Los trabajadores del sector público británico secundaban el miércoles una huelga para rechazar la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno de David Cameron, anunciada por los sindicatos como la mayor en cuatro décadas.


Al menos tres cuartas partes de las escuelas públicas estaban afectadas por la huelga –87% en Inglaterra, según una estimación gubernamental–, lo que obligó a muchas personas a quedarse en casa para cuidar de sus hijos.

Las decenas sindicatos convocantes esperaban que hasta dos millones de trabajadores siguieran la huelga, que también afectaba a hospitales, donde se aplazaron consultas e intervenciones quirúrgicas no urgentes, juzgados, servicios municipales, bibliotecas, museos y algunos transportes locales.

Aunque no hay todavía cifras sobre el seguimiento, los sindicatos presentaron esta huelga como la más importante desde las celebradas en el Reino Unido durante el llamado “invierno del descontento” de 1979.

Los huelguistas se oponen a una reforma del sistema de pensiones del sector público que si se adopta les obligará a trabajar más –hasta los 66 años en 2020, contra 60 actualmente para la mayoría–, pagar contribuciones más altas y cobrar menos porque la suma se calculará en función del promedio de todos los años trabajados y no del último salario.

Un millar de manifestaciones están previstas en todo el país en esta jornada que representa el mayor desafío a la coalición gubernamental de conservadores y liberal demócratas que llegó al poder en mayo de 2010, tras una primera movilización seguida por cientos de miles de personas en junio.

“Creo que va a ser enorme, sobre todo después de la declaración de guerra de (el ministro de Finanzas) George Osborne” que “sólo va a reforzar la sensación de que es correcto no trabajar hoy”, declaró el profesor del University College de Londres (UCL) Matthew Beaumont, en un piquete instalado frente al centro.

Osborna anunció el martes en su tradicional discurso otoñal sobre el estado de la economía la supresión de otros 300.000 empleos en el sector público, que eleva a 700.000 el total previsto hasta 2017, y la limitación al 1% del incremento salarial de los trabajadores de este sector en 2013 y 2014, después de dos años de congelación.

El gobierno, que estima que la huelga podría costar 500 millones de libras a la economía británica (775 millones de dólares, 585 millones de euros), volvió a calificarla este miércoles de “inapropiada, inoportuna e irresponsable.

“La oferta (del gobierno) garantiza que las pensiones del sector público seguirán siendo de las mejores disponibles y al mismo tiempo justas y asequibles para el contribuyente”, declaró el secretario de Estado para el Ejecutivo, Francis Maude. “Son unas pensiones que muy poca gente en el sector privado puede tener”, agregó.

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