los empresarios, lo que se hubiese traducido en una mayor disminución del PIB.

Además, con la reforma propuesta, deberían pagar impuestos las personas que ganen más de dos y medio salarios mínimos. A su vez se incrementaría el IVA hasta 19 % en varios productos de la cesta básica, gasolina y otros servicios.

Por eso la farsa cae estrepitosamente. Se trató de un esquema impositivo que buscaba pechar a los que menos tienen. Con eso se afectaría principalmente a los sectores medios, tocando incluso a los más pobres.

La respuesta fue tan contundente que Duque se vio obligado a echar para atrás la reforma.

De otro lado, en Colombia se han creado 120 zonas francas con la idea de atraer capitales extranjeros. Brindan el atractivo del no pago de impuestos por los inversionistas. Además, también eliminaron la doble tributación. Aunque en Venezuela el chavismo lo hizo de manera temprana, pues desde 1999 quitaron la doble tributación. Los colombianos tardaron, por lo que todavía están aprobando estos acuerdos con distintos países. Ya lo hicieron con las naciones de mayor desarrollo industrial, dizque para atraer capitales.

Todo esto es muy parecido a lo que ha hecho el chavismo con los acuerdos sobre doble tributo con los países más desarrollados y con la creación de Zonas Económicas Especiales, que son más perniciosas al interés nacional que las zonas francas. Pero, al final, similares las dictaduras, pese a sus diferencias en cuanto a apariencia legal.

El fetiche de la inversión directa e indirecta, o deuda externa, se convierte de nuevo en determinante principal de la crisis fiscal.

En Colombia hay una particularidad que se sigue afianzando. Es que la producción de droga alude a dos procesos de gran complejidad. De una parte, supone la permisividad del Estado colombiano a esta agricultura e industria, dado que la renta de la tierra con los productos de la droga es muy superior a la producción de otros rubros. Además, hablamos de una industria cuya mercancía se realiza con precios muy superiores a su valor de cambio. Eso lo permite la naturaleza de la demanda del consumidor. La droga crea una presión de demanda superior a la de cualquier medicamento de enfermedades fatales en su fase terminal.

De allí que la economía colombiana cuenta con un muelle que le permite amortiguar algunos problemas en el sector industrial y agrícola. La industria y comercio de la droga es un elemento que se cuela en la economía colombiana hasta configurar en buena medida su estructura económica y de clases. Todos los sectores de la economía de manera directa e indirecta están vinculados a la droga. El sector financiero no escapa de eso. Además, la cultura y la política están cruzadas por este sector. Difícil de cuantificar lo que representa del PIB, pero es importante su participación.

La crisis y el hueco fiscal llevan a Duque a meter la mano en los bolsillos de los pobres y de los sectores medios para equilibrar el presupuesto. Pero por lo pronto perdió el round.

La misma respuesta

Tal como Maduro, Duque responde al movimiento de protesta con una represión que deja más de 40 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos. Alrededor de 100 desaparecidos. Agresiones sexuales y muchos torturados.

Por su parte, las rebeliones de 2014 y 2017 en Venezuela dejan, en conjunto, más de 200 asesinados. La inmensa mayoría jóvenes. Miles de heridos y detenidos. Cientos de personas sometidas a las más crueles torturas y a largas penas de prisión.

Ambas dictaduras tienen en común no solamente sus afanes de aprovecharse de los negocios del narcotráfico, sino también de las amenazas “terroristas”. Se suma, claro está, su carácter antinacional. Una, sometida más a los gringos, aunque no desprecian para nada a los chinos. La nativa ha preferido plegarse cual cipayo a los chinos, aunque no pierde espacio con europeos y, en menor medida, con los yanquis.

A propósito de la rebelión popular colombiana, nuevamente —como cuando se produjo la de Ecuador o la de Chile— salen algunos a afirmar que se trata de eventos promovidos, auspiciados o dirigidos por el Foro de Sao Paulo o por la administración de Maduro y su camarilla. Sesudos genios que tienen esa enorme capacidad de ayudar a las autodenominaciones de Maduro. Tales afirmaciones —mentiras flagrantes fácil de ser desmontadas— también ayudan al foro de seudoizquierdistas. Los colocan al lado del interés popular. No permiten, a su vez, desenmascarar que es la misma política la de Duque y la de Maduro.

Por el contrario, se trata de una respuesta popular que une a la clase obrera, a todos los trabajadores, a los estudiantes, a los sectores medios de la sociedad en camino de desaparecer, a buena parte del movimiento sindical y campesino y agrario, contra la dictadura de Duque. Eso es lo que explica la victoria del paro en primera instancia, expresada en el retiro de la ley del parlamento por parte de Duque.

Todas las formas de lucha han sido implementadas. Con o sin vanguardias reconocidas, el movimiento viene avanzando en su nivel de conciencia y de disposición a la lucha por un mundo mejor.

El movimiento cuenta con una dirección política: el Comité Nacional de Paro (CNP). Ha sabido aprovechar el descontento para alcanzar objetivos importantes. El CNP lo integran las siguientes organizaciones gremiales: Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), Confederación Democrática de los Pensionados (CDP), Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Dignidad Agropecuaria y la Cruzada Camionera.

Pero hay más. El movimiento ha asumido la consigna: ¡Fuera Duque y su ministro de la defensa! Además, hay objetivos que el CNP espera negociar —hoy lunes 10 de mayo— con el gobierno a través de un pliego de emergencia:

  1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.

  2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

  3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).

  4. Subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

  5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.

  6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.

  7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

También el comité de paro ha insistido en que los recursos para atender estas peticiones están en préstamos del Banco de la República, uso de las reservas internacionales, renegociación de la deuda externa, eliminación de exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes empresas nacionales y extranjeras, controles a la evasión, a los paraísos fiscales y a la corrupción.

Como vemos, se trata de un petitorio —con exigencia de política económica mediante para ser alcanzado— que refleja un mayor nivel de conciencia del que impera en la oposición venezolana. Es de desearles el mayor de los éxitos a este movimiento colombiano que bien puede convertirse en un emblema para toda Latinoamérica.

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