la
candidatura de la impunidad 

Rodríguez Chacín
Por:
Provea
El
Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López
Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José
Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en
hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”
El
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) lamenta
profundamente la decisión del Primer Mandatario Nacional de postular a Ramón
Rodríguez Chacín como candidato por el Gran Polo Patriótico (GPP) a la
gobernación del estado Guárico, decisión que contradice la voluntad
gubernamental de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos
ocurridas en el pasado. Como consta en el expediente del caso y es ratificado
por los testimonios de los sobrevivientes, Ramón Rodríguez Chacín es uno de los
autores intelectuales de la llamada “Masacre de El Amparo”, ocurrida el 29 de
octubre de 1988.
Desde
agosto del año 2009 familiares y sobrevivientes, con el apoyo de Provea, han
solicitado una reunión con la ciudadana Fiscal General de la República, doctora
Luisa Ortega Díaz. La respuesta, hasta el día de hoy, ha sido el silencio.
Como se
recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario
Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando
Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas
el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de
por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como
“Los Amparitos”.
Tres días
antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del
CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos
figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López
Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón
Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el
operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19
funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La
presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño
La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios
42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera
Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de
Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar “fui testigo de
que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de
Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a “Hipólito” –alias
del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez
más, de preparar ese enfrentamiento”. El 20.06.94 una sentencia de la Corte
Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General
Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su
participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez
Chacín.
Provea
considera, cuando se cumplirán este lunes 29 de octubre 24 años de la Masacre
de El Amparo, un aval a la impunidad la postulación de una persona responsable
de uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos durante la
década de los 80´s. Asimismo lamentamos que el Consejo Nacional Electoral (CNE)
legitimara esta decisión al permitirle a Chacín cambiar de centro de votación
fuera del lapso para hacer cambios en el Registro Electoral (RE).
Diferentes
elementos sugieren que la actitud gubernamental, en el caso de la Masacre de El
Amparo, es garantizar la injusticia. Desde agosto del año 2009 familiares y
sobrevivientes, con el apoyo de Provea, han solicitado una reunión con la
ciudadana Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz. La
respuesta, hasta el día de hoy, ha sido el silencio. Los peticionarios han
solicitado que la reunión debe realizarse en la propia población de El Amparo,
debido a que una parte de los familiares de las personas asesinadas son de
nacionalidad colombiana y no pudiesen participar en la misma si es convocada en
Caracas. Por otra parte hasta la fecha no se conocen actuaciones del Ministerio
Público orientadas a proceder en el caso de la masacre de El Amparo. Similar
omisión es imputable a la Defensoría del Pueblo.
En enero
de 2010 en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado
venezolano asumió el compromiso de abrir las investigaciones en la justicia
ordinaria. La Corte indicó que los funcionarios venezolanos deberían elaborar
un cronograma detallado que indicara medidas concretas y lapsos para adelantar
la investigación. Dos años después tal cronograma no se ha elaborado. Más allá
de este compromiso, la Fiscalía está obligada a actuar por mandato de la Ley
para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de
los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998. La ley
indica que se debe identificar y sancionar a los autores intelectuales o
materiales, venezolanos o venezolanas, extranjeros o extranjeras, que
cometieron violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como
expresión de prácticas de terrorismo de Estado.
Provea
exige a los poderes públicos:
1) La
anulación de la candidatura, de manera extraordinaria, de Ramón Rodríguez
Chacín a la gobernación de Guárico.
2) La
realización de la reunión en la población de El Amparo, solicitada por
sobrevivientes y familiares, de representantes del Ministerio Público y la
Defensoría del Pueblo para realizar un cronograma de trabajo que garantice el
derecho a la justicia en el caso.
3) El
cumplimiento de la sentencia que exige al Estado venezolano investigar y
sancionar todos los responsables de la Masacre de El Amparo.
4)
Modificar la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras
violaciones de los Derechos Humanos en el Período 1958-1998 para incluir un
artículo que prohíba la postulación a cargos de elección popular de personas
denunciadas como participantes en violaciones a los derechos humanos durante
este período.

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