Durante cuatro horas un gran número de ex trabajadores de la alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco, en representación de todos los que fueron despedidos en el 2009 y 2010, realizaron una enérgica manifestación, para exigir el cumplimiento de sus derechos, frente a la Inspectoría del Trabajo Pedro Pascual Abarca, en el oeste de Barquisimeto.
Encabezados por José Gregorio Zerpa y acompañados por la concejala Soledad Liscano, 47 personas se apostaron en el estacionamiento de la mencionada dependencia oficial, exhibiendo una gran cantidad de pancartas.

No tenemos por qué estar aquí, declaró Zerpa, si el alcalde de Andrés Eloy Blanco, Alfredo Orozco, hubiera cumplido con el decreto número 1.752 de la Presidencia de la República, que garantizó el derecho a la inamovilidad laboral y las disposiciones de las autoridades del Trabajo.

En total, Orozco, miembro de la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), despidió a 159 trabajadores, en su mayoría obreros, explicó. Los primeros despidos se produjeron el 30 de octubre del 2009 y los otros en el 2010.

Ese alcalde, que se dice revolucionario pero no lo es, ni nunca lo ha sido, por cuanto carece de sensibilidad social, no sólo se burló de nosotros, sino del propio Presidente de la República, ya que irrespetó el decreto de la inamovilidad que fue publicado en Gaceta Oficial y, desde entonces, ha sido de estricto cumplimiento.

Ya una de nuestras compañeras, Gudelia Tamayo, murió, refirió Zerpa que utilizaba un cono de seguridad como megáfono, para llamar la atención. Su muerte se produjo mientras esperaba desesperadamente que le pagaran sus prestaciones sociales, ya que no esperaba que la reengancharan, por cuanto estaba cansada de trabajar.

De los 47 manifestantes, Irma Jiménez y José González se encadenaron a un tubo de hierro que sirve de protector de la edificación en el estacionamiento de la Inspectoría.

La concejala Soledad Liscano dijo que el alcalde Orozco había prometido colocar a todas las personas en cuatro empresas socialistas instaladas en Sanare. Sin embargo, no cumplió su palabra.

Los trabajadores, una vez que se sintieron frustrados por los ofrecimientos del funcionario, acudieron a la Inspectoría del Trabajo en El Tocuyo, que tiene jurisdicción sobre Andrés Eloy Blanco.

Cabe señalar que entre los despedidos había personas incapacitadas laboralmente y, en consecuencia, no podían ser sacadas de la nómina, comentó. Otras ya se encontraban en la tercera edad.

Las autoridades del Trabajo dictaron una providencia administrativa, ordenando el reenganche y pago de salarios caídos a todos los afectados, a finales del año pasado; pero el alcalde no obedeció ese mandato, exponiendo la alcaldía a sanciones.

La titular de la Inspectoría del Trabajo, abogada María Alejandra Useche, quien apenas tiene dos meses en el cargo, se mostró muy receptiva ante los planteamientos formulados por una comisión de manifestantes y la concejala Liscano.

Les dijo que no todos los expedientes de los afectados se encontraban en su despacho y prometió solicitarlos a la Inspectoría de El Tocuyo.
La manifestación dio su resultado porque Useche ofreció una respuesta para mañana (jueves).

Fuente: Diario El Impulso
Fecha:26/10/2011

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