En los recientes días el
movimiento estudiantil venezolano, 
ejerciendo el derecho legítimo a la protesta pacífica consagrado en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y en el art. 68 de la CRBV,  ha
exigido  respuestas y no excusas repetitivas
al gobierno nacional sobre los graves problemas sociales que agobian a nuestro
pueblo: Inseguridad, escasez, inflación, crisis del sector salud, educación
libre plural y democrática, servicios públicos… teniendo como respuesta una  represión desmedida de todo el aparataje del
estado y  que lejos de escuchar los
reclamos  ha criminalizado y
judicializado la protesta violando flagrantemente los Derechos Humanos
obligados a proteger. La respuesta a la petición de libertad para sus
compañeros ha sido la represión y la actuación violenta de bandas
parapoliciales y paramilitares apoyadas abiertamente por el gobierno y de los
aparatos represivos del estado generando un clima de zozobra.  
Como
representantes del medio educativo, responsables de la trasmisión de valores
ciudadanos y cultores de la paz exigimos: 
Al
Estado y todos los actores políticos el cese inmediato de la violencia entre
venezolanos en todas sus formas (física, verbal, sicológica).
 El respeto a la vida como valor fundamental
por todos y para todos como imperativo de acción.  En tal sentido deploramos el asesinato de
Venezolanos, independientemente de su postura política, en el ejercicio del
derecho a la protesta.
Al
Presidente Maduro que asuma su papel como presidente   de todos los venezolanos y no de un sector
político y proceda a dar libertad plena 
a  todos los detenidos.
La
paz no es silencio ante los problemas. 
Un verdadero estado democrático escucha la protesta social con respeto,
humildad y atención. Rechazamos la violación a la libertad de información, la Censura y Autocensura y el
blackout informativo
La
represión es el rostro visible del miedo, engendra violencia, dolor,
desconfianza y odio entre venezolanos, exigimos su cese inmediato.
Anunciamos
nuestro más absoluto respaldo a los 
estudiantes en su protesta pacífica, la cual acompañamos sin más
limitaciones que lo establecido en la
CRBV.
Rechazamos
la actitud de descalificación del ministro Rodríguez Torres contra el
movimiento estudiantil y le pedimos asuma su responsabilidad en los hechos del 12F en Caracas cuando
admitió  que la marcha tenía “seguridad
mínima por ser de índole pacífica”, cuando su obligación era protegerla.
Exigimos
el cumplimiento estricto del mandato constitucional y los tratados
internacionales de Derechos Humanos que prohíben expresamente el uso de armas
de fuego y gases tóxicos para reprimir protestas.
Ante
los asesinatos cometidos exigimos justicia imparcial y oportuna.  La Fiscalía al emitir opinión adelantada y ser
objeto de de una agresión que deploramos, no puede convertirse en juez y parte,
razón por la cual  debe instalarse
una  COMISIÓN DE LA VERDAD para el análisis
objetivo de los hechos y que no se conviertan en diatriba política.
Reiteramos
nuestro  llamado a la paz y a la justicia.
Caracas 14 de febrero de 2014.

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