Estando en boga la idea de la guerra, no solo la de las armas sino en otros terrenos como en las redes sociales, cabe afirmar que hoy, una de las principales guerras de la dictadura venezolana es contra la Universidad. Como objetivo, desde que llegaron al poder, el chavismo ha dirigido la artillería contra el pensamiento crítico, la autonomía universitaria y, muy en el fondo, contra la búsqueda de la verdad como principio rector de la ciencia.

En su historia, el chavismo ha contado con el rechazo de los universitarios. Y esto parte del hecho de que, aunque se disfrazara de cívico-militar, en el chavismo lo militar tenía y tiene, con más énfasis hoy, un peso superlativo. Se trata de la gente que garantiza que ellos sigan en el poder. La universidad y lo militar es agua y aceite. Esto ha generado que la política hacia la universidad sea de asfixia, de provocar una muerte lenta y dolorosa; una tortura. Como dijo Pedro León Zapata, a la dictadura le gusta la Sociedad Civil “firme y a discreción”. De lo contrario, que la pise la bota militar.

El presupuesto universitario ha sido reconducido infinitamente, hasta que solo ha alcanzado para pagar míseros salarios. Las providencias estudiantiles, que garantizaban a estudiantes un mínimo de condiciones para cumplir su función, desaparecieron. Solo son un buen recuerdo de quienes los lucharon y quienes pudimos disfrutar del seguro FAMES, del comedor con tres comidas, de rutas de transporte desde varias partes de la ciudad y desde algunos estados aledaños.

El chavismo logró no solo desmantelar la infraestructura universitaria, desmejorar las bibliotecas y que su protegida delincuencia azotara laboratorios, sino que logró que estudiantes prefirieran trabajar que estudiar, que los profesores migraran a otros empleos y que muchos de ambos gremios se fueran del país. Igual situación ocurre con obreros y personal administrativo.

La idea de la carrera profesional docente se esfumó del país, tanto como la seguridad social o la estabilidad soñada de trabajar para el Estado. Volvimos a la época feudalista en la que la educación era una obra de caridad, una entrega abnegada, desconociendo el trabajo que supone formar a las personas que irán a trabajar para el desarrollo del país. Quizás sea coherente para ellos, que también destruyeron el aparato productivo y hoy les resulta mejor importar que producir, un negocio redondo no invertir en educación.

Una estocada final contra la Universidad es desconocer los alcances de la IV Convención colectiva única de trabajadores universitarios, aprobada en términos favorables para el gobierno y no para los trabajadores universitarios en su momento, pero que hoy la propuesta por Tibisay Lucena y la ONAPRE desconocen transgrediendo el artículo 89 de la Constitución sobre la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales.

Tibisay lo vuelve a hacer, como lo hizo en el CNE, cuando disminuyó las pensiones y jubilaciones de unos 5.000 extrabajadores del poder electoral, y desconoció las homologaciones del salario a las pensiones y jubilaciones y que, a través de una acción judicial, varios años después, los demandantes obtuvieron una resolución a favor y les pagaron la deuda que había contraído el CNE ante tal decisión antilaboral.

Cuánto ganaría un profesor venezolano y cuánto ganan en la región

La educación universitaria, que ahora se convierte en la peor pagada de la administración pública del país, en una política aplanadora del salario, es considerada por la OIT “una profesión que se adquiere y se mantiene gracias a un esfuerzo riguroso de estudio y de investigación durante toda la vida: es una forma de servicio público que requiere de personal docente de la enseñanza superior con profundos conocimientos y un saber especializado; exige además un sentido de responsabilidad personal e institucional en la tarea de brindar educación y bienestar a los estudiantes y a la comunidad en general, así como para alcanzar altos niveles profesionales en las actividades de estudio y la investigación” (1997). El personal docente universitario ayuda a empujar el desarrollo de un país, adelantando investigación y ciencia para la producción, para el desarrollo científico tecnológico, social, cultural, económico y político. No es cualquier cosa esa responsabilidad.

Por esta razón, en muchos países del mundo es una de las profesiones mejor pagadas. En Luxemburgo un docente gana anualmente $99.900. Pero en la región, en la que tenemos países tan pobres o más empobrecidos que Venezuela, los salarios de los docentes, aunque por debajo de Europa, están por encima de lo que la dictadura ha decidido pagar.

El país que mejor paga esta profesión es Ecuador con un salario que va desde el escalafón inicial al más alto entre $2.200 y $4.700; Costa Rica paga entre $1.512 a $2.094; Panamá entre $1.369 y $3.866 pudiendo llegar con bonificaciones a casi $6.000; República Dominicana entre $1.178 y $1.538; Brasil con salarios entre $889 y $4.082; Colombia paga en promedio de $4.000; México de $786 a $2.127; Perú entre $651 y $1.958; El Salvador de $500 a $2.500; Nicaragua $1.100 en promedio; Paraguay de $119 a $267; Haití, uno de los países más pobres de Latinoamérica, logra pagar a sus docentes entre $650 y $1.408 y Cuba, con bloqueo económico incluido, paga entre $119 y $267 a sus docentes.

En 1999, el salario promedio de los docentes universitarios era de $1.253. La dictadura, llevó al salario a la nada y con el último aumento logró ubicarlo en escasos $30 para la mayoría de los venezolanos. Los trabajadores universitarios calcularon un ingreso base de $202 para los profesores titulares con dedicación exclusiva. Sin embargo, la propuesta de Tibisay Lucena, vulneradora de todo derecho, lo llevó a $72 y $118 según el escalafón, cuando la canasta básica cuesta en promedio $400.

Aunque la Universidad apenas está comenzando la presencialidad, urge de una gran alianza unitaria para luchar por la dignificación de la labor docente y en defensa de la universidad frente al militarismo. El enfrentamiento contra la política asfixiante de la dictadura debe ser firme y fuerte. Pero requiere de espíritu unitario y no de protagonismos individuales. Requiere de conciencia y de disposición de lucha. Requiere de rapidez y atino en las acciones a emprender. Pero de lo que más requiere es de democracia y participación real de la comunidad universitaria.

La universidad debe luchar, mantener su espíritu crítico, defender su función social y su aporte a la nación con autonomía. Los docentes universitarios deben asumir la lucha de un salario digno que se corresponda con el artículo 91 de la Constitución y, en el caso universitario, con su función social para el país.

Publicado en El Pitazo

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